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Desde que se inició la gestión de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, en mayo, seis adjuntos renunciaron por discrepancias con el manejo de la institución. En contraste, nuevos trabajadores han ingresado al área administrativa de la Defensoría del Pueblo (DP), incluidas personas vinculadas a Gutiérrez, algunas sin experiencia.
Este Diario identificó que por lo menos siete personas fueron contratadas por primera vez en la institución con órdenes de servicio luego de visitar al defensor en su despacho. Sus contratos suman S/144.000 en total.
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Nexos
En febrero, Hugo Sánchez Gonzales postuló a una convocatoria CAS de la DP para trabajar como asistente legal en la Dirección de Atención Virtual a la Ciudadanía, pero no logró el puesto porque no cumplía los requisitos académicos. Cuando Josué Gutiérrez asumió como defensor, la situación cambió.
Acta de evaluación de fichas de postulación CAS 008-2023 de la Defensoría del Pueblo.
El 31 de mayo, Sánchez se reunió con Gutiérrez. Meses después, en agosto, ingresó a trabajar a la Oficina de Gestión de Desarrollo Humano de la DP. Por este servicio le pagaron S/18.000. Era la primera vez que Sánchez ganaba contratos con el Estado a través de esta modalidad.
Sánchez dijo a este Diario que conoció a Gutiérrez en el 2021, cuando trabajó en la bancada de Perú Libre. Afirmó que no recordaba el motivo de la cita con él, pero negó que haya tenido injerencia en su contratación.
Otra persona beneficiada tras la visita al despacho defensorial es Magdalena Otayza Grados, natural de Chaupimarca (Pasco), al igual que Gutiérrez.
Otayza es accionista de Inversiones Omet S.A.C. Esta compañía, que opera en una vivienda de Ate según la Sunat, obtuvo su primera orden de servicio con el Estado en agosto: la DP desembolsó S/14.000 para adquirir 100 “sillas fijas de metal”.
La familia Otayza Grados es cercana al defensor. En diálogo con El Comercio, Gutiérrez confirmó que conoce a uno de los hermanos (Juan Otayza) desde su época escolar.
A la lista se suma Álvaro Arista Robles. Él obtuvo su título de contador público en julio. Un mes después, empezó a trabajar en el área de contabilidad de la DP. Antes de lograr el contrato, cuyo monto fue de S/7.500, visitó el despacho de Gutiérrez. La cita se registró el 7 de julio. Antes, su padre, el periodista Erick Arista, había visitado al defensor. Ambos son de Huánuco, región por la que Gutiérrez llegó al Congreso en el 2011. El defensor reconoció la reunión con Erick Arista, pero aseguró que fue por una nota periodística.
Mario Dávalos Andrade, quien no registra estudios en la Sunedu, visitó a Gutiérrez en junio. Meses después obtuvo órdenes de servicio por S/21.000. Entre el 2003 y 2013, Dávalos trabajó como auxiliar de almacén en Vid Agro S.A.C., según su perfil de LinkedIn. El gerente general de esa firma es Orfilio Picón Quedo, hermano del congresista Luis Picón y exsocio de Josué Gutiérrez, quien dijo no tener relación con Dávalos.
El periodista Julinho Aguirre Soto, de Huánuco, visitó a Gutiérrez en mayo y, tras esa reunión, fue contratado para trabajar en la secretaría general y en el área de imagen por S/31.500.
Orden de servicio
En el 2014, Aguirre trabajó en la oficina de prensa de la fiscalía, pero fue separado tras conocerse que, a su vez, asesoraba al sentenciado exgobernador César Álvarez.
Consultado por El Comercio, dijo que “desconoce” si el defensor intervino en su contratación y que no recuerda quién lo convocó. Aseguró que la reunión registrada en mayo con el defensor no se concretó.
Exasesor y secretario
Jaime Bravo Gonzales es de Huánuco y fue asesor de Gutiérrez cuando este era congresista de Gana Perú (2011-2016). En mayo, Bravo, quien no registra estudios en Sunedu, visitó varias veces a Gutiérrez y fue parte del equipo de transferencia de gestión. Desde junio ha ganado órdenes de servicio en la DP por S/33.000 en total. Bravo sostiene que fue contactado por el “administrador de la entidad” y que cuenta con 12 años de experiencia en el sector público.
Juan Gonzales Hidalgo fue personero legal de Alianza para el Progreso y su cónyuge, la abogada Carol Acuña Palomino, es sobrina de César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de APP.
El 23 de mayo, Gonzales visitó a Gutiérrez. Desde agosto es el secretario general de la entidad. Antes de ocupar el cargo, obtuvo una orden de servicio por S/19.000 para entregar, según indicó a este Diario, “los insumos del proyecto de ley de fortalecimiento” de la DP. Dijo que su contratación no responde a favores políticos y rechazó algún tipo de injerencia del defensor. Además, confirmó que tiene cuatro investigaciones vigentes, tres por el delito de peculado.
Gutiérrez negó haber intervenido en las contrataciones, pese a que, en algunos casos, reconoció su cercanía con los contratados: “Se puede preguntar a todo el personal [...], nadie podría decir que yo haya interferido en su labor para [...] recomendar a alguien. Esa no es mi tarea”.
Este Diario también buscó la versión de Magdalena Otayza, Mario Dávalos y Álvaro Arista, pero no obtuvo respuesta.
Opinión
Para el exdefensor del Pueblo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Eduardo Vega, esta situación refleja “un manejo poco transparente”.
“(Es) un manejo que responde más bien a sus intereses personales (...) En segundo lugar, creo que está pagando favores políticos a la institución que lo eligió (Congreso) y en tercer lugar creo que es lo más delicado: está politizando la institución”, apuntó.
"En menos de medio año se está destruyendo la institución y eso hay que advertirlo al país con todas sus palabras. Hay que ponerle límites a este señor”.
Eduardo Vega Exdefensor del Pueblo
Desde su punto de vista, la institución está siendo afectada y manejada por “intereses más bien políticos y personales”.
