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ÓSCAR CASTILLA C.
Entre el 2011 y el 2013, los organismos de inteligencia policial, financiera y aduanera se alarmaron por el aumento de exportadoras de oro que, desde Lima, Puno y Madre de Dios, enviaban toneladas de metal de la minería ilegal a refinerías de Suiza, EE.UU., Italia, Emiratos Árabes Unidos y la India.
El Comercio centró su investigación en una de las mayores exportadoras de oro del Perú: Comercializadora de Minerales Rivero. La empresa, creada en el 2013 por Miguel Rivero Pérez, de 34 años —un empleado técnico sin recursos económicos—, despachó en solo siete meses 4,5 toneladas de oro (valorizadas en US$165 millones).
Sin embargo, la última de sus cargas (316 kilos de oro) cayó con otras en una operación de Aduanas de la Sunat a fines del 2013. Entonces intervinieron la cifra récord de media tonelada de metal ilegal, tal como reveló El Comercio la semana pasada. Así empezó la historia del primer ‘secuestro’ de oro registrado en la memoria aduanera.
La alerta surgió cuando los agentes conocieron a Miguel Rivero, quien reclamó el oro en calidad de dueño de Minerales Rivero. Este hombre, en teoría un empresario, ya que también figura como propietario de Minerals Gold MPP (con la que exportó toneladas de metal en el 2013), no logró sustentar el origen de la carga confiscada.
EL TREMENDO JUEZ DE UCAYALI
Días después de la intervención, los operadores de la exportadora, ubicada en un pequeño local de Miraflores, viajaron inexplicablemente hasta Pucallpa para interponer una medida cautelar y lograr la devolución del oro. El caso llegó al juez de un poblado de Ucayali, Wenceslao Portugal, quien acogió la demanda y ordenó a Aduanas entregar el metal inmovilizado.
El juez además exigió que Aduanas le diera tiempo a la empresa para demostrar el origen lícito del metal. No contento con eso, se internó en una clínica y luego desapareció de su despacho tras recibir la apelación de la Sunat. Al no lograr su objetivo, el 17 de diciembre del 2013, la exportadora denunció ante la fiscalía a seis funcionarios por desacato y apropiación.
Un día después —y mientras los agentes se preguntaban qué poderosa fuerza estaba detrás de Minerales Rivero— apareció en el local de Aduanas el fiscal del Callao Roger Rodríguez Rojas con un equipo de policías, dos abogados —Blanca Paredes y Renán Galindo (ex defensores de acusados por crimen organizado y corrupción)— y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez.
Todos ellos son considerados operadores legales de una persona en la mira de la Procuraduría de Lavado de Dinero y de la Fiscalía de Crimen Organizado: Rodolfo Orellana Rengifo, por blanqueo de activos de diferentes actividades delictivas.
FUERZA DE CHOQUE
El objetivo de este equipo —que con el aval del fiscal filmó a los aduaneros para intimidarlos— era ‘secuestrar’ el metal, pero no lo lograron. El intento fallido motivó que iniciaran una campaña de desprestigio arrojando folletos cerca de las casas de los funcionarios, en los que los acusan de corruptos.
Para entonces, Aduanas y la Procuraduría de Lavado de Dinero habían logrado el embargo por deuda tributaria de la mitad del oro intervenido e iniciado el proceso para incautar de forma definitiva la carga restante, que estaba en el almacén de la empresa aduanera Talma.
Al darse cuenta, el grupo de la abogada Blanca Paredes volvió a la carga, pero con el apoyo de la asistenta judicial del Callao, Doris Vega; el comisario de Sarita Colonia, capitán Pedro Llontop (vinculado con Óscar López Meneses); y el jefe de la USE Callao, comandante Emilio Cabrera. El 3 de enero, todos ellos, con policías en tres patrullas y guardaespaldas en otros 10 autos, ingresaron a Talma en el Callao.
La organización, gracias al fallo de Ucayali, cargó el metal (incluso la parte embargada por la Sunat) y se retiró del lugar en solo una hora. Cuando Aduanas recibió la noticia, el ‘secuestro’ de los 316 kilos de oro (cotizados en US$11,2 millones) ya se había perpetrado.
