El primer ministro Aníbal Torres, quien estuvo acompañado por el presidente Pedro Castillo, fungió de abogado defensor de Paredes en presencia de Patricia Benavides. (Foto: PCM)
El primer ministro Aníbal Torres, quien estuvo acompañado por el presidente Pedro Castillo, fungió de abogado defensor de Paredes en presencia de Patricia Benavides. (Foto: PCM)
Redacción EC

La II sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada el lunes pasado en la ciudad Trujillo, fue el escenario del primer encuentro público entre el presidente y la fiscal de la Nación, . Esta última tiene a su cargo cinco de las seis investigaciones preliminares que pesan, hasta el momento, sobre el mandatario.

Una noche antes, en el programa “Panorama”, Benavides dijo que si bien el plazo para la pesquisa por organización criminal, delito imputado a Castillo Terrones, es de 36 meses, su oficina prevé un tiempo “más corto”. Agregó que ella ha sido víctima de seguimiento y de “ataques orquestados” desde el Ejecutivo en su contra, con “informaciones falsas”.

Bajo este contexto, el jefe del Gabinete Ministerial, , utilizó la sesión del Conasec –que debía centrarse en el planteamiento de políticas concretas para frenar la delincuencia– para criticar el rol que ha tenido el Ministerio Público en la investigación a , cuñada del presidente Castillo, por las presuntas irregularidades en la licitación de obras en Anguía (Chota, Cajamarca).

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El titular de la PCM, quien tenía a su lado a la fiscal Benavides, refirió que los órganos de justicia deben actuar sobre la base de “los hechos y pruebas”, y no iniciar investigaciones “porque un medio de comunicación publicó [una información]”.

“Los peruanos no nos vamos a dejar, les aseguro que los peruanos no nos vamos a dejar con este tremendo atropello que está sucediendo en el país”, manifestó el primer ministro.

En declaraciones a la prensa minutos después, Torres, como si fuera el abogado de Paredes, cuestionó que “por una simple sospecha” la fiscalía esté solicitando “el máximo de detención preliminar”.

No obstante, Torres omitió señalar que la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, realizó 28 depósitos en efectivo en el Banco de la Nación por S/91.970 entre octubre del 2021 y junio de este año, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Tampoco mencionó que el Ministerio Público halló, en la casa de la investigada, 14 sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades, y de un juez de paz de Anguía.

El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva en contra de la cuñada del presidente Castillo Terrones, al considerarla operadora de una organización criminal que repartía obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Presiones desde Perú Libre

La bancada de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Castillo, presentó una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación por la presunta infracción de los artículos 146 y 159 de la Carta Magna, y por los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.

Según la bancada, esto es en razón de que Benavides removió a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de una investigación a la jueza superior Emma Benavides, hermana de la titular del Ministerio Público, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

El artículo 146 de la Constitución establece que el Estado les garantiza a los magistrados del Poder Judicial “la inamovilidad en sus cargos” y su permanencia en el servicio mientras “observen idoneidad” para ejercer su función. Esta misma prerrogativa la tienen los integrantes del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 158 de la Carta Magna.

Entre los firmantes de la moción están congresistas como Guido Bellido y Waldemar Cerrón, quienes tienen una investigación abierta en la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos por el Caso Los Dinámicos del Centro.

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