En la teoría, acudir a una comisaría es el primer paso para solucionar inconvenientes derivados de la inseguridad ciudadana, como interponer una denuncia o rendir una manifestación. Pero en la práctica, acudir a uno de estos locales puede convertirse en un problema. Y esto debido a que, en muchos casos, las comisarías no tienen los implementos tecnológicos suficientes, y en ocasiones no cuentan siquiera con los servicios básicos cubiertos.
En el Perú hay 117.975 policías, según el Censo Nacional de Comisarías 2015, publicado por el INEI recientemente. En el 2012 había menos de 100 mil. De ellos, 36.380 trabajan en las 1.470 comisarías que hay en el país. Se tiene en promedio un policía en una delegación por cada 856 habitantes.
En una comisaría hay policías asignados a tareas como patrullaje motorizado y a pie, servicio de guardia, supervisión y control, investigación de accidentes de tránsito e investigación de violencia familiar. Pero un dato que llama la atención es que hay 3.658 efectivos realizando labores administrativas (10% del total de policías de las comisarías), casi la misma cantidad que los que se dedican a la investigación de delitos y faltas (3.927 en todo el país) y casi el doble de los que investigan accidentes de tránsito (1.926).
Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo, cree que en la realidad esta cifra podría ser aun mayor. “Este número no parece real, deben ser más. No está mal que haya personal administrativo, porque las 24 horas tiene que haber atención al público. Lo que está mal es que la mayoría sean policías, cuando estos puestos podrían ser ocupados por civiles especializados. Solo en el edificio del Ministerio del Interior hay un elevado número de policías, que deberían estar en las calles, pero que realizan trabajos de escritorio”, dice.
Conexión a medias
Un aspecto que llama la atención es que, según el censo, solo el 68% de las comisarías básicas tiene acceso a información de requisitorias policiales, la mitad a fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y apenas un tercio al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).
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