Martin Hidalgo BustamanteMayté Ciriaco Ruiz

Las cuestionadas medidas adoptadas por el gobierno de Martín Vizcarra obligaron a destinar gran parte del presupuesto de los gobiernos subnacionales a insumos . Alcaldes alegan que no existió un plan para obtener costos razonables y generar ahorro para el cierre de brechas. En total, los gobiernos regionales y locales gastaron S/ 1.318 millones en compras durante la pandemia.

La mayoría de dinero se destinó a comprar canastas de alimentos para las poblaciones vulnerables, aunque estas adquisiciones ahora concentran la mayoría de investigaciones que acumula Fiscalía por actos de corrupción asociados a la pandemia. el segundo rubro de gastos fue el de oxígeno, y el tercero de artículos de limpieza. Dado a que el gobierno de Martín Vizcarra, ordenó el confinamiento total, las municipalidades y gobiernos regionales tuvieron que destinar gran parte de su presupuestos para insumos a los trabajadores que debían asistir a trabajar porque varios servicios municipales no podían detenerse.

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La falta de un plan concreto también permitió que se realizarán adquisiciones sin mayor sustento. Seis gobiernos regionales gastaron más de 1 millón de soles en la compra de Ivermectina e hidroxicloroquina, medicinas no recomendadas para tratar al COVID-19: Ayacucho, Loreto, Piura, San Martín, Madre de Dios y Tumbes.

Los 25 gobiernos regionales gastaron en total 949 millones de soles, dinero con el que se habría podido realizar obras como el terminal portuario Salaverry o una longitudinal de la Sierra Tramo 2 (S/ 700 millones cada una). Los gobiernos locales gastaron un total de 369 millones de soles, un monto que representa cinco veces el valor del Óvalo Monitor en Lima.

Sin un plan concreto

Carlomagno Chacón, alcalde de Magdalena, señala que no existió un plan articulado desde el gobierno central liderado por Martín Vizcarra. “No se lideró desde el Ejecutivo de Vizcarra compra corporativa o en paquete, que permita obtener costos razonables en base a la pluralidad de postores, para así generar ahorros y estos, orientarlos a las cobertura de servicios y cierre de brechas”, enfatizó.

Para el burgomaestre, la medida de aislamiento obligatorio no solo ocasionó incertidumbre en la población, sino que motivó una paralización de las prestaciones de servicios a la ciudadanía y en las intervenciones a nivel de proyectos, que no se pudieron implementar por las medidas de restricción en la transitabilidad en el territorio nacional.

El Ejecutivo dictaminó un conjunto de medidas de carácter económico, como la aplicación de transferencias de partidas para subvencionar los ingresos no recibidos por parte de los gobiernos locales. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2020 se emitieron cinco dispositivos legales por la suma de S/ 1.265 millones para compensar la menor recaudación que presentaron diversos Gobiernos Locales a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“Sin embargo, estas medidas no tuvieron un sustento técnico, dado que los recursos transferidos no contaban con criterios técnicos para determinar su cuantía, como ‘cantidad de población’, ‘niveles de pobreza’, entre otros, siendo beneficiados quienes mayores posibilidades tenían respecto de otros, que definitivamente no contaban con una recaudación que les permita sostener sus actividades y proyectos, evidenciándose una arbitrariedad en la distribución de los recursos”, refiere el alcalde Chacón.

Reajustes presupuestales

Rennan Espinoza, alcalde de Puente Piedra, coincide con Chacón al asegurar que la distribución de recursos desde el gobierno central no fue la mejor. Empezando con la “canasta básica familiar”, correspondiendo a Puente Piedra 1 millón de soles, los cuales fueron destinados a la adquisición de alimentos de primera necesidad, logrando alcanzar para 12.684 familias puentepadrinas, pero quedando más de 20.000 familias de extrema pobreza sin ser beneficiadas.

“Tuvimos que recurrir a gestionar donaciones con personas naturales y jurídicas del distrito y destinar recursos municipales con el objeto de llegar a la mayoría de nuestros vecinos. Después de las bolsas de alimentos, el gobierno central realizó otras transferencias para atender los gastos propios de la emergencia sanitaria, llegando en total a S/ 8′269.331,00 que, sin lugar a duda, fue irrisorio para atender el déficit existente a nivel presupuestal y financiero”, dijo Espinoza a este Diario.

La autoridad edil reconoció que debió destinar gran parte de los recursos financieros en gastos no programados a efectos de mitigar las consecuencias del COVID-19. Solo para proteger a los trabajadores con implementos descapotables (guantes quirúrgicos, proyectos facial, overol proyectos lentes, entro otros), desinfección, fumigación y baldeo de calles, gastaron hasta 5 millones 823 mil soles.

“En lo que respecta a la ejecución de obras, durante el gobierno de Vizcarra, estas se mantuvieron paralizadas, hasta que con fecha 26 de setiembre de 2020, el Estado Peruano aprobó la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas, afectando considerablemente nuestros niveles de ejecución en inversiones, que sólo ascendió al 36.7%”, anotó Espinoza.

Jorge Quintana, alcalde de Jesús María, sostuvo que los gobiernos locales tuvieron que modificar su presupuesto y solicitar apoyo del gobierno central para cubrir los servicios esenciales, ya que la recaudación de impuestos -su principal ingreso- se vio afectado.

“En nuestro caso, el presupuesto fue asignado del rubro “Impuesto Municipal” y de los recursos directamente recaudados, no se utilizó el presupuesto de inversiones, lo que nos permitió continuar con nuestros proyectos de mejoramiento de las principales avenidas del distrito como la Avenida Mariátegui que estaba en plena ejecución”, recordó.

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