El gobernador de Piura, Servando García, es investigado por la fiscalía por la designación de altos funcionarios que no contaban con las credenciales académicas requeridas.
El gobernador de Piura, Servando García, es investigado por la fiscalía por la designación de altos funcionarios que no contaban con las credenciales académicas requeridas.
Carlos  Chunga

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura dispuso abrir investigación preliminar al gobernador regional de Piura, Servando García Correa, por presuntas irregularidades en la designación de altos funcionarios que no cumplían con los requisitos académicos. La autoridad fue citada para que rinda su declaración, pero no asistió.

Según la carpeta fiscal N° 180-2019, la investigación alcanza a otras seis personas, entre funcionarios y ex funcionarios. Los delitos materia de la investigación son nombramiento o aceptación indebida para el cargo público, previsto en el artículo 381° del Código Penal; y falsedad ideológica, previsto en el artículo 428 ° del mismo documento. 



La denuncia fue interpuesta por el abogado José Alvarado, quien sostuvo que Servando García hizo caso omiso a los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Piura al designar a sus funcionarios de confianza. “Eso fue de conocimiento público desde que inició la gestión regional, y se lo hice saber a la Contraloría General de la República, que el 10 de enero le advirtió al gobernador que debía cumplir el MOF y el ROF. Pese a ello, siguió con sus designaciones cuestionables”, dijo Alvarado a El Comercio.

La denuncia alcanza a Arnaldo Arévalo Nizama, ex director regional de Agricultura; Pedro Peña Maraví, ex gerente del Proyecto Alto Piura; y Marcial Cunia Chinguel, ex gerente del Proyecto Especial Chira-Piura. A los tres se les cuestiona el hecho de no tener el grado académico de ingeniero para ejercer los cargos.

También alcanza al actual director de Educación, Fabriciano Cunya Aguilera, quien solo tiene el grado de bachiller y no de licenciado en Educación, como lo exige la norma.

Además, la investigación implica al gerente regional, Jesús Torres Saravia; el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Nelson Navarro Jiménez; y a la secretaria general, Cinthia Araujo Aponte. “Ellos habrían incurrido en incumplimiento de funciones al no advertir las presuntas irregularidades en la designación de los cargos”, indicó José Alvarado.

En tanto el gobernador Servando García también habría cometido el delito de falsedad ideológica al haber firmado hasta diecisiete resoluciones ejecutivas como "doctor", grado académico que no ostenta.

En su defensa, García Correa desestimó la denuncia en su contra alegando que “no hubo nombramientos, sino designaciones, que es distinto”. Añadió que los otros investigados “ya no están en sus cargos, solo se mantiene el director de Educación”.

“Yo espero que la investigación se haga con objetividad y se concluya que no hay nada irregular, porque no hemos actuado de mala fe, sino con la voluntad de servir al pueblo”, declaró a El Comercio.

Además, se justificó de no haber asistido a declarar a la Fiscalía señalando que viajó a la provincia de Huancabamba, y no pudo retornar a tiempo por la crecida del caudal del río Serrán. “Mi abogado está al tanto de eso, asistiremos en la próxima citación”, agregó.

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