El supuesto dueño de la vivienda atacada con dinamita en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, Roy La Rosa Toro Sánchez, rompió su silencio y acusó directamente a la compañía minera Poderosa de estar detrás del atentado ocurrido el pasado 4 de septiembre.
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En diálogo exclusivo con Latina Noticias, La Rosa Toro, también presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), sostuvo que la raíz del conflicto está vinculada a la disputa por labores mineras en la provincia de Pataz.
“Aunque pongo en riesgo mi vida, debo decir que los responsables son la empresa minera Poderosa junto con sus acopios. Ellos contratan personas para quitarles sus minas a los mineros artesanales”, denunció.
El dirigente aseguró que la dinamita utilizada en el ataque tenía códigos que la vinculaban con la empresa minera. Además, mostró un mensaje extorsivo dejado en la vivienda, donde se le exigía desistir de recuperar la mina en disputa.
Por su parte, la Compañía Minera Poderosa rechazó tajantemente las acusaciones de Roy La Rosa. A través de un comunicado, lamentó los hechos violentos en Trujillo, pero calificó las declaraciones como “infundadas” y sin sustento.
“La investigación oficial ya ha permitido la captura de presuntos responsables, quienes confesaron haber sido contratados por un tercero”, señaló la empresa. Además, aseguró que cumple estrictamente con la normativa sobre control de explosivos y recordó que también ha sido víctima de la violencia generada por la minería ilegal en Pataz.
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Mientras tanto, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo inició una investigación preliminar contra cuatro personas —Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia— por los presuntos delitos de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos.
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Las primeras diligencias incluyen la toma de declaraciones a los detenidos y testigos, así como la revisión de cámaras de seguridad que muestran cómo la potente carga explosiva fue trasladada en una maleta con ruedas hasta el inmueble siniestrado. Las pesquisas continúan bajo la conducción del Ministerio Público y la Policía Nacional.
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