'Conflictos: el otro ruido político', por José Carlos Requena

Silenciados por el inacabable Caso Lava Jato y por la creciente falta de predictibilidad climática, los conflictos sociales no solo persisten, sino que peligrosamente parecen volverse más sonoros.

Aunque la temporada de lluvias suele apaciguar los ánimos, en enero se alcanzó la cifra más alta de conflictos de los últimos meses, según reporta la Defensoría del Pueblo en el monitoreo mensual que realiza. Los conflictos llegaron a ser 214, tres más que en enero del año pasado.

Si bien la cifra suele estar por encima de las dos centenas (207 en setiembre fue el número más bajo del último año), el pico alcanzado abre la interrogante de si los conflictos se incrementarán o si, como ha ocurrido durante el año previo, disminuirán en alguna medida.

La región más conflictiva es Apurímac, que se consolida como el principal foco de preocupación para la actual gestión presidencial. Esta región acompaña positivos números de crecimiento con una gran desafección política y una distancia con la actual administración (por ejemplo, solo el 5,6 % de los electores votó en primera vuelta por el actual presidente). Los 26 conflictos –12,1% del total– que se presentan en esta región tienen en su mayoría alguna motivación socioambiental, el menos formalmente, aunque hay aspectos relacionados a la actividad económica o comercial de actores locales que no deben desdeñarse.

No muy lejos, en cuanto a número de conflictos, está Áncash (25, lo que equivale al 11,7% del total), otra región rica en recursos minerales, pero con una histórica conflictividad social y recurrentes problemas de gobernabilidad en distintas escalas.  

Un detalle importante es que dos tercios (65%) de los conflictos corresponden a asuntos referidos al gobierno nacional, muy por encima de los que corresponden al gobierno regional (19,6%) o local (8,9%). Este hecho no solo crea especiales apremios a una administración que no termina de acomodarse, sino que contradice la creencia de que toda la política es local.

Los temas socioambientales son claramente la principal razón de los conflictos (67,3%), lo que debería ser de especial preocupación para las carteras involucradas: Ambiente y Energía y Minas, principalmente.

Finalmente, se debe destacar que enero del 2017 ha sido el mes en que han surgido más conflictos nuevos (8) durante el último año, siete más que en diciembre del 2016; de ellos, cuatro corresponden a demandas socioambientales. En uno de los casos nuevos (Quiruvilca, en La Libertad) hubo incluso un fallecido, Hernán Beltrán Lázaro; su muerte pasó desapercibida en la prensa nacional.

Los conflictos no son ninguna novedad. Pero el enrarecido debate capitalino hace olvidar que, más temprano que tarde, habrá que escucharlos. El estruendoso ruido pronto volverá.