Obras en la principal vía de acceso a Arequipa

La principal vía de acceso a la ciudad de Arequipa es conocida como la variante de Uchumayo. Aunque su tramo inicial –el más próximo a la urbe– tiene menos de cinco kilómetros de extensión, el Gobierno Regional de Arequipa decidió subdividirlo en tres sectores para modernizarlo mediante obras de ejecución directa y licitaciones públicas.

El jueves pasado, el gobierno regional firmó un contrato con el Consorcio Uchumayo II para que construya el segundo tramo de la variante. Las obras, que empezarán el 8 de enero y tardarán siete meses, implican un ‘zanjón’ de dos kilómetros y de cuatro carriles, vías alternas, dos puentes y un intercambio vial. Todo esto por un monto de S/119 millones.

El Consorcio Uchumayo II está formado por las empresas Extraco Sucursal Perú, Constructora MPM y Constructora & Contratistas Generales Philadelfia S.A.C. Aunque el gobierno regional resaltó que cuando terminen los trabajos la Ciudad Blanca contará con “una moderna vía de acceso”, los antecedentes de la empresa Extraco Sucursal Perú, de capitales españoles, han sido puestos en discusión.

Extraco, por ejemplo, dejó abandonada una obra de S/93 millones en Cajamarca: la carretera El Empalme-Santa Cruz. Pese a que la constructora y una empresa socia recibieron la mitad del pago, esta carretera solo tiene hoy un avance del 21% y debió ser entregada en noviembre del año pasado. Este incumplimiento obligó al Gobierno Regional de Cajamarca a resolver el contrato.

Extraco también obtuvo la buena pro para una obra pública por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes): la construcción del desembarcadero pesquero artesanal de Ilo (Moquegua), valorizado en S/11’675.000. Las empresas postoras que perdieron interpusieron un recurso de apelación por supuestas incongruencias en la oferta de Extraco. Finalmente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) declaró nulo el otorgamiento de la buena pro.

En paralelo, Extraco fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Su inhabilitación regía por cuatro meses, desde junio hasta octubre del 2017.

Sin embargo, gracias a una acción de amparo admitida por la Corte Superior de Justicia de San Martín, Extraco pudo participar en julio de la licitación de la variante de Uchumayo, luego de asociarse con dos constructoras peruanas.

—Contrato asegurado—
Consultado sobre los antecedentes de Extraco, el representante del Consorcio Uchumayo II y gerente de la Constructora MPM, Rafael Noriega Barreto, señaló que MPM asumirá la responsabilidad de la obra. Esto debido a que esta empresa tiene el 55% de participación, mientras que Extraco solo cuenta con el 35%.

“Hay que separar las cosas. Lo que Extraco haya tenido con otras obras y otras entidades es otro problema. Al momento, tienen libre disponibilidad para contratar con el Estado. Si mañana los sancionan, esa sanción no tiene por qué afectar este contrato [el del tramo II de la variante]”, dijo Noriega. También aseguró que el consorcio cuenta con el soporte financiero y la experiencia para asumir la obra.

El Comercio intentó comunicarse con representantes de Extraco, pero no atendieron las reiteradas llamadas.

El día en que se firmó el contrato con el Consorcio Uchumayo II, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, advirtió que su gestión estará pendiente del avance de la obra. Dijo, además, que ante un posible incumplimiento asumirán las disposiciones legales que les faculta el contrato. “Quiero pedir paciencia a la ciudadanía. El presupuesto está cubierto”, pidió.

- Obras con tropiezos -
* El Gobierno Regional de Arequipa ha tenido malas experiencias con la modernización de los tres tramos iniciales de la variante de Uchumayo. En total, las obras se realizarán en 4,7 kilómetros de vías.

* El tramo I, por ejemplo, se ejecutó por administración directa durante la gestión del gobernador Juan Manuel Guillén. La obra, de 1,2 kilómetros, tardó 13 meses en completarse, seis más de lo previsto.

* El tramo III fue otorgado a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA). Se debió culminar la obra en 11 meses pero quedó abandonada, con un 82% de ejecución. El gobierno regional la ejecutará ahora directamente.