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La controversia sobre el incremento del precio del agua en los próximos años ha expandido su atención hacia la crítica situación de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional. Son cerca de cincuenta las entidades que operan en el rubro, y prácticamente, todas registran balances preocupantes que dejan en evidencia su debilidad financiera. Los bajos índices de recaudación y los mínimos avances en el gasto presupuestal dan cuenta de esto.
A diferencia de Sedapal, todas las otras empresas del sector están definidas para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como empresas municipales (órganos dependientes y de capital exclusivo del municipio, pero con personería jurídica) de agua potable y alcantarillado. De forma contraria, Sedapal -la entidad que abarca este servicio para Lima Metropolitana y Callao- es administrada por el Estado a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Para Milton Von Hesse, exministro de la cartera que conversó el lunes con El Comercio (ver aquí la entrevista completa), esto le permite a Sedapal no caer por completo en la desgracia económica de sus ‘pares’ a nivel nacional, al tener un respaldo económico más grande y accesible. “Ninguna empresa de agua y saneamiento en el Perú es sostenible en el tiempo. Sedapal financieramente es sostenible, pero si le quitas el subsidio del Ministerio de Vivienda y lo contabilizas como deuda, no sería sostenible”, recalcó el exfuncionario y director en Videnza Consultores.
Poca ejecución, poca recaudación
Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan una recaudación débil por parte de las empresas y unos bajos índices de ejecución presupuestal. De hecho, el gasto del año pasado fue tan solo del 60 % con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el mismo que puede entenderse como el objetivo de inversión institucional.
En medio de debates sobre privatización y sobre el Decreto Legislativo 1620, que modifica la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, lo concreto es que este 2024 plantea un camino similar. En la primera mitad del año, las 52 empresas municipales de agua potable y alcantarillado han ejecutado, en conjunto, el 17,4 % del presupuesto anual. El Comercio pudo conocer también que del PMI asignado a estas empresas para ‘actividades’, se ha usado el 20,8 %. Del mismo modo, del monto para ‘proyectos’, la ejecución es del 9,5 %.
Von Hesse, en una segunda entrevista para este Diario, sostuvo que “en términos generales, la gestión de estas empresas es bastante mala”. “Tienen un problema estructural y su capacidad de gestión es limitada por la falta de especialización de su personal técnico y administrativo”, agregó el exministro de Vivienda. De manera similar opinó Flavio Ausejo, economista especializado en políticas públicas de la PUCP y exmiembro del consejo directivo de la Sunass, quien también contempló que la inexperiencia del personal termina demorando y paralizando los procesos burocráticos para la elaboración de proyectos.
“Estas empresas vienen de una crisis que tiene su origen en la descentralización que generó Alan García [cuando] transfirió la dirección de estas empresas a los municipios. Desde ahí hemos visto una gestión absolutamente alejada de un buen servicio e infectada de ‘politiquería’: decisiones que pueden estar orientadas a la corrupción o al beneficio de los municipios”, añadió Ausejo.
Baja ejecución, baja recolección
En total, a junio de este año, estas empresa han hecho uso de 388.722.153 de soles y han recaudado 1.474.586.297. Sin embargo, en caso estas entidades planteen equiparar la recaudación con el crédito asignado, deberían recolectar más de 760 millones de soles en los próximos seis meses. Esto es equivalente a 126,8 millones por mes, o 4,2 millones de soles al día. Al respecto, Von Hesse opinó que la situación es tanto causa como efecto de la mala distribución de los recursos, sin proyectos de gran envergadura ni gastos importantes.
Cabe resaltar que hay dos empresas que ya han logrado recaudar un monto por encima del PIM de este 2024: el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. y la Empresa Municipal Prestadora de Servicio de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas S.A. Esto significa que aun si dejaran de percibir ingresos, ambas podrían ejecutar todo el presupuesto asignado y tendrían inmediatamente resultados positivos a fin de año.
Las cifras de MEF también demuestran que la rentabilidad de estas empresas -que en sí es débil, según los entrevistados- depende en gran medida del apoyo institucional. De los 1,4 mil millones de soles recaudados por estas empresas, cerca 414 millones provienen de donaciones y transferencias. Exactamente, 1′060.145.175 de soles -el 61 % del total de ingresos- han sido recaudados directamente. Ausejo resaltó que existen 18 empresas que son administradas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) tras haber demostrado su insolvencia económica.
De otro modo, Von Hesse criticó: “Lo cierto es que el servicio que dan las empresas de agua y saneamiento no es de buena calidad porque no se garantiza el servicio las 24 horas, porque la presión está por debajo de lo que debería, porque se pierde un porcentaje muy alto de lo que producen, porque la recaudación de la tarifa es muy mala. Si subes las tarifas sin haber mejorado previamente el servicio, lo que vas a tener es una población en contra”.
Por su lado, el economista sostuvo que otra parte del problema son los sobrecostos administrativos de las propias empresas, tanto por el mal manejo de los recursos como por compromisos internos -en muchas oportunidades con los sindicatos- que elevan los gastos. “Hay empresas que ni pueden cubrir sus gastos operativos”, indicó Ausejo. Para ambos, la suma de malos líderes, personal poco capacitado y el desinterés por garantizar un servicio de calidad son letales para la continuidad efectiva de estas empresas.
Sin invitados ni tiempo
La tarde del martes, la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República esperaba la visita de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, y de Jorge Fernando Gómez, presidente del directorio de Sedapal. A las 3 p.m., los funcionarios debían exponer mayor información sobre el Decreto Supremo N.º 1620, que modifica la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Según la agenda, junto a los miembros de la Comisión y con la presencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y de la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (Fentap), se iba a informar sobre el posible incremento del servicio de agua potable y la privatización del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima, Sedapal.
Sin embargo, Pérez de Cuéllar no llegó a la citación. Por su parte, Gómez Reátegui estuvo presente en la Comisión, pero abandonó la oficina antes de iniciar el debate en cuestión. Una vez notado esto, María Antonieta Agüero Gutiérrez, congresista que preside comisión cedió la palabra a Mauro Orlando Gutiérrez Martínez, presidente de la Sunass, y a Raúl Enríquez Hurtado, representante de la Fentap; pero antes, Agüero Gutiérrez les exigió “a nuestros invitados que sean lo más breve posible”, pues los legisladores debían presentarse en el Pleno 45 minutos luego.
