Contraloría: identifican perjuicio económico de S/ 5 millones en obra del río Piura tramo II

La Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de S/5 millones por sobrevaloración de precios en los trabajos de defensas ribereñas del río Piura tramo II, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración, cuya finalidad es proteger a las poblaciones de las ciudades de Piura y Castilla de una nueva inundación, como la ocurrida hace cuatro años.

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En un comunicado, la entidad indicó que se hallaron otras irregularidades que involucran a un total de 23 funcionarios y exfuncionarios de la anterior y actual gestión del Gobierno Regional de Piura.

“Como parte de las intervenciones del megaoperativo de control en la región Piura, se emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 13799-2021-CG/GRPI-AC, que fue comunicado al gobernador regional para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de funcionarios y exfuncionarios. Además, de verificar el cumplimiento efectivo de la ejecución de la obra”, expresó la Contraloría.

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“De los 23 funcionarios y exfuncionarios con presunta responsabilidad administrativa, 17 también tendrían responsabilidad penal y 5 responsabilidad civil. El informe se ha puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales”, agregó.

Incremento de costos y perjuicio

En la auditoría se identificaron ocho observaciones en el periodo comprendido, entre el primero de setiembre de 2017 al 5 de marzo de 2021, respecto al procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra.

De acuerdo con el informe, en el 2017, el comité de selección otorgó la buena pro al margen de la normativa a un postor único que no acreditó los requisitos de calificación, como experiencia del plantel profesional y experiencia en obras similares, para elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos conforme a las bases integradas. Esto benefició al ganador de la buena pro con un contrato de más de S/41 millones sin contar con la carta fianza de fiel cumplimiento.

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La comisión de control determinó que funcionarios del Gobierno Regional de Piura aprobaron el expediente técnico de las defensas ribereñas con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II o Eguiguren. Incluso, hubo sobrevaloración en los precios unitarios del rubro maquinarias, lo cual generó un incremento del presupuesto de la obra en más de S/21 millones, la extensión del plazo contractual (54 días), mayores gastos generales y la inaplicación de penalidades.

Esta situación ocasionó un perjuicio económico de S/5.255.581.50 debido a una sobrevaloración de los precios unitarios de las maquinarias utilizadas, como volquetes, cargadores y excavadoras sobre orugas. También se sobrevaloraron precios en trabajos de enrocados de protección, construcción y mantenimiento de caminos de acceso. La obra continúa en ejecución.

En el informe también se observa la actuación irregular de funcionarios en la aprobación y pagos por trabajos no ejecutados que beneficiaron al contratista con más de S/6.6 millones, en la suscripción del contrato para la supervisión de la obra, en el consentimiento de solicitud de ampliación de plazo improcedente, en las contrataciones de locadores de servicio para la supervisión de los trabajos y en la aprobación de la intervención económica a la obra con el plazo de ejecución contractual vencido.

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Finalmente, la comisión de control determinó un incumplimiento de las condiciones para otorgar la contratación directa por situación de emergencia a la supervisión y ejecución del saldo de obra en este año. Además, no se cumplió con la entrega de los documentos obligatorios para la presentación de la oferta y suscripción del contrato. Esta situación benefició a dos proveedores con la adjudicación de contratos por la suma de S/51.714.350,54, afectando la legalidad, eficacia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas.

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