La Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, se ha convertido en un actor político fundamental. No es lo normal, pero es lo que le toca. Su función es la persecución cotidiana del delito, pero hoy le toca la excepcionalidad histórica de perseguir al presidente en ejercicio. Todo lo que haga tiene una repercusión que nadie puede ignorar alegando frases bonitas sobre la supuesta condición apolítica del Ministerio Público.
Por ejemplo, Benavides está obligada a proteger su investigación y evitar pisar los palitos que le lancen. Pisó el que le lanzó el abogado del presidente, Benji Espinoza, discutiendo sobre dónde debía declarar Castillo. Ceñida a ley, ella insistió en que lo hiciera en sede fiscal. Castillo se negó, pero, sorpresivamente, acudió a la citación y guardó silencio. ¿Debió la fiscal concederle, estratégicamente, un trato amable, visitarlo y asegurarse sus declaraciones para pillar sus contradicciones? Esperemos que la experiencia la lleve a discernir mejor estos dilemas.
La decisión de interpretar la Constitución en contra de la inmunidad del presidente no la tomó Benavides, sino su predecesor, Pablo Sánchez. He ahí una razón institucional para que exija a todo el Ministerio Público que camine con ella y a su ritmo. Y que le reitere a Elvia Barrios, su homóloga del Poder Judicial, que la ayude con la celeridad para resolver pedidos de detención, vigilancias y allanamientos. Por fortuna, la fiscal Marita Barreto, que lidera el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (EECCP), marcha con decisión.
Fue con Barreto que el exministro Mariano González estableció el equipo especial para perseguir a los prófugos encabezado por el coronel Harvey Colchado. Esto ha generado, según me enteré conversando con fuentes policiales, celos de muchos oficiales de la PNP que ven a Colchado como un policía político idealizado por la opinión pública. Sucede que a Colchado le tocó perseguir a Alan García y a Keiko Fujimori, pero también ayudó a desarticular mafias como las de Los Cuellos Blancos del Puerto y la de Rodolfo Orellana.
Fujimoristas y conservadores en general se han tragado su antipatía contra Colchado y respaldan su trabajo. La PNP tiene que hacer lo mismo. Antes de que entrara a tallar el de Colchado, otro equipo coordinado por el jefe de la Dircote, el general Óscar Arriola, ya se había acercado a los prófugos, pero se presume que soplos de espías de la DINI palaciega desbarataban todo. La PNP tiene que procesar esta corrupción interna, cortar sus lazos con la mafia palaciega y llevar las pesquisas en paz con Colchado. La fiscal Benavides, por su lado, tiene que ser muy juiciosa y exigir a Barreto que tenga a punto las medidas de detención contra el entorno alertado. Fiscales, estamos en sus manos.