Siempre de noche, a casi 5 mil metros de altura, una camioneta de la Policía de Carreteras (Polcar) encabeza un convoy formado por 10 buses interprovinciales, y recorre así 30 km de la vía Nasca-Puquio. Al final de ese tramo, en Pampa Galeras, Ayacucho, la unidad policial deja que los buses sigan solos y retorna al comienzo, donde otro grupo de vehículos espera ser escoltado por el mismo trayecto. La operación se repite hasta el amanecer.
En esos 30 kilómetros de ruta, hacia Abancay o el Cusco, la señal GPS de los buses se pierde y no funcionan las radios que los agentes de Carreteras tienen en su camioneta. Tampoco está operativa la antena repetidora que amplía la cobertura de los equipos policiales. Tales carencias en la División de Carreteras son similares –o peores– en todo el país y obligan a particulares medidas de protección contra asaltos u otras emergencias.
En el ámbito nacional, el 80,8% de los equipos de radio están inoperativos. Si bien hay un 19,2% que sí funcionan, su uso es muy limitado pues no tienen los accesorios completos. De las repetidoras, el 47,8% no se utilizan por fallas, y ello ha generado una incomunicación absoluta en las vías más alejadas del Perú.
El personal de Carreteras debe estar en contacto por radio no solo de vehículo a vehículo, sino con una central que informa las alertas y una base para pedir refuerzos ante urgencias.
Consultado por El Comercio, el coronel PNP Orfiles Bravo, jefe de la Policía de Carreteras, se muestra preocupado. Según detalló, hay sectores donde los custodios tienen equipos en funcionamiento pero las repetidoras son deficientes. Hace poco, precisó, fue instalada la central 110, con una antena de primera, donde se reciben las alarmas. Sin embargo, contactar desde ahí a los agentes que patrullan es complicado por las radios defectuosas.
Este Diario constató, además, que apenas 23 de las 598 camionetas destinadas a Carreteras tienen rendimiento óptimo. El resto patrulla a duras penas o no lo hace por falta de mantenimiento y antigüedad. De hecho, 471 ya han sido declaradas semioperativas y 104 inservibles, por el momento.
“Ante ello, a los vehículos buenos, que deben cubrir 20 km, los forzamos a un patrullaje de 60 km y a veces de 80 km. Esto, que es necesario, causa deterioros”, refirió el oficial.
Algo así sucedió en Shorey, localidad ubicada en Santiago de Chuco, La Libertad, donde se ubican dos importantes empresas mineras. Allí las cuatro unidades de la Polcar que resguardaban la ruta están paradas. Su refacción asciende a unos S/.11 mil que ahora nadie quiere asumir. Un escenario parecido se observa en la plaza de toros de la provincia de Huari, en Áncash, adonde han recalado los agentes de Carreteras por no tener local propio. Afuera del coloso, tres de los vehículos que patrullaban el sector permanecen sin arreglo.
“No podemos actuar así o con unidades que tienen operatividad de 60%. No llegamos ni a un 80% de la velocidad, solo a 60 o 70 km/h. En un asalto, ¿qué persecución podemos hacer?”, cuestionó Bravo.
Como la de Huari, un 70% de locales de Carreteras funcionan en espacios cedidos por comunidades o son de la Policía Nacional pero su estado es calamitoso. La sede de Ica ya no existe. La de Nasca fue otorgada por la misma localidad pero no tiene agua, desagüe, ni otros servicios. En La Oroya, el inmueble que prestó una empresa privada en liquidación ya fue pedido y los policías no saben dónde ubicarse. En Shorey, el espacio policial se cae a pedazos, y en Barranca, punto neurálgico de asaltos y robos a buses, la Polcar opera en un estadio.
Para el general (r) Luis Ríos y Almeyda, miembro del Consejo de Cooperación de la Polcar, hay una clara despreocupación del Estado en cuanto a la implementación y capacitación de personal. A su juicio, hace tiempo debió ordenarse un presupuesto adicional y la especialización en Inteligencia. “No serviría que haya vehículos si no hay agentes capaces”, dijo.
En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, Enrique Medri, consideró que el tema presupuestal podría empezar a resolverse si Polcar recibiera un 30% del monto de las infracciones al Reglamento Nacional de Transporte y al de Tránsito en Carreteras.