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Opiniones técnicas desde el sector público y privado coinciden en advertir vacíos e imprecisiones en el estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) de la Hidrovía Amazónica, uno de los proyectos más ambiciosos del Estado Peruano que prevé una inversión inicial de US$95 millones para convertir 2.687 kilómetros de los principales ríos de la Amazonía (Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas) en una extensa vía habilitada para la navegación durante todo el año.

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El EIA-d presentado el 4 de abril por el consorcio titular del proyecto Cohidro S.A. [integrado por la firma peruana Construcción y Administración S.A. (CASA) y la china Sinohydro Corporation] es un requisito de ley para la certificación ambiental. Es decir, el EIA-d debe ser la garantía de que el proyecto se ejecutará en equilibrio con la naturaleza y las poblaciones. Esto es clave, al tener en cuenta que el proyecto se realizará en una de las zonas más biodiversas del mundo.

El aspecto del EIA-d que genera más alarma entre los especialistas se refiere al dragado (extracción de la arena o piedras del lecho del río para darle mayor profundidad), que el consorcio realizará en 13 lugares específicos denominados ‘malos pasos’ [ver infografía]. Esta etapa es fundamental para el proyecto porque es la única manera de garantizar la navegabilidad tanto en épocas de estiaje como de creciente.

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“Si vas a dragar, lo primero que tienes que evaluar es cuánto sedimento hay en el fondo del río, y eso no se ha hecho nunca”, explicó a El Comercio el ingeniero Jorge Abad, especialista en la dinámica de los ríos amazónicos.

Desde el Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Abad, junto a otros profesionales, ha estudiado en detalle el EIA-d (en evaluación por el Senace). Él concluye que el estudio proyecta una medición de impactos sin haber analizado a fondo el comportamiento de los ríos.
Según Abad, esta deficiencia se arrastró desde los términos de referencia (TDR) con los que se hizo el EIA-d. Otra deficiencia, en su opinión, es que el estudio definitivo de ingeniería (EDI) del proyecto que aportaría más datos será entregado después de que se apruebe el EIA-d.

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Para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con opinión vinculante en la evaluación del EIA-d, el consorcio no ha considerado la conectividad física (dinámica de ríos, transporte y calidad de sedimentos y dirección de la corriente) ni biológica (especies en peligro de extinción) en cuatro zonas de dragado circundantes a la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) y del Parque Nacional Cordillera Azul.

El 13 de agosto, el Ministerio de Cultura (Mincul) presentó 105 observaciones y recomendaciones al Senace y solicitó que el consorcio precise las afectaciones del proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

Según confirmaron a este Diario Diego Saavedra y Mariana Montoya, especialistas de las ONG DAR y WCS, respectivamente, quienes han acompañado el proceso desde la consulta previa, pese a las dudas que aún genera el proyecto en parte de las comunidades, estas no fueron notificadas sobre los cuestionamientos antes expuestos en las audiencias realizadas entre el 5 y 12 de agosto.

Carmen Benítez, gerenta general de Cohidro, aseguró que el consorcio cumplió en el EIA-d con todas las indicaciones detalladas en los TDR y que en estas se garantizan altos estándares ambientales. Ademas, dijo, realizarán las precisiones y levantarán las observaciones del EIA-d ni bien sean notificados.

“Durante el dragado no se van a tocar sedimentos contaminados y si aparecen nuevos ‘malos pasos’ o desaparecen otros, activaremos un protocolo incluido en el EIA. Este incluye informar a las comunidades, que también tienen un comité de vigilancia y monitoreo”, declaró Benítez.

Añadió que, una vez aprobado el EIA, incluirán todas las observaciones en el EDI, que aunque lo tienen terminado aún no pueden presentarlo.