Las Bambas: comuneros presentan sus demandas en instalación de mesa de justicia

A las 11:35 a.m., empezó la reunión entre el Ejecutivo y las comunidades de la provincia de Cotabambas en el estadio de Molinopampa (Challhuahuacho) para la instalación de la mesa Derechos Humanos y Justicia de la provincia. Según las comunidades, unas 500 personas tienen denuncias por haber participado en protestas contra Las Bambas.

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En esta instalación participan Vicente Zevallos, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; Vicente Walde Jáuregui, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA); Ivonne Contreras Camacho, prefecta regional de Apurímac; Rildo Guillén, alcalde de la provincia de Cotabambas, y los alcaldes distritales de Challhuahuacho, Haquira, Cotabambas y Progreso. También están presentes los dirigentes distritales de la provincia y el congresista de la República por la región Apurímac Richard Arce (Nuevo Perú).

En cuanto a los comuneros, participan y están presentes aquellas personas denunciadas los años 2011, 2015, 2016 y 2018 (Yavi Yavi). Ellos fueron acreditados en la mesa. En total, 38 personas hacen uso de la palabra en esta instalación de la mesa de Derechos Humanos y Justicia. 

Rosa Santa Cruz, jefa de la Oficina Defensorial de Cusco, dijo durante esta reunión que la Defensoría acompañará a la delegación de las comunidades que se reunirá con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Estos poderes del Estado también estuvieron invitados a la reunión de este miércoles en Challhuahuacho, pero informaron que no enviarían a representantes.

"El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se ha comunicado con el presidente del Poder Judicial (Juan Lecaros) y la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos). Con ellos, han asumido el compromiso de poder recibir a una delegación de las comunidades para que, al alto nivel de estas dos instituciones, puedan revisar sus casos, explicarles en qué consiste y la situación jurídica. En este proceso, la Defensoría del Pueblo les va a acompañar", dijo Santa Cruz.

-Piden amnistía-

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, presentó ante la comisión de autoridades reunidas en Molinopampa que a través de una ley de amnistía se archiven las denuncias contra los comuneros y se investigue a jueces y fiscales de Apurímac. "Quiero que se investigue los jueces y fiscales de la provincia de Cotabambas. Pedimos amnistía para que se archiven estos documentos", dijo el dirigente comunal.

"Hace poco estuve capturado. Yo no era delincuente, asesino, terrorista. Soy campesino, indígena, defiendo mi tierra porque vivo de eso. No vivo del mineral ni del carro, vivo de la tierra, que me da de comer. Nosotros queremos la justicia. Cuántos hermanos campesinos están encarcelados por defender su tierra. Pido favor de hacer justicia para los campesinos. No me mates, no me encarceles así", agregó  durante su alocución.

Por su parte, Edison Vargas, vicepresidente de Fuerabamba, se refirió también a los ex asesores de la comunidad, Jorge y Frank Chávez Sotelo, quienes se encuentran en la cárcel de Cusco cumpliendo 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra. "Nuestros asesores, los hermanos Chávez Sotelo, están en cárcel. ¿Fuerabamba apostó por la minería para eso? Nosotros no somos corruptos", dijo. Al igual que Rojas, pidió el archivamiento de las denuncias de todos los dirigentes e investigación a los jueces y fiscales de la región.

Noemí Portilla, de la comunidad de Fuerabamba y una de las personas sindicadas de ser parte de la organización criminal Los Chavelos, también tomó la palabra durante las intervenciones. "Me siento indignada porque una persona que defiende a su medio ambiente, su tierra, es criminalizada. Nosotros somos campesinos. Yo dejé mi pueblo y ahora a mí me denuncian por organización criminal", dijo.

Percy Astete, también de Fuerabamba, dijo que más de 500 comuneros están denunciados. "¿Quién tiene la culpa? Hay persecución no solo de la empresa minera, sino del Estado peruano", comentó.

Este es el primero de los nueve puntos ratificados.
1. Archivamiento de las denuncias contra los comuneros procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas desde el año 2011, y atención de las familias de las víctimas de los conflictos.

2. Solución a los problemas del corredor minero y la problemática de las comunidades campesinas de zona de influencia directa e indirecta.
3. Implementación de un Convenio Marco entre la provincia y distritos de Cotabambas con la empresa minera MMG Las Bambas y el Gobierno central como garante de su implementación.
4. Implementación del canon minero de forma inmediata y derogatoria de la Ley de depreciación anticipada.
5. Cumplimiento inmediato del Plan de Desarrollo del distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas, así como del distrito de Progreso de la provincia de Grau, aprobado en la comunidad campesina de Quehuira el pasado 22 de octubre del 2016 y cumplimiento del DS 005-2016-PCM y ley N°30589.
6. Renegociación de las 17 condiciones y Anexo K, suscrito el 2004.
7. Creación de un Seguro Ambiental para mitigar impactos ambientales negativos en el aire, agua y suelo, y la revisión de los estudios de impacto ambiental.
8. Presencia del representante de MMG Las Bambas, cambio de funcionarios y personal administrativo de la empresa.
9. Compromiso del Gobierno central para no decretar más Estados de Emergencia en Cotabambas y la nulidad del convenio entre la PNP y la empresa MMG Las Bambas para brindar seguridad, retiro de la base policial en Challhuahuacho.

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