Venezolanos en Perú: municipios insisten en promover cuestionadas medidas contra la comunidad extranjera

El último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reveló que el 62% de los ciudadanos venezolanos entrevistados en cinco ciudades del Perú (Cusco, Lima, Arequipa, Tumbes y Tacna) se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad.

Esta percepción también podría verse influenciada por ordenanzas e iniciativas apoyadas el último año por algunas municipalidades del país, así como otras medidas que tienen un trasfondo discriminatorio.

► El 62% de los venezolanos en Perú siente rechazo: ¿cuáles son los motivos?

► Ica: polémica por ‘empadronamiento obligatorio’ de venezolanos en Pisco

► Cusco: polémica por nueva medida de ‘empadronamiento’ de venezolanos en Pichari

-Ordenanzas-

El pasado 27 de marzo, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. Según un comunicado, el municipio expresó que esta situación “conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece "que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

Ante este anuncio, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de López Cantorín por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. El fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, es quien se encuentra a cargo del caso.

El proyecto y las declaraciones del alcalde fueron rechazados por la Defensoría del Pueblo. “Sobre la propuesta de alcalde provincial de Huancayo, recordamos que debe respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, publicó la Defensoría en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el 21 de julio en Cusco, el Gobierno regional publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo". Esta medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo.

Ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, pues estas le corresponden al Ministerio de Trabajo. Esta cartera consideró la medida como inconstitucional.

-"Carnet de permanencia"-

Además, la Municipalidad Provincial de Pisco informó el 26 de setiembre que desde el 7 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en esta jurisdicción deberían tramitar un “carnet de identificación y permanencia”.

El municipio enfatizó que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos". Asimismo, señalaba que los venezolanos residentes deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y precisar su lugar de residencia.

“Hacemos extensiva esta comunicación a todas las personas de nacionalidad venezolana a acercarse desde el 07 de octubre del 2019 al Pool de Maquinarias (Esquina de Ramón Aspíllaga y López de Alarcón) de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. portando sus documentos personales con el fin de obtener un carnet de identificación y permanencia”, informaba el comunicado publicado en la cuenta de Facebook del municipio.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de ejecutar la política migratoria interna, indicó a El Comercio que dicha actividad no tenía valor migratorio. Fuentes de esta superintendencia indicaron que se trataba de una iniciativa municipal. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, cuyo logo aparecía en la publicación, descartó alguna intervención en este evento.

La Defensoría del Pueblo rechazó esta medida precisando que se encontraba fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanos”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos. Días después, el municipio de Pisco suspendió el empadronamiento anunciado.

Sin embargo, otro municipio distrital del país promovió esta semana una inscripción similar, dirigida solo a ciudadanos venezolanos. La polémica empezó cuando el domingo 20 un grupo de vecinos del distrito de Pichari (La Convención, Cusco) 'votó’ a favor de que los ciudadanos venezolanos se retiren de esta jurisdicción hasta fines de año. Si bien el Comité de Seguridad Ciudadana (Codisec) de este distrito acordó desestimar la propuesta, concertaron que todos los venezolanos que residen ahí sean empadronados.

De acuerdo con una publicación hecha por la Municipalidad de Pichari, “los venezolanos, para empadronarse, deberán contar con sus documentos en regla (no haber ingresado al Perú de manera ilegal), constancia de trabajo, constancia de no tener antecedentes judiciales y penales, pertenecer a la organización de venezolanos en Pichari, entre otros”.

Máximo Orejón, alcalde de Pichari, dijo que durante la reunión que sostuvieron el martes a nivel del Codisec, presidida por él, acordaron “dar la bienvenida a los hermanos venezolanos, pero su estadía o permanencia va a estar establecida bajo ciertas normas de convivencia social”, declaró a El Comercio.

Dijo que estos ‘empadronamientos’ están siendo consignados por la Policía Nacional y, hasta el momento, hay 176 ciudadanos venezolanos en Pichari inscritos. “Caso contrario, quienes no van a contar con sus documentos en regla, se va a invitar su...que vuelvan a su estado de origen”, agregó la autoridad local.

Según el alcalde, la medida se basa en un pedido de la población. “Hay una cierta inseguridad en Pichari, generan desorden, toman, y hay un conjunto de robos. Eso manifiesta la población. Nosotros como autoridad no podemos expulsar, no estamos facultados ni mucho menos...pero estableciendo algunas normas de convivencia social”, agregó.

“No pienso que sea una medida discriminatoria porque si lo fuera afectaríamos. No estamos afectando. Es como en casa, que tiene que haber reglas de conducta”, finalizó Orejón.

El abogado Julio César Castiglioni explicó a este Diario que esta medida, similar a la propuesta por el municipio de Ica, supone un exceso de atribuciones por parte del municipio. “Están usurpando una función que no les corresponde y, en todo caso, la iniciativa debería tomarla el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Castillo, adjunto de la Defensoría, dijo que enviarían comunicados oficiales al municipio para exhortarlos a dejar sin efecto esta medida.

-Reacciones-

El presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, dijo hace unas semanas a El Comercio que los resultados del informe de la Acnur mostraban la percepción de los ciudadanos venezolanos más allá de los hechos concretos que se pueden estar evidenciando. Agregó que otra causa de esta percepción es que muchos peruanos sienten como una amenaza la presencia de ciudadanos de Venezuela al momento de aspirar a un puesto laboral.

“Creo que también hay mucho de percepción, más allá de hechos fácticos que se pueden estar evidenciando. Muchas veces he repetido que el Perú no es un pueblo xenófobo. Con los resultados del informe tenemos que adelantar los proyectos de incorporación de profesionales venezolanos en el aparato socioproductivo del país, porque el mayor número de inconvenientes guarda relación con que profesionales venezolanos sobrevalorados académicamente están ocupando puestos que, sin querer, los convierte en una amenaza laboral para los ciudadanos peruanos de los estratos sociales más bajos”, explicó.

“De lo que se trata es ver cómo es que avanzamos para que estos profesionales puedan ser reubicados a otras partes del país donde existe un déficit de profesionales. Creo que allá es donde hay que avanzar para disipar estos prejuicios que se han ido alimentando en los últimos tiempos”, añadió.

En un contexto en el que se registraban ataques contra la población venezolana, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, dijo en una entrevista con El Comercio que no sentían que el Perú sea un país xenófobo. “Nosotros estamos agradecidos porque este ha sido uno de los países más solidarios. No sentimos que el Perú sea un país xenófobo o donde haya discriminación”, aseveró hace unas semanas.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe