Fiscalía investiga a dueños de tierras donde hay narcopistas

Mientras aún se define si es válida la opción de derribar vuelos no autorizados en el espacio aéreo peruano, cada día ingresan dos avionetas al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para llevarse, en promedio, unos 600 kilos de pasta básica de cocaína hacia Bolivia. En ese país, cada kilo de esa droga vale US$1.000.

Una solución temporal que aplicó la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) el año pasado fue destruir las pistas clandestinas que reciben a estas avionetas. El coronel PNP César Arévalo Guzmán, jefe de operaciones de la Dirandro, dice que este año ya se han eliminado noventa pistas ilegales en el Vraem, además de las que continúan apareciendo en el valle de Pichis Palcazú, entre Pasco y Ucayali.

Sin embargo, volver a rehabilitar las pistas destruidas solo toma cinco días. Por ello, Arévalo comenta que se ha iniciado una nueva acción contra esta ilegalidad: la vía judicial. “Lo que se hace con el Ministerio Público es identificar a los dueños de los terrenos donde se encuentran las pistas para poder judicializar el caso por responsabilidad de favorecimiento”, comenta Arévalo.

Agrega que en la última operación de destrucción de pistas en el Vraem, en junio pasado, se eliminaron 32 de ellas y que ocho fiscales recogieron la información necesaria para investigar a los propietarios. “Los casos están en las fiscalías antidrogas de Huamanga (Ayacucho), Satipo y Mazamari (Junín). Ya hay avances aunque siguen los trabajos”, dice.

LARGA ESPERA POR LA INTERDICCIÓN
Mientras tanto, la solución más efectiva, de acuerdo con expertos y la Dirandro, aún no puede ser aplicada. “El derribo de avionetas sigue examinándose y esperamos la compra de radares. Esto nos ayudaría a detectar la ruta de las naves y llegar a capturarlas”, dice Arévalo. Cuenta que en el año solo han podido incautar diez avionetas, seis de ellas porque fueron abandonadas por los narcotraficantes.

El analista en temas de narcotráfico Rubén Vargas sostiene que el Estado no puede seguir excusándose de no contar con la tecnología de radares desde hace seis años. “Además, la policía debe asumir la tarea de interdicción en el Vraem y no dejárselo a las Fuerzas Armadas”, refiere.

Arévalo dice que la PNP se ha concentrado en la captura de clanes de la droga y que en el 2013 se desarticularon 57 de ellos. “Este año ya vamos 35”, asegura el policía.