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Loreto: ¿qué está ocurriendo en la Estación 1 de Petro-Perú?

Empresa advierte que si continúa paralización de la instalación portuaria por parte de un grupo de nativos, podría verse afectado el suministro eléctrico de la ciudad de Iquitos

Saramurillo

Población de Saramurilo durante una asamblea en el local comunal. Foto: Archivo).

La empresa estatal Petro-Perú, actual operadora del Oleoducto Norperuano (ONP), informó que desde el 15 de mayo un grupo de personas de las comunidades nativas de San José de SaramuroSaramurillo, ubicadas en el distrito de Urarinas (Loreto), mantiene tomada la instalación portuaria de la Estación 1, acción que ha paralizado el embarque y desembarque del petróleo de esta zona de la Amazonía.

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El traslado de petróleo a través de las barcazas que van por río desde San José de Saramuro (donde está ubicada la Estación 1) hacia la Refinería Iquitos de Petro-Perú, es adicional al traslado que realiza la empresa del crudo a través de los más de mil kilómetros del ONP desde Loreto hasta la Estación 9 en Piura. La Refinería Iquitos es vital porque cubre la demanda de combustible en las regiones de Loreto, San Martín y parte de Ucayali.

El bloqueo de la instalación portuaria además ha detenido la recepción del petróleo proveniente del lote 8 (Yanayacu) operado por Pluspetrol Norte y del lote 67 operado por la empresa Perenco.

peetroperú

Mapa de las estaciones del Oleoducto Norperuano. (Imagen: Petro-Perú).

El bloqueo fue alertado por la empresa a través de un comunicado el lunes 15. Petro-Perú detalló que la población tomó la instalación portuaria que se ubica frente al campamento de la Estación 1, ubicada a unos 15 minutos a pie desde Saramurillo. La empresa calculó que el bloqueo fue realizado por un grupo de 90 personas. 

La petrolera aclaró que lo que permanece bloqueado es la instalación portuaria y no las instalaciones de la Estación 1, donde se almacena y traslada el crudo por el ONP. 

Además, Petro-Perú aseguró que la medida de fuerza fue adoptada de "manera arbitraria e ilegal" y sin que exista un incumplimiento por parte de la empresa. Esto último, referido a los compromisos que han pactado con los representantes indígenas desde hace unos años.

"Por lo contrario, viene desarrollando sus actividades en un marco de diálogo y promoción de la paz social con la comunidad y sus autoridades, y viene implementando los compromisos asumidos: así como, otros programas sociales que forman parte de su política empresarial", señaló la empresa en el comunicado.

Otro detalle que advirtió la empresa, es que el clima de inseguridad generado por el bloqueo podría llevar a suspender el Servicio de Inspección Interna del Tramo I del ONP, que se realiza con raspatubos instrumentados y que debe terminarse en el plazo determinado por los entes fiscalizadores. 

"Petro-Perú solicita la urgente intervención de las autoridades para restablecer el orden social, salvaguardar la integridad del personal de la empresa y sus contratistas. Asimismo, invoca a este grupo de personas a deponer su medida de fuerza y mantener un diálogo respetuoso en beneficio de ambas partes", indicó Petro-Perú en su comunicado.

La empresa precisó a El Comercio que el volumen de crudo que se ha dejado de despachar a la Refinería Iquitos para la producción de combustibles es de 55.200 barriles. Mientras que el volumen de hidrocarburos que ha dejado de recibir la Estación 1 (para que transporte por el ONP) es de 14.400 barriles, además de 41.400 barriles de residual proveniente de la Refinería Iquitos.

De otro lado, Petro-Perú precisó que a la fecha no hay un problema de corte de energía pero advierten que si continúa la paralización sí podría verse afectado el suministro eléctrico de Iquitos.

derrame de petróleo

El distrito de Urarinas es uno de los más afectados por los derrames de petróleo del ONP. (Foto: referencial).

-¿Por qué se genera la protesta?-
Los distritos de Urarinas y Parinari, a una hora en helicóptero desde Iquitos, han sido los lugares más impactados desde el 2016 por los derrames del Oleoducto Norperuano. El 1 de setiembre de ese año, los líderes indígenas de cinco cuencas amazónicas (Pastaza, Corrientes, Marañón, Tigre y Chambira) bloquearon el río Marañón en a la altura de Saramurillo y prolongaron por 117 días la protesta en demanda de mejoras en la salud, educación y remediación ambiental tras los derrames.

Por su ubicación geográfica, Saramurillo se convirtió en el centro de la protesta de las cinco cuencas, debido a que en este sector el río Marañón se estrecha y facilita su bloqueo. Con el cierre del principal afluente de comercio y transporte entre las ciudades más importantes de la Amazonía: Yurimaguas e Iquitos, las comunidades ejercieron presión al Ejecutivo para atender sus demandas.

En los más de 100 días que duró la protesta, la más larga que enfrentó el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, hubo momentos de alta tensión: uno de ellos, el secuestro de un grupo de fiscales y de cuatro marinos por parte de los nativos; y un herido de bala durante un incidente con los transportistas fluviales.

Finalmente, el Gobierno delegó a funcionarios y ministros de Estado la intermediación para terminar con el conflicto, entre ellos la ex titular de Justicia, Marisol Pérez Tello y el ex ministro de la Producción, Bruno Giuffra quien concretó la firma del acuerdo con las comunidades.

El acta que terminó con la protesta incluyó consensos en los siete puntos exigidos, entre ellos, el compromiso de iniciar en el 2017 la remediación ambiental, proyectos de desarrollo alternativo, una auditoría internacional del oleoducto y la instalación de una “comisión de la verdad” que sincere el impacto de 40 años de actividad petrolera.

A partir de ese momento se creó una comisión multisectorial liderada en su momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ahora a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En el marco de los compromisos de la llamada "Mesa de Saramurillo", la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, anunció en febrero de 2018 que el Gobierno invertirá más de S/600 millones en obras a favor de la población de los distritos de Andoas, Parinari, Tigre, Trompeteros y Urarinas en Loreto.

Además se acordó crear un grupo de trabajo para la implementación y seguimiento de los compromisos de Saramurillo. Entre los principales temas estaba el plan de remediación ambiental de los lotes 192 y 8.

La falta de cumplimiento concretos de las demandas de las comunidades generó que la población decidiera bloquear el la instalación portuaria. En la zona hay una comisión del Ejecutivo integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros y los sectores Energía y Minas, Salud, Educación, Cultura y representantes de las empresas Petro-Perú y Pluspetrol. 

Ha trascendido que la población demanda, entre otras cosas, la construcción de una nueva institución educativa, un centro de salud y proyectos de electrificación. La población de Saramurillo es mayoritariamente del pueblo kukama kukamiria y en los últimos años (sobre todo tras los derrames de petróleo) han demandado compensación en salud, educación y la remediación ambiental de las zonas impactadas por la actividad petrolera. 

La comisión del Ejecutivo busca que la población deponga la medida de protesta para retomar el diálogo. 

Este Diario intentó contactar directamente con los dirigentes indígenas, representantes de la Defensoría del Pueblo e integrantes de la comisión en la zona pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota.

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