Minería ilegal del oro gasta US$120 millones en compra de explosivos

Los explosivos, como la dinamita o el anfo, son cruciales en la minería informal e ilegal que extrae oro, sobre todo en zonas como Pataz, en La Libertad, donde este negocio ilícito, que genera unos US$6 mil millones al año, ha crecido sin control en los últimos años. De esa región proviene el 40% de todo el oro que se produce en el Perú, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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Sin los explosivos, mineros informales e ilegales como los de Pataz, y las organizaciones criminales con las que trabajan o que los controlan, no podrían extraer el oro de los socavones (minería subterránea) que abren en cerros del distrito de la provincia liberteña.

Muchos explosivos que se usan en ese tipo de minería son adquiridos de forma ilegal. Según Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, “se estima que [cada año] la minería subterránea de socavón, de baja succión, usa US$200 millones en [la] compra de explosivos, en cartuchos, y el 60% de esos US$200 millones se estima que son cartuchos y dinamita, que finalmente se derivan a esta actividad ilegal [la minería ilegal del oro] […]; es decir, US$120 millones anuales”.

¿Cómo así los mineros informales e ilegales acceden a los explosivos si la compra de estos materiales pasa por estrictos filtros legales?

Quienes tienen inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sean personas naturales o jurídicas, pueden comprar explosivos. Por ley, estas personas (que deben ser pequeños mineros y mineros artesanales) están eximidas del delito de minería ilegal, ya que están en vías de formalizarse (la mayoría de casos se encuentra en la primera fase). Este proceso que lleva años no concluye por varias postergaciones que se han dado desde el Congreso.

En general, quienes buscan comprar explosivos deben primero recibir una autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior.

“Este concepto, de haber usado el Reinfo para comprar explosivos encartuchados [...], es una parte de esta gran cadena [el problema de la minería ilegal], [...] es un punto neurálgico que hay que atacar y resolver”, comentó Gobitz a El Comercio. “Estamos a favor de la formalización y el concepto que venimos insistiendo es la trazabilidad porque tenemos que lograr sacar lo ilegal o criminal de esta actividad”, acotó el titular de la SNMPE.

En el caso de la minería, los inscritos en el Reinfo obtienen explosivos sobre todo por cinco vías, de acuerdo con los especialistas consultados para este informe.

El principal camino es a través de Famesa, una empresa que tiene 70 años en el mercado y que también opera en Bolivia, Chile y Ecuador, según información de su página web. Esta firma concentra más del 60% de la fabricación de explosivos que son usados en la minería subterránea. Las otras firmas, que proveen el 40% de los explosivos, son Exsa S.A., Orica y Maxam.

En las intervenciones que la policía y la Sucamec realizaron a un polvorín de Pataz, por ejemplo, se han encontrado explosivos de Famesa.

Además de Famesa y las otras tres firmas nacionales, los mineros ilegales e informales adquieren explosivos de Bolivia. De acuerdo con fuentes consultadas, los materiales obtenidos en el país vecino son de menor calidad, pero los mineros ilegales e informales peruanos se inclinan por esta opción porque el proceso demora menos tiempo que el trámite regular del Perú, de seis a ocho meses en promedio.

Tras la compra, los explosivos deben almacenarse en polvorines, cuyos propietarios o administradores tienen el permiso legal para guardar el material. Aquí es más probable que se dé un desvío hacia la minería ilegal del oro.

“Estamos a favor de la formalización y el concepto que venimos insistiendo es el de la trazabilidad porque tenemos que sacar lo ilegal [de la minería]”.

Víctor Gobitz Presidente de la SNMPE

En esa línea, el general FAP en retiro Rodolfo García Esquerre, alto comisionado contra la minería ilegal del Ejecutivo, afirmó a este Diario que los explosivos terminan “en manos de la minería ilegal porque es evidente que, desde donde se almacenan, que son los polvorines, salen hasta [...] los socavones”.

En algunos casos, los polvorines sobrepasan el límite establecido de almacenaje; en otros, los acopian sin la autorización debida.

“Una parte puede estar siendo derivada a la minería ilegal. No podemos hablar de que todos los mineros en proceso de formalización hagan eso. Sería muy injusto decirlo, pero es evidente que hay una parte que hace eso, y hay otra parte que seguramente está ingresando por contrabando”, dijo García.

En Pataz, donde se da ese problema, hay por lo menos nueve polvorines principales que abastecen 455 socavones. Quienes tienen la autorización para almacenar explosivos utilizan estos lugares para su uso propio o para alquilárselo a mineros que cuentan con Reinfo.

Un asunto por resolver es que en Pataz la Sucamec no desarrolla acciones de control y fiscalización en todos los polvorines y, en aquellos en los que se llevan a cabo, debe hacerse una coordinación previa con sus titulares, según conoció este Diario. Un caso así se dio en el polvorín de Sara Briceño García, quien posee almacenes y tiene registro activo en el Reinfo.

El 12 de abril de este año, la policía solicitó a la Sucamec de La Libertad que dispusiera personal de fiscalización para supervisar polvorines de Pataz. Como parte de esa disposición, el 18 del mismo mes se realizó una inspección en el polvorín de Briceño.

En la supervisión, se reportó que el polvorín no tenía en regla las autorizaciones para almacenar todos los explosivos que había en el lugar, ya que su solicitud seguía en trámite. Por tanto, los fiscalizadores dispusieron incautar el material. Sin embargo, casi cinco horas después de que la inspección empezara, una gerencia de Sucamec emitió dos resoluciones que facultaban el almacenamiento de los explosivos del polvorín. Este trámite, según pudo conocer El Comercio, no podía darse con tanta celeridad.

Un informe de Sucamec de La Libertad sobre la supervisión al polvorín, del 7 de mayo pasado, indica que en un ambiente encontraron 11.475 kilos de hidrogel y emulsión encartuchada (en 435 cajas en total), “cuando la capacidad máxima autorizada para dicho polvorín es de 9.000 [kilogramos]”, que correspondería a 400 cajas.

Además, se detectaron otras medidas de inseguridad, como cajas en contacto con el suelo, cuando deberían estar encima de pallets.

“[Las autoridades nacionales deberían coordinar] con los gobiernos regionales, y no lo hacen por [falta] de liderazgo político, por un tema de gestión”.

Dante Vera Especialista en temas mineros

En Pataz, Briceño y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, también inscrito en Reinfo, son los principales autorizados para adquirir explosivos. Sánchez, cuya familia maneja polvorines, es propietario del hotel Orlando’s de Pataz.

Desde enero del 2023, la policía ha incautado más de 24.000 toneladas de explosivos destinados a la minería ilegal; no obstante, esta labor no es suficiente.

Para el coronel PNP Javier Méndez, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada (Greco) en La Libertad, “cuando la Sucamec verifica una infracción a estos clanes [que operan en la zona] o a estas empresas, inmediatamente se tiene que abrir un proceso administrativo. El proceso administrativo conlleva a lo que es hasta el retiro total de la licencia”. Sin embargo, considera que, en Trujillo, capital de La Libertad, no se realiza ningún tipo de investigación que ayude a combatir el problema.

El auge de esta economía criminal en zonas como Pataz se debe principalmente a la falta de fiscalización de Sucamec de La Libertad y de la sede central y de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de la Libertad, a cargo de César Acuña.

“Así como la fiscalización recae en los gobiernos regionales, también hay una responsabilidad [...] de organismos nacionales como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera, Osinergmin, OEFA. Todos ellos [deberían coordinar] con los gobiernos regionales para que puedan fiscalizar a este tipo de minería. Y no lo hacen por [falta de] liderazgo político, [...] por un tema de gestión y presupuesto del que carecen las direcciones regionales”, señaló a El Comercio Dante Vera, especialista en temas mineros y director de V&C Analistas.