Crimen organizado se enquista en campañas políticas en el país

Pocos días antes de ser asesinado a balazos dentro de un restaurante de Huacho, el ex consejero de Áncash Ezequiel Nolasco Campos había planeado oficializar su postulación a la presidencia regional, pese a que había recibido una serie de amenazas. Su crimen sucedió hace siete meses y aún no se han encontrado culpables.

Desde ese 14 de marzo, hace menos de siete meses, no se han detenido los atentados y asesinatos de candidatos a las próximas elecciones. Sin embargo, este índice de violencia es solo una de las variables que se han tomado en cuenta para considerar si en  una localidad se podría desatar un conflicto electoral este domingo 5 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha detectado problemas en 141 distritos del país que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios. El director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, José Echevarría, indica que lo que se trata de evitar es que se desarrollen actos de violencia como la retención o quema de actas de votación que conlleven a que se anule el proceso en esas jurisdicciones. 

“En el 2002 tuvimos 13 de estos casos. Cuatro años después se incrementaron a 22 y en los últimos comicios, en el 2010, llegaron a 34. Este año hemos alertado a la policía y a las entidades electorales para que pongamos atención a 141 localidades y prevenir que sucedan estos actos”, dice Echevarría.

El reporte nacional que elaboró el JNE considera que un distrito es crítico si es que tiene antecedentes de violencia por terrorismo o narcotráfico, si hay problemas de conflictividad minera, si hay denuncias de votantes golondrinos o si la población no está a favor de la reelección de sus autoridades. También se tiene en cuenta si en elecciones pasadas se han tomado locales de votación o quemado ánforas, y si la cantidad de policías y miembros de las Fuerzas Armadas no es suficiente en relación con la cantidad de población electoral.

En nuestra edición impresa, conoce más detalles del reporte del JNE y datos sobre el monitoreo de la Defensoría del Pueblo en zonas críticas.