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El procurador general del Estado, Daniel Soria, deploró que el expresidente Martín Vizcarra se haya inoculado de manera oculta las dosis adicionales de Sinopharm contra el COVID-19. En una reciente entrevista con El Comercio, sostuvo que dicha actuación es condenable desde el punto de vista “ético” y “jurídico”. “Si hay elementos que estén relacionados con la comisión de delitos, estas deben sancionarse. Sí hemos condenado estas vacunaciones ocultas”, declaró Soria.
En busca de más información sobre este hecho, ha enviado una solicitud de información a la Embajada China en Perú, a fin de que se pueda conocer qué se hizo con las 1,200 dosis de la vacuna de Sinopharm que le fue entregada como parte del lote adicional que ingresó a Perú el año pasado.
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“Una vez que llegó la vacuna candidata para estudio, me limité a informarle al viceministerio de Salud Pública sobre su existencia, el 90% del personal tiene más de 60 años y hace trabajo presencial. Se les informa para que voluntariamente acepten recibir la vacuna experimental. Lo que se sabía en ese momento era que era segura, pero no se sabía la eficacia. Se corrió el riesgo de vacunarse. Yo acepté el riesgo porque hice la evaluación: tenía comorbilidades como obesidad, sabemos que en estos casos la mortalidad es muy alta”, sostuvo.
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Durante su participación en la Comisión Especial COVID-19, aseveró que no conocía que personas fuera del Minsa y que no guardaban relación con el ensayo clínico también se habían inoculado.
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Además, descartó que haya tenido algún mando de decisión en quiénes recibían las dosis de la vacuna.
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Carlos Castillo Solórzano, exasesor de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa) que se vacunó contra el coronavirus de manera irregular, señaló que recibió la dosis de Sinopharm fuera del ensayo clínico debido a que presenta comorbilidades, tiene más de 60 años y el trabajo que realiza solo se desarrolla de manera presencial.
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“Verificamos que existe una vulneración al debido proceso en el extremo del plazo razonable; razón por la cual solicito se derive el expediente a la comisión permanente para que corrija esa vulneración y establezcan un plazo mayor”, señala.
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El documento indica que el plazo de 15 días otorgado por la Comisión Permanente para investigar al expresidente “es insuficiente para recabar información necesaria” y acusa una posible vulneración del debido proceso.
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El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, presentó un petitorio suscrito por el exmandatario en el que pide establecer un plazo mayor en las investigaciones en torno a la denuncia constitucional por el caso ‘Vacunagate’.
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“Mi rol fue pasivo, yo solo pasaba la información, no tomaba decisiones, como lo dice el viceministro (Luis Suárez), yo no decidía quién se vacunaba y quién no. En esto quiero decir que los que nosotros hemos sugerido para que se vacunen son personas del viceministerio, no se ha propuesto a nadie de otra dirección o de afuera del Ministerio”, agregó.