Canon gasífero de La Convención se desaprovecha en pocas obras

Comparada con las otras 12 provincias que integran la región Cusco, puede decirse que en La Convención abunda de todo. No solo es la más grande, la más poblada y la más rica, debido al gas natural que alberga Camisea, en el distrito de Echarati. Se trata también de la provincia con más conflictos, con mayor desnutrición y la que menos necesidades satisface en sus 179.775 pobladores.

Luego del paro que por 14 días afectó sus principales vías y comercios, representantes del Ejecutivo compartieron el malestar de los manifestantes por el uso que las autoridades regionales dan a los ingresos del canon. Solo en el 2013, La Convención recibió S/.1.034 millones. Es decir, S/.5.751 por cada habitante. Si se consideran los ingresos obtenidos en los últimos 10 años, la cifra bordea los S/.5.500 millones, un presupuesto envidiable para obras como el proyecto Majes-Siguas II, en Arequipa (S/.1.100 millones), o el aeropuerto de Chinchero, en el mismo Cusco (S/.1.500 millones).

Pese a la generosa inyección de capital, estos ingresos no han repercutido en beneficios concretos para la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la fecha el 43% de La Convención sufre desnutrición crónica, mientras que la mortalidad infantil no baja del 19%. Asimismo, nueve de cada 10 pobladores tiene las necesidades básicas insatisfechas.

La ciudad de Quillabamba, con sus casonas antiguas, pistas sin asfaltar y tres piscinas semiolímpicas construidas por la alcaldesa Fedia Castro Melgarejo, es un ejemplo de lo que ocurre en la provincia. Pese a las severas críticas por dichas obras, Castro asegura que la impulsó un sentido de igualdad social.

“¿Por qué nadie critica que en Lima se hagan grandes piscinas? ¿Acaso nosotros pertenecemos a otra sociedad inferior?”, dijo a El Comercio.

Según la alcaldesa, su gestión ha logrado importantes mejoras en saneamiento básico y electrificación, pero como lo hizo en pueblos lejanos es fácil criticarla.

“La provincia tiene 30 mil km2 de extensión. Hay microproyectos para cada poblado”, insistió. 

NO LOS CONVENCE

Consultados por este Diario, pobladores de Quillabamba dijeron desconfiar de la alcaldesa.

“Es vox pópuli que por cada obra que se ejecuta, la autoridad recibe el 10%. Si aquí se manejan presupuestos de mil millones de soles, ¿cuánto reciben de comisión estas autoridades?”, se pregunta un hombre en la Plaza de Armas, cuya remodelación –impulsada por Castro– pasó de costar S/.800 mil a más de S/.3 millones. 

Para Ricardo Caballero Ávila, quien desde el Comité de Lucha de La Convención impulsó el reciente paro, los indicios de defraudación y enriquecimiento ilícito en la gestión de la alcaldesa son abundantes. 

“Fedia hizo su campaña el 2010 caminando por los barrios, cocinando en ollas comunes y pintando murales en casas de algunos amigos. Nadie se explica cómo ahora su campaña es millonaria, con gigantografías, avisos en radio y televisión”, comentó Caballero.

Silvio Campana, de la Defensoría del Pueblo en Cusco, consideró que hay un grave vacío entre lo que las autoridades de La Convención consideran que es importante y lo que la población estima como útil.

“Las denuncias no solo son por corrupción, sino también por uso indebido de los recursos del canon. Muchos creemos que el dinero no se invierte, solo se está gastando”, dijo.

Este análisis de Campana quedó plasmado en el acuerdo logrado por el Estado con los manifestantes hace una semana. En el documento, ambas partes acordaron levantar el paro a cambio de instalar cinco mesas de trabajo sobre temas críticos para La Convención. El segundo de ellos era anticorrupción y orden interno.

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