Sube el costo ecológico de unir comunidades en áreas protegidas

En los últimos cuatro años, se han generado tres conflictos por proyectos viales que han afectado áreas naturales protegidas. El último de ellos ocurrió en la selva central, a 320 kilómetros al noreste de Lima, donde sobreviven especies que hoy están bajo amenaza de extinción: el oso de anteojos y el pudú chico, conocido como el venado enano. Su hábitat es el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, área natural protegida por el Estado, ubicada en la provincia de Oxapampa, región Pasco, y que hoy está en peligro por la construcción de una vía carrozable que no cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente.

La construcción del camino vecinal Cueva Blanca-Santa Bárbara está a cargo del Gobierno Regional de Pasco. El Sernanp ha pedido la paralización de la obra, que ya ha afectado casi un kilómetro del parque.

Ante este conflicto resurge una pregunta: ¿Cómo llevar el desarrollo y la conectividad que necesitan las comunidades aisladas sin afectar las áreas nacionales de reserva?

Según el economista Richard Webb, hay que empezar por escuchar las necesidades y requerimientos de los propios pobladores. Webb reconoce que es casi imposible pensar que la construcción de una carretera en plena selva no genere gran impacto ecológico y social. “La lógica de que ahí hay gente que necesita conexión es fuerte, pero hay un argumento ecológico que es de interés mundial y debe ser nacional”, refiere.

En ese mismo punto también coincide Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Para él, los proyectos de infraestructura vial deben ser impulsados por el Estado a través del MTC en vías que son de competencia regional y local. De esta manera, señala, se unificarían los criterios y se evitarían los conflictos. “El impacto cero no existe, lo que hay que buscar es mitigar los daños”, advierte.

LOS CAMINOS DEL CONFLICTO
“Están dejando totalmente vulnerable el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, que, por estar en cuenca alta, abastece de agua a algunas comunidades”, comenta Cecilia Cabello Mejía, directora de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Sernanp.

El camino que ahí se construye fue certificado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el 2011, pero recién se empezó a ejecutar el año pasado. Se trata de una carretera de 15,14 kilómetros y una vía peatonal de tres metros de ancho que conectará a las comunidades de Santa Bárbara y Cueva Blanca. Ambas carecen de servicios básicos y sus pobladores se dedican a actividades agrícolas y ganaderas.

De acuerdo con el Sernanp, el proyecto no cuenta con el instrumento de gestión ambiental requerido. Es decir, no ha sido evaluada su compatibilidad con la conservación del área nacional protegida y su zona de amortiguamiento, según lo establece el reglamento de la ley de áreas naturales protegidas.

“Nosotros evaluamos la compatibilidad, emitimos una opinión vinculante y finalmente la entidad competente, el MTC en este caso, emite la certificación ambiental”, precisa Cabello.

Desde el Gobierno Regional de Pasco, el gerente general José Girao explica que el proyecto, con un costo de inversión de S/35 millones, fue iniciado por la gestión anterior y es imposible paralizarlo porque ya existe un contrato firmado.

No obstante, refiere que buscarán una conciliación con el Sernanp para evitar que se afecte la biodiversidad del parque.

“Solo en Oxapampa hay un déficit de 600 kilómetros de vías. Este tipo de obras urge, ya que Pasco carece de vías de integración interna. El café que se produce en Oxapampa, por ejemplo, llega a Lima pero no a todo Pasco”, indica.

Además del caso de Pasco, están los conflictos ocurridos en la Reserva Comunal de Amarakaeri y la Reserva Nacional de Tambopata, ambas en Madre de Dios. Los procesos han sido judicializados, pero las obras han continuado.

Según el Sernanp, uno de los problemas con este tipo de proyectos públicos es que no existe una articulación entre el SNIP, que regula el financiamiento, y los instrumentos ambientales que solicita el Ministerio del Ambiente. Es decir, no existe coordinación entre las propias entidades del Estado.