Ministerio de Cultura sobre aeropuerto de Chinchero: recomendaciones que brinde Unesco “no son vinculantes”

El Ministerio de Cultura (Mincul) informó que las conclusiones y recomendaciones que formule la Unesco al Estado Peruano sobre el futuro aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco (AICC) “no son vinculantes”. Esto, luego de que El Comercio revelara que el estudio de impacto patrimonial (EIP) requerido por este organismo internacional aún no estaba listo, pese a que el Gobierno ya está licitando las obras.

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De acuerdo con la programación del proyecto anunciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en febrero comenzará el movimiento de tierras en la zona (446 hectáreas) a través de una licitación que alcanza los US$145 millones. Luego de cuatro meses, en junio próximo, se iniciarán las obras principales (construcción de terminal y pista), para lo cual el sector ya tiene “una lista corta” de postores interesados. Ambos procesos siguen su curso sin el EIP que evaluará una posible afectación en Machu Picchu y el Qhapaq Ñan por la operación del aeropuerto.

El EIP que falta

En julio del 2018, la Unesco requirió al Gobierno Peruano el estudio de impacto patrimonial (EIP) del proyecto en Chinchero, donde se establecieran los posibles daños que ocasionaría el futuro aeropuerto en tres bienes listados como patrimonio mundial: el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Qhapaq Ñan y la ciudad de Cusco. No hubo respuestas del Ejecutivo.

Casi dos años después de ello, en enero del 2020, El Comercio accedió a dos EIP elaborados por encargo del MTC. En ellos se identificaron 39 impactos negativos (de un total de 60) en la ciudadela inca y el sistema vial andino; es decir, se determinó que el AICC generaría una afectación del 65% en el patrimonio mundial. Sin embargo, ambos documentos fueron desestimados tras una evaluación del Mincul.

En diciembre último, el MTC solicitó al consorcio surcoreano a cargo de la PMO (oficina que gestiona el proyecto) que desarrolle un EIP “concluyente y definitivo” para enviarlo a la Unesco. Por la elaboración de este documento, el Estado pagará un monto de US$780.000. Al cierre de la edición el sector no precisó cuándo será concluido y enviado al organismo internacional para su evaluación.

La posición del Mincul

El Mincul explicó que la contratación para elaborar este EIP definitivo “se ha realizado como consecuencia de una recomendación de la Unesco acogida por el Estado Peruano de forma voluntaria”. Consultados sobre si es vinculante o no la evaluación que brinde la Unesco a partir de este documento, respondieron que “sus conclusiones y recomendaciones no son vinculantes”. ”En la misma línea, los EIP o las recomendaciones de la Unesco en ningún caso se refieren a la paralización o continuidad de las obras”, respondió el sector a este Diario.

Respecto a las obras en Chinchero, añadió Cultura, el MTC está cumpliendo “con todos los trámites y procedimientos previstos en el marco legal vigente, los mismos que deberán ser terminados antes del inicio de obra”. En el EIP final, precisaron, se identificarán las posibles afectaciones en el patrimonio y se propondrán las medidas de mitigación pertinentes.

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“Sin perjuicio de lo dicho, el Estado Peruano está comprometido a realizar todos los actos que sean necesarios para proteger el patrimonio cultural del país, por lo que evaluará y aplicará las medidas de mitigación del EIP que sean pertinentes, y otras que considere necesarias para garantizar que nuestro patrimonio no se vea afectado de ninguna forma”, indicó el sector Cultura.

En el 2018, el Mincul había adelantado a la Unesco que mediante los proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de monitoreo permanente (PMA) realizados en el terreno del Cusco “no se hallaron evidencias culturales”, aunque admitieron que sí se requería un estudio más amplio. En el 2019, el exministro de Transportes, Edmer Trujillo, refirió que el EIP “no es un requisito para ejecutar la obra”.

Cuestionamientos

Manuel Rodríguez Cuadros, exembajador del Perú ante la Unesco por seis años, recordó que el Estado Peruano está obligado a cumplir con las normas establecidas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Patrimonio Cultural y Natural, ya que esta “es parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, y en ese sentido es también una ley nacional”.

“Inclusive la sentencia de la Corte Superior del Cusco en el caso del hotel Sheraton, entre otras consideraciones, fundamentó el fallo en las disposiciones de la convención. Conforme a ella, el Comité de Patrimonio Mundial inscribe los bienes culturales y naturales en la lista del Patrimonio Mundial, luego de certificar la existencia de un valor universal excepcional (VUE) y condiciones de autenticidad e integridad [como en el caso de Machu Picchu y el Qhapaq Ñan]”, dijo quien también fue vicepresidente del Comité de Patrimonio Mundial y presidente del Comité de Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

Rodríguez Cuadros añadió que, si un Estado adopta alguna decisión que para la Unesco afecta el VUE del bien, este organismo puede inscribirlo en la lista de patrimonio en peligro. “Esto afecta de manera grave al turismo. En caso extremo, la Unesco puede excluir –por la voluntad del Comité de Patrimonio Mundial– un bien en peligro, que de manera sistemática ha afectado en su VUE”, concluyó. En ese sentido, no se puede descartar que Machu Picchu y el Qhapaq Ñan pierdan la denominación de Patrimonio Mundial por acción indirecta del proyecto en Chinchero.

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Para José Hayakawa, presidente de Icomos Perú, lo que se interpreta del pronunciamiento del Mincul es que como Chinchero no es patrimonio mundial, entonces lo que diga la Unesco sobre el proyecto no es de cumplimiento obligatorio. “Dan a entender que el Estado Peruano les pide opinión de buena gente; y que cuando esta entidad establezca conclusiones a partir del EIP enviado, ya se verá”, dijo.

Y agregó: “Lo cierto es que el Ejecutivo debe tener una mayor apertura ante los documentos y observaciones que haga la Unesco sobre el futuro aeropuerto. Es una vergüenza que este organismo internacional esté más preocupado por nuestro patrimonio que el propio Gobierno. Con lo expuesto por el ministerio, queda claro que el EIP es un simple gesto político y que no tiene ninguna incidencia técnica”.