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El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Óscar Alarcón Montoya, pidió este viernes se respete el fallo del juez Juan Palacios Mantilla, quien el sábado 7 de septiembre ordenó la liberación del médico Joel Santillán Silva (35), acusado de ultrajar a una menor de ocho años en el centro de salud de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad.
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“No estoy a favor ni en contra. Yo tengo mi opinión del caso, pero estando pendiente un proceso de apelación –el fallo ya ha sido apelado por el Ministerio Público–, lo más prudente es esperar que la sala [de apelaciones] resuelva. […] Deberíamos confiar en la decisión que pueda tomar el Poder Judicial, que será la más objetiva y razonable, sin injerencia de ninguna índole. […] Un juez hace un análisis de lo actuado y a partir de ahí toma una decisión”, expresó Alarcón.
El sábado 7, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Santillán Silva, sin embargo, el Poder Judicial desestimó el pedido y dictó comparecencia con restricciones. Tras la medida, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) abrió investigación preliminar contra el juez Juan Palacios.
“En los próximos días la Odecma debe estar resolviendo si se inicia un proceso administrativo disciplinario contra dicho magistrado, respeto plenamente su nivel de autonomía”, dijo Alarcón.
Consultado sobre la trayectoria profesional de Palacios Mantilla, Alarcón afirmó que “se trata de un juez que ha venido desarrollando una actividad correcta”. “No ha tenido sanciones en su contra y posee un alto nivel de producción”, añadió.
Con respecto a las críticas que ha generado el caso por supuestas irregularidades en el proceso, el magistrado expresó que antes de dar una opinión “es preferible tomar conocimiento cabal del tema”.
–MIMP investiga–
La coordinadora regional del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Luisa Centurión, confirmó que la abogada del CEM en Pataz, Kennya Briguitte Espinoza Flores, ha sido denunciada por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz (FPMCP) por el presunto delito de “omisión de actos funcionales y omisión de denuncia”.
“Ya se ha iniciado una investigación del caso a través de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables”, informó Centurión a este Diario.
De acuerdo con la denuncia, Espinoza no habría cumplido con los protocolos de ley cuando la madre de la menor acudió a ella el pasado 2 de septiembre, para denunciar que la niña había sido violentada sexualmente por un adolescente.
No obstante, Centurión criticó duramente la labor de la fiscalía en el caso. Sostuvo que el preservativo, la prenda íntima de la niña y las sábanas que se hallaron en el consultorio del médico, el 3 de septiembre, no pudieron ser usados como pruebas en la audiencia de prisión preventiva debido a que llegaron a Trujillo “mal lacradas y no se respetó la cadena de custodia".
“El juez no se pronunció sobre esto porque vinieron mal lacradas y la División Médico Legal de Trujillo las regresó [a Pataz]. Este procedimiento de lacrado es función de la fiscalía”, indicó.
La representante del CEM aseguró también que la niña y su madre están siendo resguardadas por el MIMP y subrayó que “el único afán del CEM es proteger” a ambas y no entrar en polémicas con los operadores de justicia.
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