Matrimonio infantil: el proyecto de ley, las cifras y razones que contradicen las declaraciones del congresista Balcázar

En el Perú, a la fecha, las personas desde los 14 años pueden casarse con autorización de sus padres. Esta preocupante realidad ha llevado a que decenas de miles de niñas y adolescentes padezcan por matrimonios y uniones forzadas, lo que las hace más vulnerables a ser víctimas de violencia.

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Entre los años 2013 y 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha documentado un total de 4 mil 357 casos de matrimonios con menores de edad. De esta cifra, el 98,4% corresponde a uniones de niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años con hombres adultos. Lo más alarmante fue el pico de 845 matrimonios infantiles alcanzado en el año 2020, en plena crisis de la pandemia.

En tanto, si se toma en cuenta solo los matrimonios registrados en la última década por Reniec que involucran a menores de 16 años, la cifra es de 464. De este total, seis corresponden a matrimonios de niñas de 11, 12 y 13 años de edad, lo cual resulta extraño ya que se trata de uniones ilegales.

Un informe de ECData, publicado en mayo pasado, ya daba cuenta de esta situación. Tras acceder a las cifras de matrimonios registrados por el Reniec desde el 2012, pudo constatar que, en promedio, cada año se registran 27 uniones con menores de 16 años. Asimismo, según lo registrado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2021, una de cada tres mujeres se casó o se unió a su pareja cuando era adolescente.

Cabe mencionar que Lima encabeza la lista de regiones con mayor número de matrimonios con menores de edad registrados. Le siguen Loreto, Callao, Piura y Lambayeque.

De acuerdo al Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA), hasta el 2022, más de 56 mil adolescentes vivían en matrimonios y uniones tempranas y forzadas. El 82% corresponde a adolescentes mujeres, proporción cuatro veces mayor que la de hombres (17%).

Antes de 1999, la edad mínima para contraer matrimonio era de 14 para las mujeres y 16 para los hombres. En aquel mismo año, se intentó “corregir” la norma y se estableció que la edad mínima para tal hecho sería excepcionalmente de 16 años, sin importar el género y previa autorización de los padres.

Dicha disposición permaneció tal cual hasta el 2018, año en el que, mediante el Decreto Legislativo N°1384, se modificó el artículo N°42 del Código Civil, y se regresó nuevamente a los 14 años como la edad de consentimiento para contraer matrimonio. De esta forma se abrió una puerta legal para que niñas sean forzadas a casarse con adultos que habían abusado de ellas.

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Es así que llegamos a setiembre del 2022, fecha en la que la congresista no agrupada Flor Pablo presentó un proyecto para revertir el citado Decreto Legislativo y suprimir de la legislación cualquier posibilidad que permita el matrimonio infantil. Nueve meses después, el pasado 23 de junio, con 15 votos a favor y una abstención, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el predictamen.

Este informe preliminar, que propone la prohibición del matrimonio para menores de edad, recoge los proyectos de ley N° 1523 y 3194, presentados tanto por Flor Pablo como por el parlamentario Luis Aragón de Acción Popular.

Con esta medida se busca modificar los artículos 42, 46, 241, 243, 244, 247 y 248 del Código Civil peruano aprobado por el Decreto Legislativo Nº 295, para señalar que el matrimonio solo se efectúe desde la mayoría de edad: (...) “toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio y ello incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”.

El predictamen también propone modificar el artículo 46 del Código Penal, el cual actualmente establece que la incapacidad de las personas mayores de 16 años se levanta cuando obtienen un título oficial que les permite ejercer una profesión u oficio.

La congresista Flor Pablo explicó que esta es una realidad alarmante, por lo que es necesario modificar el Código Civil para prohibir este tipo de uniones.

“En el año 2018 se modifica el artículo 42 del Código Civil, lo que generó una puerta abierta al matrimonio de adolescentes de 14 a 16 años. Eso significa que se truncan proyectos de vida y perjudica principalmente a las mujeres porque son obligadas a estar con hombres mayores, incluso con diferencias de 15 o 30 años. Significa que abandonan sus estudios, significa pobreza”, dijo ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Es necesario mencionar que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la directora general de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, también presentó una propuesta normativa con el mismo objetivo que el predictamen aprobado.

Si desde ya es absurdo que las leyes peruanas no garanticen el desarrollo sano de la niñez al permitir el matrimonio con personas mayores, el argumento de un grupo de congresistas que avalan esta situación y se oponen al proyecto que busca eliminar la unión con menores resulta realmente perturbador.

Según Flor Pablo, diversos legisladores alegaron que en diferentes zonas indígenas del país, el matrimonio temprano es considerado una tradición cultural arraigada. Asimismo, indicaron que esta medida podría afectar los derechos de los hijos de padres adolescentes y limitar el acceso a los bienes patrimoniales de parejas que deseen casarse y que ya se encuentran en una unión.

“No es una costumbre, es una práctica. Las propias mujeres indígenas rechazan estas uniones”, dijo al respecto la legisladora Flor Pablo.

Una de las opiniones en contra del predictamen que causó indignación fue la proferida por el parlamentario José Balcázar, de Perú Bicentenario, quien se abstuvo de votar y brindó una serie de argumentos supuestamente a favor de la unión con menores de edad.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. En las ciudades grandes, las uniones de hecho y las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, comentó el congresista.

En otro momento de su intervención, Balcázar volvió a referirse a la supuesta “evidencia científica” que existe sobre los “beneficios” de las relaciones sexuales entre mujeres adolescentes y hombres adultos.

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“La medicina legal ha confirmado que las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico de la mujer. Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. Lo ha demostrado la psicología y criminología: cuando no hay violencia, son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofísico de las personas. Sugiero que este proyecto vuelva a ser estudiado”, expresó.

En tanto, Jorge Morante (Fuerza Popular) y Gladys Echaíz (Renovación Popular), entre otros legisladores, mostraron su disconformidad con el predictamen recientemente aprobado y señalaron que las uniones de hecho de menores de edad son comunes en estos tiempos y más aún en comunidades del interior del país.

Echaíz hizo referencia al origen cultural de estos matrimonios y que la realidad del Perú es que los menores forman familias “desde temprana edad”. La parlamentaria resaltó que este tema debería ser abordado mediante políticas públicas de manera preventiva, mas no en la limitación de derechos de la persona.

“Negar esa realidad o imponer que se modifique a través de un mandato legal es medio complicado. Eso es materia de políticas públicas de manera preventiva, que tienen que ver con la familia, la escuela, etcétera, pero no en la limitación de derechos de la persona. “¿Qué pasaría si la pareja vive con normalidad, pero por la ley estarían impedidos de casarse? [La mujer] no podría pedir alimentos, ni suceder en caso de muerte de su concubino; no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz de la unión de hecho”, argumentó.

Por su parte, Morante también tomó la palabra y señaló que la propuesta sería viable para menores “con dispensa judicial, debidamente justificada, para poder contraer matrimonio”, pues a partir de los 16 años “ya hay buena capacidad de discernimiento”. “En otros países ya se está pensando, y en algunos ya se aplica, la disminución de la mayoría de edad a 16 años, aunque no es común todavía”, anotó.

Unicef explica que el matrimonio infantil es “el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada”. Aunque es verdad que es una práctica que se continúa registrando en varios grupos de la sociedad, no debería reducirse a simples costumbres.

“Con frecuencia, las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y sus amistades, así como restringir su participación en su comunidad, de modo que su bienestar físico y psíquico se ve gravemente afectado”, precisa.

Por su parte, la UNFPA ha señalado que el matrimonio infantil es una práctica calamitosa para las comunidades y las sociedades en su conjunto, pues encierra a las niñas casadas y sus familias en un ciclo de pobreza que puede prolongarse por generaciones. “Poner fin al matrimonio infantil, es decir, permitir que las niñas terminen la escuela, retrasen la maternidad, encuentren trabajo decente y realicen su potencial, podría generar miles de millones de dólares en ingresos y productividad, según han revelado diversas investigaciones”, sostuvo.

En tanto, Edith Arenaza, abogada de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), dijo a El Comercio que según la estadística que existe en nuestro país, el matrimonio infantil es usualmente una práctica que tiene como fin el cubrir casos de violaciones sexuales en contra de menores de edad.

“En algunas comunidades se ve como una solución, se utiliza como forma de “arreglo” para tapar el agravio. Sin embargo, lo que hace esta práctica es revictimizar a las víctimas de violencia sexual y encubre una violencia de genero también”, explicó.

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Arenaza detalló que de acuerdo a los comités de los derechos humanos estos actos son considerados “tortura”, porque de manera forzada junta a la menor con su agresor sexual. Además, una vez contraído el matrimonio las adolescentes pueden quedas embarazadas, lo que repercute en pérdidas de oportunidades a nivel de educación y desarrollo personal.

“El matrimonio infantil es una vulneración de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Es una práctica contraria a los derechos humanos”, resaltó la experta.

Respecto a las declaraciones del congresista Balcázar sobre el matrimonio infantil y su intento por justificarlo, Arenaza señaló que sus palabras “demuestran de manera muy clara cómo estamos a nivel social respecto a la normalización de la violencia contra la mujer”.

Al igual que sucede con el matrimonio infantil, varios congresistas con marcada tendencia conservadora han sido severamente cuestionados por estar a favor e incluso impulsar normas que vulneran los derechos de niñas, adolescentes y adultas. Algunas de estas son la eliminación de la educación sexual integral en el currículo escolar, el reconocimiento de los derechos del concebido y el rechazo a la despenalización del aborto en caso de violación sexual.

Edwin Martínez, de Acción Popular, se mostró a favor de que una mujer que resultó embarazada producto de un abuso sexual continúe con el proceso de gestación porque consideró que ello la ayudaría psicológicamente. El parlamentario sostuvo que el aborto perjudica a la víctima tanto como lo hace la violación sexual.

“Un niño puede sanar esas heridas, esas cicatrices dejadas por algunos malditos violadores que hacen daño a muchas niñas; pero nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un niño que está siendo concebido en el vientre de una madre”, dijo.

Respecto a este tema, vale decir que de acuerdo al UNFPA, entre los años 2020 y 2021 se registraron más de 1.400 nacimientos con madres de 10 a 14 años.

Además, hablar de maternidades forzadas es también hablar del caso de Camila, una niña indígena que fue violada y obligada a continuar con su embarazo a sus cortos 13 años. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que el Estado peruano violó sus derechos por no garantizarle acceso al aborto.

Por otro lado, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido consultado de forma recurrente sobre su posición frente al aborto. En el 2021, cuando era candidato a la presidencia de la República, respaldó la idea de que las víctimas de violencia sexual den a luz a sus hijos, aunque esta no sea su voluntad.

“Lo que yo estoy planteando es que se haga lo de otros países. En España, por ejemplo, a una niña violada se la manda a un hotel de lujo con todas las atenciones del caso y los gastos son pagados por el Estado, aunque también está la opción privada. A los nueve meses, la niña decide si quiere quedarse con el bebe. En el Perú hay más de 200 mil parejas que no pueden tener hijos y que están buscando adoptar niños. Entonces, hay que darles esa oportunidad, no matemos a las criaturas”, indicó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó lo dicho por el legislador José Balcázar (Perú Bicentenario) durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso momentos antes de pasar a votar por el informe preliminar que busca la eliminación del matrimonio infantil.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad, indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición. Todas y todos debemos actuar juntos para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de tales derechos y promover una sociedad que los proteja”, tuiteó la ministra Nancy Tolentino.

En tanto, en entrevista con TV Perú, la ministra de la Mujer calificó de terrible el argumento dado por el congresista Balcázar para tratar de justificar el matrimonio infantil. “Es una barbaridad que un congresista se exprese de esa manera. Me gustaría saber cuál es la evidencia científica para poder hacer tal afirmación”, dijo.

Por otro lado, informó que desde el Ejecutivo se viene trabajando un proyecto de ley con el propósito de prohibir el matrimonio infantil. Detalló que este viene siguiendo su curso para ser aprobado por el Consejo de Ministros y presentarlo entonces al Congreso. “Nos unimos a las congresistas que presentaron estas iniciativas. En nuestro proyecto también abrimos un espacio para un mecanismo ciudadano, a fin de que cualquier persona que tenga concomiendo de una unión o matrimonio de una niña con un adulto pueda denunciarlo, porque se trataría de un delito penal, en muchos casos se estaría encubriendo una violación”, indicó.

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En tanto, las extitulares del MIMP, Gloria Montenegro y Ana Jara, también se manifestaron al respecto y resaltaron que estas uniones violan los derechos humanos fundamentales de los menores. Jara, incluso, mencionó que pueden verse “como una violación presunta, porque en materia penal (al menos doctrinalmente), así hubiera consentimiento es considerado delito y ella (la adolescente) como víctima por la vulnerabilidad de su edad”.

“¿Tan tardos de entendimiento son algunos de nuestros legisladores y jueces?, ¿cómo pueden autorizar el matrimonio con la consecuente vida íntima entre una niña y un adulto, que muchas veces les dobla la edad?”, cuestionó Jara.