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Tras el asesinato a balazos del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo lamentó lo sucedido y solicitó una serie de medidas urgentes al Estado para proteger la vida de estas personas que reciben amenazas por sujetos inescrupulosos que coexisten en el ilícito mundo de la tala ilegal, la minería informal y el tráfico de tierras.
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Según la Defensoría, en lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales.
En el mes de abril fueron ultimados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo fue Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas).
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La entidad defensorial lamentó esta cruda realidad que no solo enluta a los familiares; también permite afirmar que la defensa de derechos humanos en el Perú supone graves riesgos que no están siendo debidamente atendidos.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exigió al Estado que brinde medidas de protección contra las amenazas y actos de violencia que padecen los defensores ambientales.
“Bajo ningún supuesto puede permitirse el sacrificio de más vidas. Consideramos indispensable que los subprefectos distritales, quienes son los encargados del otorgamiento de las garantías personales, atiendan sus pedidos con urgencia y se les brinde atención inmediata en coordinación con la PNP y el Ministerio Público”, indicó la Defensoría.
MEDIDAS URGENTES
En vista de todo lo sucedido, la Defensoría solicitó la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Demandamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú garantizar una investigación célere. En la misma, no debe obviarse como móvil la represalia por las labores de defensa de derechos humanos que desempeñaba el señor Pacheco.
- Se solicitó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público adoptar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. En esa medida, el procedimiento de otorgamiento de garantías personales debe garantizar la vida e integridad del solicitante y su familia. También se pide activar la Unidad de Víctimas y Testigos.
- Al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y al Ministerio de Economía, se pidió garantizar la continuidad del Plan Mercurio, extendiendo sus efectos a todas las zonas de Madre de Dios que han sido ocupadas por la minería ilegal.
- Se insta al Sernanp, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Gobierno Regional de Madre de Dios a combatir de manera articulada la tala ilegal, la minería ilegal y el cultivo de coca en las áreas naturales protegidas de dicha región.
- El Gobierno Regional de Madre de Dios fue exhortado a adoptar medidas necesarias para erradicar la agricultura ilegal y la ocupación ilegal de tierras, a fin de evitar que continúen afectando la vida de las personas.
ÚLTIMO ASESINATO
El defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue asesinado de dos balazos, uno en la cabeza y otro en la cadera, cuando recorría su concesión forestal en la margen derecha de la carretera Interoceánica, región Madre de Dios.
La víctima era hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, quien anteriormente había denunciado que su familiar recibía amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
El cadáver de Roberto Pacheco fue hallado por su progenitor el último viernes 11 de septiembre; se encontraba tendido en medio de una trocha a la altura del kilómetro 356 de la vía Interoceánica (Urcos-Iñapari). Esta conducía a un terreno agrícola colindante con la propiedad de la víctima.
“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año.
Según Demetrio Pacheco, las amenazas provenían de un grupo de personas que encontró su hijo dentro de la concesión y los regañó por haber talado algunos de sus árboles.
La PNP viene investigando el caso y la fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.
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