La experiencia internacional nos dice que la creación de un equipo especial de fiscales es un paso necesario cuando estamos frente a casos de corrupción de gran envergadura en los que el principal actor por investigar es el poder político. Tal vez la referencia extranjera más inmediata sea la de la Fuerza de Tarea de “Lava Jato” en Curitiba, un equipo de fiscales brasileños que comenzó sus operaciones en el 2014 y que estuvo liderado por el exfiscal Deltan Dallagnol. Pero el más célebre de todos fue el que se creó hace más de 30 años en Milán, bajo el mando del entonces fiscal italiano Antonio di Pietro con el Caso Manos Limpias.
Sería muy ingenuo decir que hoy Brasil e Italia son países libres de corrupción o que la implementación de estos equipos especiales funge como una suerte de panacea en sociedades, como la peruana, donde este mal es endémico. Claramente, no es el caso. Y el error también está en creer que estos grupos de investigación deben resolver los problemas que no ha resuelto la política.
Pero lo que no se puede negar es el empuje significativo que brinda la implementación de una fuerza de tarea para avanzar con mayor eficacia ahí donde el poder busca que permanezca la impunidad. En el Perú, tenemos las versiones locales de los equipos Odebrecht y Los Cuellos Blancos del Puerto. Con sus imperfecciones y limitaciones logísticas, estos equipos que llevan a dedicación exclusiva estos casos consiguieron golpear (también con el apoyo del periodismo) con una velocidad que de una manera desarticulada no hubiera sido posible.
Sucede que una de las ventajas de crear estos equipos es la estrategia en común que tienen; ya sea, por ejemplo, en la ejecución de herramientas como la colaboración eficaz o el correcto uso de la cooperación judicial internacional (hace unos meses, en Ecuador se consiguió información sustancial sobre el pago de un soborno de US$1,3 millones por parte de la empresa china CAMC Engineering CO al excontralor de ese país, Pablo Celi de la Torre, como consecuencia de una información entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos).
Todo esto viene a cuento a raíz de los escándalos que semana a semana envuelven al Gobierno. Todo apunta a que los casos irán creciendo y correrán más riesgo si se continúan abordando cada uno por su cuenta. Acabar con la corrupción, desde luego, es un trabajo transversal. Es necesario, por ejemplo, apostar por la educación y una reforma del sistema de justicia. Sin embargo, es importante dar un mensaje. Un primer paso sería la creación de un equipo especial que vea estos casos. Esto pasa por una decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como por la apertura de una investigación contra el presidente Pedro Castillo. Veremos qué pasa.