La jueza principal del Tribunal en Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, deberá resolver en los próximos días el pedido de “medidas preliminares de urgencia” que solicitó el expresidente Alejandro Toledo, como parte de un recurso cautelar con el que busca paralizar y evitar su detención y la ejecución de su extradición.
La decisión podría resolverse por despacho o, antes de ello y, como lo había adelantado la misma magistrada, podría convocarse a una audiencia de ser necesario.
Lo cierto es que dicho juzgado ha quedado expedito para emitir un pronunciamiento que podría afectar los intereses del Estado Peruano si Howell le otorga las “medidas preliminares de urgencia” a Toledo. O, el exmandatario tendría un nuevo revés en los tribunales norteamericanos, si se rechaza esta moción preliminar.
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El miércoles en la tarde, Toledo Manrique cumplió con presentar el último alegato escrito para sustentar su pedido de urgencia, el mismo en el que enfatiza que su vida peligra y que debe acceder a un trato justo ante las autoridades ejecutivas del Gobierno de EE.UU.
Por ello, entre sus exigencias legales, el exjefe del Estado y su defensa legal, han pedido a la Corte de Columbia que se le otorgue el derecho de acceso a la protección de un debido proceso como la justicia norteamericana se lo otorga a las organizaciones terroristas extranjeras sospechosas o a los presos de guerra, según el escrito obtenido por El Comercio.
De esta manera, el escrito replica la posición del Departamento de Estado de los EE.UU. que solicitó rechazar la moción del extraditable indicando que si se acepta su “medida cautelar de urgencia” se le estaría “dando derecho a más procesos que a cualquier otro fugitivo en la historia” de dicho país.
Toledo y su defensa disienten y asegura que enviarlo al Perú lo enfrentaría a una posible muerte en prisión preventiva “a manos de uno de los peores sistemas de justicia penales del mundo”, sin otorgarle la más mínima de las protecciones básicas del debido proceso como lo han sostenido tribunales de ese país para con “los combatientes enemigos y terroristas”.
“En cambio, el doctor Toledo busca exactamente el mismo proceso que los tribunales del circuito de D.C. han exigido antes de la privación de los derechos de las empresas de propiedad extranjera, a presuntos combatientes enemigos y las organizaciones terroristas extranjeras sospechosas”.
ALEJANDRO TOLEDO. Escrito 22 de marzo 2023.
Agregan que el Gobierno norteamericano no explica, en su contestación de la demanda, por qué los sospechosos por terrorismo con derechos de propiedad deberían recibir más procesos adicionales que “un aliado de EE. UU. y exjefe de Estado con derecho a la libertad” como lo es el exmadantario peruano.
En esa línea, los abogados aseguran que Toledo no busca una “explicación de por qué el Ejecutivo ejerció su discreción del Artículo II” al decidir su extradición, ni busca una revisión de la decisión final. Lo que le pide a la corte, señalan, es que decida si el Departamento violó sus derechos al debido proceso al no hacer nada más que “considerar” materiales escritos, sin revelar ninguna información y dándole la oportunidad de refutar las premisas que decidieron la ejecución de la extradición.
“No hace falta decir que el doctor Toledo, un amigo y aliado de toda la vida y un residente respetuoso de la ley de los Estados Unidos, merece al menos el mismo debido proceso que un combatiente enemigo en tiempos de guerra”.
ALEJANDRO TOLEDO. Escrito 22 de marzo 2023.
Tribunales abarrotados
Otro de los argumentos con los que Toledo y su defensa buscan obtener el auxilio de la Corte de Columbia es aseverando que el Caso Interoceánica, por el que se le quiere extraditar, se encuentra en una etapa preliminar. A ello, agregan, se suma la numerosa carga procesal de los tribunales con los casos nuevos que han surgido producto de los protestas y conflictos sociales actuales.
“Perú se encuentra actualmente en un estado de emergencia nacional declarado, donde las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los tribunales y todo el sistema de justicia penal se ven abrumados con miles de casos nuevos que surgen de un estado prolongado de disturbios civiles”.
ALEJANDRO TOLEDO . Escrito 22 de marzo 2023.
También volvió a cuestionar a los testigos de cargo y, pese a que la certificación de su extradición a cargo del juez Thomas Hixson se dio en el 2021, insistió en cuestionar dicha decisión judicial.
Finalmente, cuestionó que el Gobierno de EE.UU. niegue que exista una persecución política al sostener que otros políticos como la excandidata presidencial Keiko Fujimori también cumplieron prisión preventiva por investigaciones. Al respecto, la defensa de Toledo aseguró que el referido gobierno “no reconoce que la señora Fujimori también fue liberada de prisión preventiva en abril de 2020, convenientemente, justo a tiempo para hacer campaña por la presidencia peruana y avivar más protestas políticas alegando fraude electoral”.
“Con todo esto en juego, el doctor Toledo solicita respetuosamente que este Tribunal le proporcione la protección de una orden de restricción temporal y/o una orden judicial preliminar para permitir que el Tribunal tenga tiempo suficiente para considerar sus reclamos”, concluyeron en su escrito.
En difícil que recurso prospere
Andy Carrión, abogado especialista en derecho penal, sostuvo que el nuevo recurso -que sería una suerte de medida cautelar y amparo- presentado ante la Corte de Columbia por el expresidente Alejandro Toledo, la estaría realizando ante la “inminencia” de la decisión que se tomará en la Corte de California.
“Y, una vez resuelto, ya podrían ejecutar una decisión sobre eso ; y una vez que lo capturen para extraditarlo, yo no creo que allí ya no cabe ningún recurso adicional”, comentó.
Ahora bien, indicó, si bien es cierto que se puede pedir un amparo sobre sus derechos constitucionales, se debe considerar el fondo por cada proceso. Y, en el caso de Alejandro Toledo ya hubo decisiones por parte de otros jueces “que en teoría han garantizado el debido proceso”.
Es más, recordó Carrión Zenteno, Toledo ya apeló, ha interpuesto recursos constitucionales como hábeas corpus y todos han sido rechazados.
Por tanto, lo que buscaría el expresidente, es que la Corte de Columbia acepte su recurso, lo evalúe y con eso “dilatar aún más el proceso” ante la inminente de extradición.
“Ahora, respecto a este documento que ha ingresado en la que exige igualdad de trato respecto a otros tipo de delitos y organizaciones criminales (terroristas), creo que aquí es distinto, porque no deviene de una extradición ya probada (como el caso de Toledo) y en estos casos citados habría que analizar el fondo”.
Andy Carrión, abogado penalista.
En ese sentido, refirió, Toledo “recurre a un tema de sensibilidad política, a su afecto por Estados Unidos” para buscar una presunta igualdad de trato respecto a otros casos vinculados a organizaciones extranjeras, presos de guerra u otros.
Carrión fue enfático al señalar que el expresidente “ya tuvo la oportunidad de defenderse”; no obstante, si él reclama un trato como el de otras organizaciones, habría que ver si estos casos devienen también de debidos procesos previos.
No obstante, enfatizó el abogado, el extraditable estaría recurriendo a dicho argumento para poder ser escuchado y así poder luego, cuestionar el fondo del proceso de extradición.
“Por eso es que nosotros nos preguntamos, ¿por qué está dando tanto manotazos de ahogado si lo único que quiere es dilatar el tema? Creo que el término que describe el proceder de Toledo es dilatar todo hasta donde pueda. Él ya aplicó todos los recursos que tuvo a la mano y siempre fue escuchado por el juez competente. Yo no creo que tenga asidero, está cuestionando ello a través de la forma y no creo que le den la razón. Es muy improbable”, concluyó.