:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3Z6YAVRSBFD7NASPE7QAGINKU.jpg)
ENRIQUE VERA CARO / @kiquevera
Los bloqueadores de telefonía celular e Internet instalados por el Ministerio del Interior (Mininter) en los penales El Milagro (Trujillo) y Picsi (Chiclayo) serán retirados pocos meses después de que comiencen a funcionar al 100%.
Este cambio se dará pese a que estos sistemas, cuyo precio según los expertos en temas de seguridad en el mercado asciende al millón de dólares, todavía están en un período de prueba y, según estimó el Mininter hace dos semanas, recién en un mes inhibirán las señales con su capacidad total.
Los equipos, que fueron presentados hace 19 días, se reemplazarán por aquellos que instalará la empresa que gane el concurso convocado por Pro Inversión. El 30 de junio la entidad adjudicará la buena pro para la colocación de bloqueadores en 33 penales del país.
Ello de acuerdo con el cronograma fijado para el proyecto denominado Prestación de Servicios de Seguridad Electrónica en Prisiones, presentado hace ya dos años y medio.
Tanto El Milagro como Picsi figuran entre los 33 penales incluidos en el proyecto y, más aun, están en la lista del INPE con las 16 cárceles donde se debe priorizar la colocación de los sistemas de bloqueo.
Además, las empresas postoras comunicaron a El Comercio que, de ganar la licitación, trabajarán primero en los penales de la nómina del INPE desde donde se realizarían extorsiones y planificarían crímenes con mayor recurrencia: El Milagro, Picsi o Río Seco (Piura).
Antes, el consorcio ganador debe obtener los permisos para entrar a las prisiones, importar sus equipos y cumplir el proceso en Aduanas. Trámites que se desarrollarían en uno o dos meses como máximo, coincidieron las tres compañías en concurso. Ese sería el tiempo que los bloqueadores del Ministerio del Interior en El Milagro y Picsi operarían, supuestamente, en su capacidad total.
Pro Inversión aseguró a El Comercio que, según las coordinaciones con el Ministerio de Justicia y el INPE, cuando el adjudicatario vaya a implementar sus bloqueadores en la cárcel de El Milagro, los instalados allí por el Mininter serán retirados.
La misma cartera del Interior lo confirmó a El Comercio y precisó que los equipos a ser desmontados podrían reubicarse en los otros 27 penales de menor peligrosidad, donde solo está recluido el 7% de la población carcelaria.
Así, el destino de los bloqueadores, ahora a prueba en El Milagro y Picsi, sería un recinto penitenciario que no necesariamente albergue a los cabecillas de las bandas más peligrosas que se dedican a las extorsiones, así como a la planificación de secuestros y homicidios.
¿COMPRA POPULISTA?
A juicio del ex ministro del Interior Remigio Hernani, iniciar la colocación de los bloqueadores fue una medida populista e improvisada del Gobierno con el fin de tapar un problema grave, pero sin tomar las previsiones del caso.
“No hubo seriedad. Se inauguró algo, pero quedó demostrado que estaba fuera de lugar. El Ministerio del Interior no tenía nada que ver ahí”, señaló.
En tanto, el legislador José León, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso, indicó que se trató de una ligereza que el Mininter no haya coordinado con Justicia ni el Inpe. “Es un gasto innecesario”, dijo.
ADQUISICIÓN DE CARÁCTER RESERVADO
El Ministerio del Interior (Mininter) indicó a El Comercio que la compra de los bloqueadores para celulares e Internet (11 en Trujillo y 11 en Chiclayo, según el congresista José León) se realizó con recursos de la Dirección de Inteligencia Nacional. Sin embargo, evitó informar en torno al precio pagado, pues “la adquisición tiene carácter reservado”.
No obstante, expertos en temas de seguridad consultados por este Diario estimaron que el precio de un solo bloqueador más los gastos correspondientes por su instalación oscila entre US$30 mil y US$50 mil.
Es decir, solo por los 11 bloqueadores comprados para cubrir el penal El Milagro, el Estado habría desembolsado unos US$500 mil, aproximadamente, que, sumados al lote adquirido para la prisión de Picsi en Chiclayo, bordearía el millón de dólares.
El Mininter puntualizó, además, que se trató de una compra urgente ante la creciente cantidad de llamadas de los extorsionadores desde las citadas cárceles.
Sobre la instalación de los nuevos equipos, el Mininter dijo que su instalación demorará entre uno y dos años, dependiendo de la prioridad.
Al respecto, en el proyecto que se licita en Pro Inversión se estipula que 16 de los 33 penales se implementarán en el plazo de un año. Según informaron a El Comercio las empresas que concursan, en dos meses,aproximadamente, instalarían los bloqueadores en ambos penales del norte, ya que son una prioridad en su cronograma.
