Este viernes circuló en medios locales la foto de un ciudadano venezolano a quien acusaron de un supuesto robo y tentativa de homicidio en la provincia de Pataz, en La Libertad. Las rondas campesinas lo obligaron a caminar por las calles portando un cartel que informaba de su expulsión de la provincia. El extranjero fue identificado como Wuilmer Castellanos.
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En WhatsApp
Carlos Scull, embajador en el Perú del Gobierno encargado de Venezuela, detalló a El Comercio que su representación diplomática ha recibido 5 mil alertas de sus connacionales desde fines de setiembre, cuando habilitaron un número de WhatsApp (9225-34337) para recibirlas. Las alertas son por denuncias por expresiones discriminatorias, situaciones laborales inadecuadas, así como consultas sobre asuntos migratorios.
“Son personas a quienes no les pagaron, perdieron su trabajo sin una explicación o que se les dio menos dinero del prometido. Eso lo estamos derivando al Ministerio de Trabajo”, explicó Scull. Reiteró que rechazan “a cualquier persona que realice un acto delictivo”.
Nancy Arellano, ministra consejera de la embajada del Gobierno encargado de Venezuela, detalló que los distritos limeños donde se reportan más alertas son San Juan de Lurigancho, Comas, San Juan de Miraflores y San Martín de Porres. Agregó que las denuncias deben ser presentadas primero a las autoridades peruanas. Sin embargo, precisó, la formalización de estas aún es baja: entre el 5% o 7% del total.
“El 80% de las alertas [que nos llegan] son videos, contenido que los alarma y afecta su salud emocional. Por ejemplo, campañas donde se deja mal al Perú y se aprecia una actitud xenófoba [de los peruanos], que no corresponde con la realidad. Lo que hacemos es decir que tenemos la información, que está controlado, que son expresiones focalizadas”, dijo Arellano.
Scull detalló que se han reunido con el Ministerio del Interior, Migraciones y la Policía Nacional para apoyar al Estado a identificar a los malos elementos. “Mantenemos nuestra posición: la mayoría viene a trabajar, son personas de bien”, indicó. También establecieron una mesa de trabajo con la Defensoría.
Oportunidad laboral
De acuerdo con el diplomático, una de las dificultades de cerca de 300 mil ciudadanos venezolanos en Perú es que permanecen como solicitantes de refugio, y eso les impide formalizarse. “Una calidad humanitaria les permitiría, de alguna forma, obtener un empleo más formal. A los solicitantes de refugio muchas veces no les dan trabajo porque tienen una carta que hay que renovar cada 60 días”, dijo Scull. El objetivo es la regularización y, de esta forma, que a través del trabajo formal puedan tributar al Perú.
Arellano, por su parte, explicó que de los casi 900 mil ciudadanos venezolanos que hay en el Perú, el 52% tiene títulos técnicos y universitarios. “Si logramos una inserción del 40% de los profesionales y técnicos, alcanzaríamos casi 500 millones de soles en recaudación fiscal si logramos la formalización de casi el 50% de los profesionales”, explicó.
Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú: “Hemos visto un poco más de crudeza”
-¿Se han agravado los ataques contra los venezolanos?
En los casos puntuales que se han registrado, hemos visto que hubo un poco más de crudeza. No hay que confundir estos hechos puntuales por alguna adversidad con xenofobia.
-Usted también ha sido atacado.
Sí, pero no voy a desviar mi atención en responder amenazas recibidas.
-¿Son necesarios más esfuerzos para que los venezolanos conozcan a plenitud sus derechos en el Perú?
Estamos trabajando con aliados como Acnur y OIM [órganos de Naciones Unidas] para capacitar y formar a promotores de derechos.
-¿Qué opina sobre la cláusula antixenofóbica del Pacto Ético Electoral al 2020?
Queremos que se cumpla. Los venezolanos debemos ser mantenidos al margen de la contienda electoral.
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