(Foto: Ralph Zapata)
Piura

A las culebras que descubrió Magdalena Santos en su carpa, siguieron las constantes noticias de desalojo. La mujer, de 22 años y con una hija por cuidar, pensó entonces que las cosas no podrían marchar peor.

Tres meses antes, el río Piura la había obligado –a ella y a otros miles de moradores de su natal Pedregal Grande, en el distrito de Catacaos– a buscar un lugar en el campamento de San Pablo: un arenal donde hoy sobreviven en carpas y bajo el rumor constante de que van a ser echados. “Nos han dicho que debemos salir de aquí, que tenemos un plazo de 15 días para hacerlo. Nos vamos a ir a los lotes, más atrás, donde todo es tierra. Allí estamos levantando un rancho con esteras y palos”, dice Magdalena.

Cerca de ella, Baltazar Valverde –de 86 años– aclara que ni él ni su familia volverán a Pedregal Grande. Que de regresar a su pueblo, se inundarían si llueve igual que este año. “Vengo de armar mi chocita en un nuevo lote [de unos diez por quince metros]. Pero aún necesitamos vivir en las carpas porque el material está caro y escaso”, agrega.

—Módulos vacíos—
Los lotes a los que se refieren ambos damnificados de El Niño costero fueron entregados, semanas atrás, por la Comunidad Campesina de Catacaos. “Les donamos esos lotes para que construyan unas 600 casas. Nosotros no los apuramos a que dejen sus carpas [en San Pablo], porque entendemos que no tienen nada”, señala Vicente Ipanaqué, presidente de la comunidad.

Sin embargo, precisa que el terreno donde se han instalado las carpas de los damnificados es propiedad de la Junta Administradora de Agua de San Pablo. “Seguramente, ellos quieren botarlos porque planean construir un local”, concluye Ipanaqué.

En San Pablo, las tragedias se suman, igual que las contradicciones. Así lo entiende Magdalena al observar los 15 módulos prefabricados que ha colocado el Ministerio de Vivienda en la zona. Llevan allí más de dos meses instalados, pero sin uso alguno. Son parte del lote de 470 módulos que instalará el sector para las familias damnificadas de la región.

—Palabra de ministro—
Consultado sobre el tema, el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, sostiene: “Los módulos tienen que asignarse a las familias que están allí [en San Pablo] y que los necesiten. Vamos a resolver eso, ya lo estamos coordinando”. No precisó cuándo lo harían.

Agrega que los damnificados seguirán viviendo en carpas hasta que se les construya una vivienda definitiva. “Hay que entender que en los albergues solo deben quedarse las familias que no puedan regresar a sus viviendas. A quienes les vamos a reconstruir su casa, ya deben regresar”, añadió.

El proceso depende del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), que realiza una estimación de las zonas de riesgo en Piura. Este análisis estará listo en agosto, cuando finalmente se sabrá cuántas viviendas deberán ser reubicadas. En esta región norteña, El Niño costero dejó unas 3 mil viviendas colapsadas y otras 11 mil inhabitables.

El ministro Trujillo aseguró a este Diario que se reconstruirá el 100% de los inmuebles destruidos. Para ello, explicó que –en las próximas semanas– se publicarán las disposiciones que definan los requisitos, plazos y montos de los bonos para las viviendas definitivas. Cada uno de los inmuebles que serán reconstruidos, que podrían erigirse desde octubre, tendrá una extensión de 40 m2.

POSTURA LOCAL
Los alcaldes de Piura, Castilla, Paita, Catacaos y Tambogrande dijeron que se sienten relegados del proceso liderado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC).

BUSCAN ENCUENTRO
Estas autoridades piuranas han acordado invitar a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la RCC, para que les explique la situación del proceso.

MOVILIZACIÓN
Asimismo, han convocado una marcha para el 20 de julio contra “la centralización de los recursos económicos para la reconstrucción de Piura” tras el paso de El Niño costero.

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