‘Plan Boluarte’ o ‘Con Punche Seguridad’: ¿de qué trata cada propuesta relacionada a seguridad ciudadana de los diversos ministerios?

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se presentó este martes ante el Congreso de la República para solicitar facultades legislativas en lo que respecta a la seguridad ciudadana. A fin de combatir de manera más efectiva la delincuencia, el Ejecutivo indicó que el presupuesto supera los S/1.500 millones y contempla el reforzamiento de la vigilancia y al sistema informático que permite una identificación rápida de los delitos. En declaraciones a la prensa, el premier nombró parte de la estrategia ‘Con Punche Seguridad’ como “Plan Boluarte”.

Otárola se presentó acompañado por parte de gabinete ministerial a la Comisión de Constitución del Congreso. Ahí solicitó facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana por un lapso de 120 días, como mencionó la presidenta Dina Boluarte en su discurso de 28 de julio con el Proyecto Legislativo (PL) 5632/2023-PE.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, indicó que para llevar a cabo este proyecto se necesita una inyección importante de recursos. Es así que la directora general de Presupuesto Público, Jessica Camacho, señaló que el presupuesto para orden y seguridad supera los S/ 1.500 millones. Este PL presentado por el ejecutivo contempla un total de 50 Proyectos de Decreto Legislativo (DL) de los cuales 33 son para seguridad ciudadana, 6 para gestión de riesgo y desastres por fenómeno del Niño Global y 10 para infraestructura social y calidad de proyectos y uno para meritocracia.

Los ministerios involucrados con los temas de seguridad social son el Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Justicia (Minjus) y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Mininter es el sector con más iniciativas.

El Mininter resaltó las mayores problemáticas, en cuanto a seguridad, que vive el país actualmente: delincuencia común, crimen organizado, criminalidad transnacional, presencia de terrorismo, crisis migratoria, conflictividad social, mercado ilegal de armas y alteración del orden en fronteras. Además, indicó que de diciembre del 2022 a mayo del 2023 el 68,6% de victimización a nivel nacional es por robo de dinero, cartera y celular; de este porcentaje el 80% corresponde al robo de celulares. Según Osiptel, en el Perú se roban 4.734 por día.

Ante esto, una de las principales iniciativas es mejorar la normativa del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (Renteseg), suspender las líneas empleadas por la delincuencia y ampliar los supuestos de receptación de equipos robados. Para esto se modificará la normativa que crea el Renteseg el cual estará orientado en la prevención y combate de comercio ilegal de equipos móviles. Asimismo, contemplar medidas frente a las llamadas extorsivas, mensajes de estafa y defraudación.

PUEDES LEER: Bukele no es un ejemplo a seguir

Otra medida legislativa del Ejecutivo es crear la Central Única de Emergencia 911 y regular la participación de las entidades de primera respuesta. Para eso se deberá establecer un número único y un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la central única.

César Ortiz, analista de seguridad y presidente de Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), indicó que la central única es una propuesta positiva para la ciudadanía porque habría interconexión en tiempo real con todos los actores de la problemática como serenos, comisarías, policía, etc. Sin embargo, esto se ha intentado hacer tres veces en los últimos ocho años y “no se dio porque había corrupción”. “Mejorar las condiciones es perfecto, pero hay que ver que sea una compra sin corrupción”, indicó.

Otra de las iniciativas del Mininter involucra la lucha contra la violencia hacia la mujer. Recordemos que las cifras son graves, hasta julio del 2023 se registraron 96 casos de feminicidio y 157 tentativas de feminicidio. Además, son 243 acusados de feminicidio con órdenes de detención, de los cuales 33 están en la lista de más buscados con recompensas. Con esta propuesta se busca regular la imprescriptibilidad de la requisitoria de un agresor y establecer mecanismos ágiles para la búsqueda de personas desaparecidas. Se pide modificar el DL 957 para que las requisitorias en casos de delitos contra las mujeres o integrantes del grupo familiar no caduquen hasta la efectiva detención del requisitoriado.

Modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal es otro punto en la línea de acción contra la delincuencia y crimen organizado. Mininter espera fortalecer la actividad de investigación del delito por parte de la Policía, así como optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de los operadores de justicia. Sobre este punto, Ortiz explicó que es importante que haya ampliación de investigación policial y que esta vuelva a la Policía y no sea trabajo de la Fiscalía. “La Fiscalía no ha hecho un buen trabajo”, sostuvo y agregó que no tiene las mismas habilidades que la policía para entender los delitos.

En total, el Mininter cuenta con 21 líneas de acción para luchar contra problemáticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, según explicó Frank Casas, politólogo y experto en seguridad ciudadana, las medidas legislativas presentadas no tienen un carácter preventivo si no sancionador. “Las medidas son importantes porque se basa en delitos acotados, pero las soluciones que proponen son poco ambiciosas y en algunos casos medidas incompletas”, dijo. Explicó que el discurso de Otárola tuvo un enfoque mucho más preventivo, pero esto no se ha visto reflejado en las medidas legislativas.

Como parte de plan de seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia presentó dos proyectos: DL para promover el deshacinamiento penitenciario y el DL que crea el procedimiento administrativo disciplinario inmediato. Según la misma cartera, el hacinamiento carcelario a junio de este año alcanzaba el 105% y con una sobrepoblación del 125% respecto a la capacidad de albergues de los establecimientos penitenciarios.

Ante esto, la primera propuesta es de ampliar el acceso a la medida de vigilancia electrónica personal, conocida como grilletes electrónicos. Actualmente, solo funcionan 46 dispositivos. El Minjus plantea la variación automática de la medida de prisión preventiva por comparecencia con restricciones bajo vigilancia electrónica personal, de igual manera conversión automática de la pena efectiva por la vigilancia electrónica en supuestos específicos y a determinados sujetos condenados. La aplicación de esta medida sería para delitos de menor lesividad, según indicaron.

En esa línea, Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó a El Comercio que esto se implementará por fases. Llaque explicó que en Lima actualmente hay 500 presos procesados por hurto que todavía no están condenados. Entonces, para la primera fase se debería disponer la excarcelación de estos para que pasen a una vigilancia electrónica personal a cargo del INPE. “Con la primera fase queremos demostrar la eficacia de este sistema, para luego ir a una segunda y tercera fase. Tener entre 3 mil o 5 mil grilletes”, dijo Llaque.

Agregó que luego de probar la eficacia, la segunda fase sería con personas condenadas con delitos leves con penas muy bajas, como dos años. “Sería con condenados por delitos leves que salgan bajo vigilancia electrónica personal, (...) pero que de ninguna manera afecte a la seguridad ciudadana”, sostuvo el presidente; un ejemplo son los conductores en estado de ebriedad. El INPE aseguró que se están analizando con detalle los supuestos específicos que van a ser aplicables al uso de grilletes, para que la medida no afecte a la ciudadanía, pero funcione para deshacinar los penales.

El presidente del INPE indicó que está bien trabajar todas estas medidas para mejorar la situación, pero no se debe dejar de lado la prevención del delito. Explicó que el INPE ha determinado seis factores de riesgo que pueden llevar a una persona a terminar presa. Algunos de ellos son violencia en el núcleo familiar, abandono del hogar antes de los 15 años, pandillas en el barrio, no haber terminado la secundaria, etc. Es indispensable que se trabaje de manera intersectorial para atacar estos factores, puntualizó.

Así como el Mininter propone fortalecer el control y fiscalización sobre los vehículos menores como taxis y delivery por aplicativo, el MTC ha anunciado lo mismo. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, presentó cuatro proyectos de decretos legislativos con el fin de “garantizar la seguridad vial e integridad de las personas que utilizan taxi”.

La ministra solicitó facultades para incorporar a las empresas que ofrecen el servicio de taxi por aplicaciones a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que las obligaría a inscribirse en Sunarp, contar con RUC, estar domiciliadas en Perú y autorizadas por el MTC. Asimismo, ser fiscalizadas por la Sutran y someterse a un régimen de infracciones y sanciones.

Por otro lado, Lazarte planteó la necesidad de regular la actividad de delivery, esto permitiría una fiscalización y sanción por parte de las municipalidades, obligación de validar a diario la identidad del conductor antes de prestar servicio y la aprobación de un protocolo de intervención entre la Policía y las comunas.

Ante esto, Frank Casas resaltó que es necesario conocer la evidencia de esta medida ya que no se sabe si las cifras asociadas al delito de robo y hurto están vinculadas a taxis por aplicativo y delivery. “En la práctica es generar mayor burocracia para quienes van a ser conductores. Ejercer mayor control de una persona que podría generar un tipo de delito, pero muchos de los delitos no solo están relacionados con taxistas, sino con un gran sistema económico de mercados como celular, laptop u objetos personales robados”, explicó.

Agregó que las políticas de seguridad ciudadana, además del castigo, deben estar acompañadas de medidas de prevención, pues lo que se busca es que se reduzcan los robos. “El enfoque preventivo debe controlar los mercados ilegales”, especificó.

En esa misma línea, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, criticó el “Plan Boluarte” al mencionar que “no constituye de ninguna manera una estrategia o plan”. Sobre la regulación de taxis por aplicativo, sostuvo que la mayoría de asaltos en taxi son servicios de la calle, no por aplicativo. Además, muchos de los robos se dan en colectivos ilegales, pero eso no está contemplado en la norma.

En cuanto a los delivery, agregó que “preocupa que digan que van a combatir los asaltos en moto, dando facultades a municipios para que regulen el delivery, pero de cada asalto en moto más del 99% no son ni por delivery ni gente que finge ser delivery”.