Imagen del velorio de Quintino Cereceda, comunero que falleció durante las protestas contra la minera Las Bambas en octubre del 2016. (Foto: Miguel Neyra / Archivo El Comercio)
Imagen del velorio de Quintino Cereceda, comunero que falleció durante las protestas contra la minera Las Bambas en octubre del 2016. (Foto: Miguel Neyra / Archivo El Comercio)
Jorge Falen

Los casos de violencia registrados en durante los últimos seis años en el país han dejado 62 fallecidos, revela un recuento elaborado por la Defensoría del Pueblo. De este número, 57 víctimas fueron civiles y cinco eran miembros de la Policía Nacional. 

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Las cifras, a las que pudo acceder El Comercio, señalan además que durante este período –desde el 2013 a la fecha– también se reportaron 1.894 heridos. De ellos, 1.092 eran civiles, 794 policías y 8 pertenecían a las Fuerzas Armadas. 

El número más alto de víctimas en conflictos se observó en el 2015, cuando se reportaron 19 muertos y 872 heridos en 258 casos activos. En este período, la intensidad fue mayor respecto de años anteriores, especialmente en torno a los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac), así como en el caso de contaminación ambiental producido en La Oroya (Junín). 

En lo que va del 2019, las acciones de violencia cobraron la vida de una persona. En mayo último, un agente de seguridad falleció durante un enfrentamiento con moradores de la comunidad de Parán, en la provincia de Huaura (Lima Provincias), quienes denuncian una supuesta contaminación de fuentes de agua por parte de la empresa minera Invicta Mining Corp.  

De otro lado, los enfrentamientos ocurridos en el Valle de Tambo habrían dejado en las últimas semanas al menos 17 policías y varios civiles heridos, debido a las protestas contra el otorgamiento de la licencia de construcción al proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay (Arequipa).  

—Por tipo y lugar—

El balance añade que los conflictos socioambientales han sido los más numerosos y los que han cobrado el mayor número de víctimas. Durante el período de estudio, hubo 30 muertos y 1.068 heridos a consecuencia de estas disputas.  

Les siguen los temas relacionados con asuntos municipales, los conflictos electorales y los conflictos laborales, con cuatro fallecidos cada uno. Los problemas municipales también reportaron 207 heridos, la segunda cifra más alta en este rubro luego de los ambientales. 

A nivel geográfico, La Libertad es la región que registra la mayor cantidad de muertes (8), seguida por Apurímac (7), Cusco (6) y Arequipa (5). El caso más grave reportado en dicha región norteña ocurrió en octubre del 2017 y estuvo relacionado con la disputa entre grupos mineros ilegales en la zona minera de Parcoy, ubicada en la provincia de Pataz. Hubo tres muertos. 

—Agenda pendiente—

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, considera que las autoridades deben incidir en la capacitación y el incremento del personal destinado específicamente al control de las protestas durante los conflictos

“Los encargados del control de multitudes son las USE [unidades de servicios especiales de la PNP], que por lo general no tienen suficiente personal. Entonces se convoca a la Dinoes, que usualmente combate el narcotráfico o el terrorismo. Cuando ellos no están capacitados para este tipo de intervenciones [en conflictos], entonces pueden ocurrir excesos”, señala. 

El funcionario destaca, asimismo, que la reforma de la administración pública debe acelerarse y tomar en cuenta una gestión eficiente de conflictos sociales, especialmente a nivel descentralizado en las regiones donde se registra la mayor cantidad de casos. 

“Hasta ahora no tenemos en el gobierno nacional un sistema de monitoreo de conflictos sociales y alerta temprana unificado e integral que vincule a todos los ministerios y que aproveche la información. Esto limita las posibilidades de una intervención efectiva. Solo dos de las diez regiones con mayor número de conflictos sociales tienen una oficina de prevención de conflictos”, explica. 

Según Luque, los ministerios deben implementar protocolos durante las intervenciones, para que no haya superposiciones al momento de abordar los casos.