La crueldad del caso Mila: niegan aborto terapéutico a niña de 11 años embarazada por violación en Iquitos

Una niña de 11 años embarazada por violación, víctima durante por lo menos cuatro años de un agresor a quien denunciaron y nadie detuvo, hoy se encuentra en riesgo mientras el Estado le niega la posibilidad de interrumpir una gestación no apta para tan corta edad. La historia de terror de Mila [seudónimo para proteger su identidad] ocurre apenas dos meses después de que el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños determinara que el Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de Camila, otra niña embarazada por violación a quien incluso procesaron penalmente por abortar.

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El caso de Mila se registra en Iquitos y ha despertado la indignación de familiares, vecinos y organizaciones civiles que exigen justicia y acciones inmediatas. El 4 de agosto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto denegó el acceso de la niña al procedimiento de aborto terapéutico.

Susana Chávez, directora de Promsex, organización que representa a la madre, señala que se trata de una decisión arbitraria porque no considera la condición de muy alto riesgo del embarazo en una niña tan pequeña que podría derivar en daño grave o muerte. “Dicen que el riesgo es leve pese a que tiene 11 años. Solo evalúan la salud mental y señalan que presenta ansiedad leve. Nunca colocan en la historia su edad, solo que es un gestante púber, una gestante muy joven. El médico declara que la niña quiere continuar con el embarazo, pero cuando se les pide evidencias no las dan”, sostiene.

No se está considerando, además, el contexto de violación perpetrada sistemáticamente por el padrastro contra la menor y otros miembros de la misma familia. Hugo González, médico y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Perú, advierte que no solo se vulneran los derechos de Mila sino que se retrocede en el reconocimiento de que estas situaciones, tal como quedó evidenciado en el caso Camila, constituyen violencia por razones de género y un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante. En diálogo con este Diario, González recuerda que se aplica aborto terapéutico porque existe afectación física y psicológica de la menor. La legislación peruana penaliza el aborto salvo cuando es terapéutico para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre.

“No es un embarazo voluntario, es un embarazo forzado derivado del abuso sexual. Más allá de las complicaciones mismas que puedan surgir relacionadas al cuerpo de una niña de 11 años con el desarrollo del embarazo, está la condición de salud mental, que tiene que ver con la afectación de un patrón del abuso. Estamos hablando de una niña de 11 años y por lo tanto debe haber una dimensión diferenciada de lo que es la aplicación [del aborto terapéutico] para una menor de esa edad”, dice.

Al daño físico y psicológico se suma el riesgo de que los abusos se repitan. En este caso, la violación perpetrada por el padrastro ha ocurrido en un contexto extremadamente violento donde la madre también ha sido víctima de abusos y hay evidencias de tocamientos y violación de la hermana menor de Mila, de siete años de edad. Según explica Chávez, el agresor se encuentra libre porque el Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía. “Es inaudito. Lo liberaron porque dicen que no encontraron semen en el cuerpo de la niña. Claro, si tiene 17 semanas de embarazo”, lamenta. Meses antes el padrastro había sido denunciado por tocamientos indebidos pero, mientras se realizaba la investigación, tampoco se ordenaron medidas para proteger a la familia.

“La madre estaba en total indefensión. La fiscalía envío esquelas, que nadie leyó porque no saben leer ni escribir, nadie tomó en serio el problema para asegurarse si el violador seguía allí”, dice Chávez. Recién cuando se identifica un posible caso de embarazo, a inicios de julio, es que se puso en conocimiento de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblacionbes Vulnerables (MIMP) de Iquitos. El problema, añade la abogada y directora de Promsex, es que dicha institución no actuó adecuadamente para garantizar la seguridad de todas las víctimas, desde la madre hasta el hijo menor de tres meses de edad.

“Acusaron a la madre de ser cómplice y le quitaron a sus cuatro niños, incluyendo a Mila. Estuvo un mes sin poder lactar porque separaron a todos los niños. Ya los devolvieron a la madre, pero Mila sigue en manos de la UPE. El problema es que ahí les dijeron que no podía recibir aborto terapéutico porque era un delito”, denuncia.

A solicitud de Promsex, recién fue trasladada e internada en el Hospital Regional de Loreto el 20 de julio pese a que UPE sabía del caso desde el 3 de julio. Un mes después se denegó el aborto terapéutico. Los días son claves considerando que el embarazo avanza mientras se demoran en tomar decisiones. “Desde el inicio se ha vulnerado los derechos de Mila. Ha habido resistencia tremenda a atenderla y tenemos todas las evidencias, grabaciones de las amenazas de parte de funcionarios”, dice Chávez. Promsex ha pedido la reconsideración de la Junta Médica y esperan respuesta.

Este Diario solicitó información al MIMP y al Hospital Regional de Loreto sobre el caso, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Mientras tanto, organizaciones como Unfpa, Unicef y Save The Children han expresado su preocupación por la vulneración de los derechos de Mila y el riesgo ante la proximidad que tiene el agresor frente a su víctima.

Lo que vive Mila no es una historia aislada. Solo de enero a junio, se han atendido 4.031 casos de violación sexual de menores de edad en el país, según estadística de los Centro de Emergencia Mujer. Se trata de por lo menos 22 casos todos los días.

Además, cada año 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú. Si se toma en cuenta información solo de la última década se trata de 2.500 niñas y adolescentes que dieron al luz cuando cursaban la educación primaria. Un reciente informe de EC Data revela que la mayoría de casos se da Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Huánuco.

El trauma que vivió Camila hizo que el CDN de la ONU concluyera que el Estado peruano expuso a una niña a un riesgo real, personal y previsible para su vida y salud. Asimismo, se observó que la menor fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. “En el caso de niñas embarazadas, debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en la niñez”, señalaron. Pese a ello, Chávez señala que nada ha cambiado y el Estado aún no cumple con las recomendaciones de la CDN para que las niñas accedan al aborto terapéutico -el pedido de esta institución es que se despenalice en todos los casos de embarazo infantil-, en particular cuando su vida está en riesgo o han sido víctimas de violación o incesto.

“Todos los considerandos que se dieron para Camila se volvieron a repetir en Mila, por eso la llamamos así, porque se repitió todo. Nada nos garantiza que esto esté pasando todos los días. Ninguna autoridad de más alto nivel he hecho nada. El Ministerio de Salud no ha mandado hasta ahora una directiva respecto a la sentencia del caso Camila ¿cuántos cursos de capacitación han habido para aplicar una guía de aborto terapéutico que existe desde el 2014?”, dice.

De acuerdo con Hugo González, el personal que negó el derecho de aborto terapéutico a Mila podría ser sancionado penalmente por omisión de funciones. “En línea con lo establecido en principios más generales como los derechos humanos, cualquiera sea el argumento que se exponga de parte del personal de salud, el objetivo principal debe ser garantizar el acceso de mujeres y niñas al tratamiento de manera oportuna. Los derechos humanos no deben supeditarse a aspectos administrativos, de cualquier índole. Y la sanción al proveedor, en cada caso, deberá ser procesada administrativa y penalmente como corresponde a las autoridades responsables de investigar”, indicó.