“Enemigo público”, por Sandra Belaunde

Esta semana arrestaron a un comisario narcotraficante que llevaba más de cien kilos de cocaína en su camioneta y exportaba la droga a México desde el muelle de su casa de playa en Tortugas, en Áncash, y a dos fiscales de lavado de activos que querían lavar US$8 mil de los US$50 mil de coima que le pidieron a una ciudadana, en Puno.

Y este mes atraparon a seis policías que robaban combustible en La Libertad y a la banda más grande de tala ilegal, Los Barones de la Madera, en Ucayali. Entre sus miembros, había tres policías y cuatro funcionarios del Ministerio de Agricultura. Pura joyita estatal.

Durante las últimas semanas, se ha visto un claro enfrentamiento de Estado contra Estado. No queda claro cuál va ganando, pero sí que los ejemplos expuestos son solo una pequeña muestra de los usos y abusos de los funcionarios públicos en el país.

Si los encargados de combatir la delincuencia e inseguridad tienen justamente delincuentes dentro de sus propias filas, por decir lo menos, no es tan fácil ver la luz al final del túnel.

Tampoco lo es que confiemos en estas instituciones. No es por nada que el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público son tres de los organismos en que menos creemos los peruanos.

Pero la corrupción estatal no se acota a estas instituciones, sabe repartirse e incluso es descentralizada.

Esta semana, la fiscalía pidió 17 años de prisión para el dos veces gobernador de Loreto, Yván Vásquez, quien postuló en estas elecciones al Congreso a pesar de estar siendo investigado.

Y la semana pasada, el ex gobernador de Tumbes Gerardo Viñas presentó un video en el que decía que pronto se pondrá a disposición de la justicia y, claro, aprovechó para enviar saludos a “la gente linda y bella”, como si no estuviera ya dos años prófugo ni integrara la lista de los delincuentes más buscados del país.

Joyones regionales que son solo dos de los 11 ex gobernadores que están siendo investigados por corrupción.

Para predecir la ejecución del delito, el premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, fallecido en el 2014, Gary Becker creó el modelo simple del crimen racional, bajo el cual se entiende que los criminales analizan de manera racional el costo-beneficio de cometer un delito.

Toman en cuenta variables como el grado de dificultad de cometerlo, las posibilidades de ser capturados y las sanciones de serlo. Y es que, justamente, el poder e información privilegiada que tienen los funcionarios públicos pueden simplificar la ejecución del crimen y disminuir la probabilidad de ser descubiertos.

Por ello, se necesita que el Estado (no el delincuente, sino el que combate la delincuencia) empiece por casa y cree elementos disuasivos para su propio personal para que no les sea tan fácil cometer delitos y que si lo hacen la sanción sea mucho más severa que para el resto de ciudadanos.