En jirón Risso 137, en el distrito de Lince, un perro agonizaba día a día, abandonado en el techo de una casa, sin comida ni agua. Quizás hubiera intentado escapar si no hubiera sido por la parálisis que sufría en las patas traseras, manteniéndolo inmóvil por meses, arrastrándose solo los metros suficientes para tragarse montículos de arena, una piedra solitaria o un pedazo de madera empolvada para saciar su hambre. Sus dueños hacían sus vidas normales, debajo de aquel techo donde se cometía un crimen que tiene más de un año sin sancionar responsables.
Hope, como fue llamado tras su rescate, sobrevivió por meses desafiando a la muerte a causa del maltrato animal que sufría cada día. La noche siguiente de ser salvado, Hope falleció en una unidad de cuidados intensivos. Los reportes veterinarios realizados tras ser rescatado constataron un grave estado de salud, un cuerpo anémico y desnutrido. La dentadura presentaba fracturas y mostraba problemas hepáticos y renales. Por fuera, estaba infectado de pulgas y garrapatas.
Pero las muestras de abandono y sufrimiento no quedan ahí. Tras fallecer, el cuerpo de Hope fue llevado al Centro de Medicina Veterinaria Legal y Forense Del Perú, donde se le realizó una autopsia. El informe revela que el estómago y el intestino se encontraron sin restos alimenticios. “Ese perro no había comido, por lo menos, por 48 horas”, evidenció Jhon Islachin, médico veterinario que evaluó al cadáver.
Sin embargo, se encontraron restos de arena, piedras y pedazos de madera en el estómago. Por su estado de inmovilidad, “el perro comía lo que alcanzaba, como la arena del techo, piedras y madera que estaba cerca”, añade el veterinario. La evaluación también demostró que Hope debió haber estado vomitando constantemente, además de que “las callosidades que se encuentran a nivel de los codos y rodillas del perro indican un estado de postración crónica”, agrega Islachin. “Esto ya no es solamente maltrato, sino crueldad animal”, advierte.
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Un rescate demorado por las autoridades
La primera vez que supieron sobre la situación de Hope fue un 17 de julio, cuenta Heydi García, miembro del grupo vecinal de Lince ‘Cambia’. Según comenta García, la agrupación estuvo “cinco días tratando que la policía y las autoridades ayuden, pero nadie lo hacía como se necesitaba”. A pesar de que realizaron vigilias afuera de la casa durante días, efectivos de la policía se negaban a iniciar investigaciones y simplemente esperaban a que lleguen los responsables. Cuando lo hicieron, las excusas fueron suficientes para evitar cualquier acción policial.
“El primer día que llegó la policía, esperaron todo el día a que llegara el dueño con la llave. A las 10 de la noche nos piden que busquemos a un veterinario para que pueda constatar la situación del perro. A esa hora no podíamos encontrar a ningún veterinario y fue por esa razón que no ingresaron a la casa”, detalla García. Pasados los días, los familiares de quienes alquilaban el local se acercaron para explicar que el perro era de una persona mayor y que lo “tratan como a un hijo”.
Durante días, efectivos policiales realizaron labores mínimas, a pesar de que la situación del perro era evidente. Cabe resaltar que el artículo 206-A del Código Penal establece que aquel “que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36″.
Cuando la organización de rescate animal Adogtados tomó conocimiento de la cruel situación en la que mantenían al perro, les pidieron a las representantes de ‘Cambia’ que realice una denuncia policial para poder proceder con el rescate. Sin embargo, no quisieron aceptarle la denuncia a García. “Me llevaron al lugar para constatar los hechos y desde arriba vimos al perrito tirado. No se movía. Pensamos que estaba muerto”, detalla la vecina.
Una eterna odisea legal
Tras el rescate, Enrique Guevara, representante legal de Adogtados, inició una ofensiva legal. Desde el fallecimiento de Hope, el 23 de julio de 2021, se recopiló toda la información necesaria para presentar una denuncia sólida, que cumpla con todas las exigencias judiciales. Se presentó toda la sucesión de los hechos, con toda la evidencia del maltrato animal que se evidenció desde el 17 de julio. Lo único que faltaba era saber quién era el responsable directo, por lo que la denuncia se presentó hacia los que resulten responsables.
“La fiscalía de San Isidro y Lince apertura una investigación para hallar a los responsables, pero no se hacen cargo de esta. Lo que hicieron fue derivársela a la policía”, describe Jefferson Moreno, abogado de Adogtados en el caso. Sin embargo, “la policía no realizó los actos de investigación”, precisa. El plazo inicial de 30 días se cumplió y nada se había hecho. La Fiscalía, ante la inacción, decidió extender el plazo de indagación por 30 días adicionales. “El efectivo policial convocó al denunciante. Brindamos nuestra versión y luego de eso no se hizo mayor acto de investigación”, añade.
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“Nosotros nos hemos preocupado en tener toda la documentación necesaria y presentarla a tiempo, sin embargo, las autoridades no han actuado en lo absoluto. Es como una estrategia para aburrirte, para que te olvides, se enfríe el tema, te pase la cólera y sigas con tu vida”, menciona Guevara. Tras la inacción de los efectivos policiales, el caso se archivó. “Lo irónico es la conclusión o la argumentación. Dicen ‘no hemos logrado encontrar al responsable’ y archivaron el caso”, explica Moreno.
“Ante esa inacción tuvimos que interponer quejas. Al efectivo policial, tuvimos que denunciarlo ante la Inspectoría por la inactividad y al Fiscal ante el control interno al Ministerio Público por no supervisar el trabajo del efectivo policial”, detalla el abogado. Como explica el letrado, los meses perdidos restan posibilidades de hallar a los responsables. De hecho, El Comercio pudo corroborar que hace más de tres meses que nadie ha ingresado a la casa donde vivían los maltratadores de Hope.
Gracias a las propias investigaciones realizadas por los denunciantes, a través de pedidos de información pública a la Municipalidad de Lince, lograron conocer a los contribuyentes del local donde se encontró a Hope. “Eso que no hicieron las autoridades investigadoras, lo logramos hacer nosotros. Era tan sencillo como pedir información pública”, señala Moreno.
Finalmente, la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro – Lince dio razón al equipo de Adogtados, declarando nula la disposición del Fiscal que archivó el caso. De esta manera, se amplió la investigación preliminar por 60 días adicionales, donde se deberá recabar la declaración de todos los involucrados en el rescate, más de un año luego de los hechos. Además, gracias a las indagaciones de Adogtados, la Fiscalía ha dispuesto recabar el testimonio de Yasmin Norma Ataulluco Solórzano, quien alquilaba el local donde Hope vivió meses de sufrimiento, abandono y maltrato.
