Procurador advierte que Waldo Ríos no pagó reparación completa
Procurador advierte que Waldo Ríos no pagó reparación completa
Redacción EC

Esta tarde Waldo Ríos Salcedo, ex gobernador regional de Áncash, fue condenado a un año de prisión efectiva por el Poder Judicial. Se le halló culpable del delito de inducción al voto, en la modalidad de quebrantamiento de la voluntad popular, al ofrecer S/500 a cada familia de la región Áncash durante la pasada campaña electoral de las Elecciones Regionales y Municipales de 2014.

“La gente podrá comprar su camioneta 4x4 o sus casitas porque recibirán S/.500 mensuales por 60 años, porque canon [minero] habrá aproximadamente para 60 años y que no vengan a engañar ni a sorprender”, aseveraba en aquella campaña realizada en los años 2013 y 2014.

A los meses de ser elegido como máxima autoridad de Áncash reconocería que no entregaría el dinero. "Las normas no me permiten que [el bono] sea solamente para Áncash, tiene que ser para todo el Perú [...] En un lapso de 15 días presentaré el proyecto de ley ante el Congreso de este programa que se va a llamar bono 500, para todo el Perú".

Esta última propuesta legislativa tampoco se concretó. Aunque sí fue presentada al Congreso de la República. Específicamente al congresista Roberto Angulo Álvarez, de la bancada Dignidad y Democracia.

El hecho de Ríos no cumpliera esta promesa generó protestas en la región Áncash.

- Ríos y sus escándalos políticos -

​Waldo Ríos fue elegido alcalde provincial de Huaraz en 1999, pero dejaría el cargo para convertirse en congresista del Frente Independiente Moralizador (FIM) al año siguiente. Ya como legislador pasó a la historia como uno de los parlamentarios que se vendió al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres para pasarse a las filas de la bancada fujimorista en el 2000.

Ríos Salcedo, según versión de Montesinos, recibió 10 mil dólares a cambio de favores políticos.

Por este caso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo encontró responsable en el 2008 de los delitos de receptación en agravio del Estado y cohecho pasivo impropio. Fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida. Se le ordenó además el pago de un millón de soles de reparación civil.

Cuando Waldo Ríos gana las elecciones regionales de Áncash no puede asumirla por no haber pagado dicha reparación civil. No obstante, contra todo pronóstico, reunió el dinero en febrero de 2015. Hasta el momento quedan dudas sobre los “aportantes” de Ríos Salcedo. Por este caso se le abrió un proceso por el delito de lavado de activos, pero fue archivada en octubre del 2017.

Tras pagar la reparación civil y hacer una de serie de gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones obtuvo sus credenciales y asumió como gobernador de Áncash el 22 de mayo de 2015.

Aquí empezaría una de las gestiones regionales más accidentadas que se recuerden. Por ejemplo, El 12 de agosto, Waldo Ríos destituyó al abogado Jaime Osorio de la gerencia general del gobierno regional, y ese mismo día lo volvió a nombrar. Dijo que los despidió y volvió a contratar para solucionar aspectos administrativos.

El 1 de setiembre, Ríos celebró sus primeros cien días en el cargo con miembros de su partido. El almuerzo costó casi S/25 mil, e incluía orquesta y anfitrionas. Durante la reunión se cantó el himno de Puro Áncash, su agrupación política. Días después, el 25 de setiembre, el ex consejero Amador Garay denunció que Waldo Ríos y sus allegados obligaban a los funcionarios de esta institución a entonar, cada lunes en la mañana, las estrofas de ese mismo himno.

El 22 de octubre, dos consejeros denunciaron al gobernador por el presunto delito de omisión, debido a que Ríos se demoraba más de lo permitido en firmar varias ordenanzas, algunas relacionadas con obras de prevención ante el fenómeno de El Niño.

Ya en marzo del 2016, en una reunión con profesores de Chimbote, el gobernador los obligó a cantar el himno de Puro Áncash. “Hagan lo propio en sus aulas”, les pidió.

El 11 de marzo de ese año Ríos inauguraba un colegio en la localidad de Pomabamba, una provincia de la sierra ancashina. Terminada la ceremonia, él y su equipo reciben la noticia de que la Corte Superior de Justicia había dictado una orden de captura contra él por no haber asistido a declarar ante un juez. A medio camino, Waldo Ríos cambió de auto y pidió a su equipo de seguridad –dos policías– que siguiera otro rumbo; con esto evitó ser detenido. Reaparecería 11 días después cuando se le quitó la orden de captura.

En ese proceso se le investigaba por haberse apropiado de la mitad del presupuesto designado para la ejecución del Mercado Popular de Huaraz, cuando era alcalde de esa ciudad. En mayo del 2017 la sala penal liquidadora transitoria de Áncash, en Huaraz, desestimó el pedido de 8 años de prisión hecho contra Ríos por el Ministerio Público.

Ríos también lleva en la actualidad otro proceso por haber cometido el delito de nombramiento indebido del cargo. El fiscal Guillermo Lizarzaburu, de la tercera fiscalía penal corporativa de Áncash, lo acusó de haber nombrado en el cargo de gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Áncash a Cúper Chávez Carrasco, sin que presuntamente este cuente con un título profesional.

Cabe recordar que en dos ocasiones, el ex gobernador eligió mediante una votación simple a dos funcionarios de su gestión. A su director regional de Salud y al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Carhuaz. Se mostraba en contra de realizar concursos públicos.

Para Ríos Salcedo los concursos públicos de méritos son “un sistema totalmente amañado” ya que permiten que la administración pública “ingrese gente a hacer de las suyas”.

“Yo no he tenido dos juicios, he tenido 36. Yo he salido siempre absuelto”, llegó a declarar Waldo Ríos poco antes de dejar el cargo de gobernador en octubre de 2016. Esto debido a que el 25 de setiembre fue condenado a cinco años de cárcel por delito contra la administración pública.

En la actualidad Ríos se encuentra cumpliendo esta condena junto a otros dos ex funcionarios de la Municipalidad de Huaraz. La fiscalía lo acusó de actos de corrupción durante su gestión en la ejecución de las obras de alumbrado y de berma central de la avenida Antonio Raimondi.

En febrero de 2017, Ríos también fue sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de abuso de autoridad al haber anulado la designación de un funcionario del gobierno regional alegando que lo hacía debido a cuestiones institucionales.

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