Compran kit para revocar a Castañeda, Velarde y otros

No llevan ni la mitad del periodo para el que fueron elegidos y ya quieren sacarlos de sus cargos. Solo en Lima Metropolitana, los alcaldes Luis Castañeda Lossio, Manuel Velarde (San Isidro) y Willington Ojeda (Punta Negra) están en la mira de ciudadanos que han comprado el llamado kit de revocatoria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para someter a consulta popular sus gestiones.

Según el último reporte de la ONPE, actualizado el 14 de junio, se han vendido 49 paquetes a ciudadanos de todo el país que buscan revocar a sus autoridades, entre alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales.

Lima y Áncash son las regiones donde se han adquirido el mayor número de kits, siete en cada caso. Completan la lista Tacna, Ucayali, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Moquegua, Ica, Loreto, Cusco, Apurímac, Arequipa, La Libertad, Piura y Huancavelica. Algunas autoridades tienen más de un kit de revocatoria en su contra.

Pero la adquisición de este paquete no significa necesariamente que se vaya a realizar la revocatoria porque antes hay una etapa de recolección de firmas y de verificación de la autenticidad de las firmas por el Reniec.

Además, según el municipalista Julio César Castiglioni, la revocatoria "perdió su atractivo" luego de el Congreso modificó en marzo del 2015 la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300). El último proceso de revocación fue el que enfrentó la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en octubre del 2013

"Ahora el proceso de revocatoria solo podrá convocarse al tercer año de mandato de las autoridades; es decir el año 2017, y ya no hay un nuevas elecciones. Si la autoridad es revocada asume el cargo el vicegobernador, el teniente alcalde o primer regidor según sea el caso. Eso significa que no hay cambio de gestión", explicó.

De ser admitido el proceso de revocatoria, el promotor debe obtener las firmas del 25% de los electores de cada jurisdicción, a nivel nacional. Antes, en Lima el máximo era de 400 mil firmas. Sin embargo, para Castiglioni, la cantidad de firmantes debe ser por lo menos del 50% ya que en el proceso de depuración muchas firmas serán eliminadas.