"Los que nos faltan", por José Carlos Requena

No debe pasar desapercibida la dación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas en el período de violencia 1980-2000, aprobada el jueves último en el Congreso de la República. Opacada por la actual campaña presidencial, la aprobación de la mencionada ley, el jueves 26 de mayo, es un soplo de esperanza en el frecuentemente desalentador panorama político peruano. Aprobada por una abrumadora mayoría (68 votos a favor, cero en contra, cuatro abstenciones), la disposición legal representa la exitosa conclusión de un proceso iniciado en el 2012, en el que han participado numerosas instituciones del Estado y la sociedad civil. 

En la concepción de la norma y en las posteriores deliberaciones, han primado factores humanitarios: por fin se pone atención a la necesidad imperiosa de saber dónde están los cerca de 16 mil peruanos que salieron de sus casas para nunca más volver. Más que hallar culpables, se busca cerrar el duelo. Aunque suene legalista y llegue a ser ilógico, hasta la dación de esta ley se requería una denuncia penal para iniciar la búsqueda de una persona. En adelante, dicha denuncia no será necesaria. 

Aunque la estimación unánimemente aceptada es que son cerca de 15.731 las personas desaparecidas (cifra que hace suya también el Ministerio de Relaciones Exteriores), se carece de una cifra actualizada. En el 2007, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) estimaba que la cifra de desaparecidos superaba las 13 mil personas. De ellas, la gran mayoría correspondía a las regiones, con mayor incidencia en Ayacucho: más de 6 mil. Por ello es importante la implementación de un registro de personas desaparecidas, que será administrado por el Ministerio de Justicia.

La aprobación de esta ley tiene lugar en un momento político clave, ya que el país se aproxima a un cambio de administración en el Ejecutivo. Además, el Congreso se renovará en menos de dos meses. Al disponer medidas concretas, la ley pone la valla alta a las siguientes autoridades, que deberán continuar con el esfuerzo iniciado. 

Más de 36 años después de iniciado el conflicto interno y cerca de 13 años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación haya entregado su informe final, el país por fin cuenta con una importante ley, aprobada de manera unánime, lejos del debate politizado y a veces insensible que, lamentablemente, ha acompañado estos temas. Aun congresistas de bancadas regularmente apáticas o adversas a temas referidos a los derechos humanos han apoyado de manera decidida la norma, lo que abre espacio a posteriores consensos y acciones, considerando, además, la composición del próximo Congreso.  

Hace algunos años la desaparición de 41 estudiantes en Ayotzinapa, en México, escandalizó al mundo. El Perú no estuvo ajeno a ello: numerosas personas manifestaron su repudio al hecho y su solidaridad con los deudos. Recordó, además, penosas experiencias similares que se tuvieron por estas tierras, de las que poco se habla. Desde hace más de treinta años hay miles de peruanos que nos faltan: la ley por fin abre el camino para no olvidarlos.