La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra Betssy Chávez, ex ministra de Trabajo y Cultura y parlamentaria suspendida, por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
La denuncia es por supuestamente favorecer a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado.
Por este caso, la fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Chávez el pasado 14 de noviembre.
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La fiscalía investiga si Chávez se interesó de manera indebida en la contratación de Antonio Sotelo Calderón, papá de su pareja, como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, y en otros cargos en Sunafil y en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
Además, la fiscalía indaga si aprovechó su cargo como legisladora para contratar en su despacho parlamentario a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de su pareja.
Por último, investiga si también estuvo involucrada en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo.
Hallazgos
En la denuncia constitucional, la fiscalía de la Nación revela que Chávez empezó a convivir con Abel Sotelo en el distrito de Breña poco después de asumir como congresista, en el 2021.
La ex ministra y legisladora suspendida había negado públicamente mantener una relación con Sotelo.
Según revela la fiscalía, Chávez dispuso que Jean Pierre D’Laura Quintana, quien era asesor II del Ministerio de Trabajo, realice los trámites necesarios para que Marco Antonio Sotelo labore en el Congreso como asistente.
En octubre del 2021, Sotelo le envió su hoja de vida a D’Laura por WhastApp, y luego se reunió con él en la sede del Ministerio de Trabajo, en Jesús María, para ver los detalles de su contratación.
El joven obtuvo ingresos por S/ 42.464 como trabajador del despacho de Chávez entre el 19 de octubre del 2021 y el 7 de marzo del 2022.
Además, D’Laura también se habría reunido con el papá de la pareja de Chávez con el objetivo de realizar las gestiones para su nombramiento como intendente de Sunafil.
De acuerdo con la fiscalía, D’Laura gozaba de la plena confianza de Chávez, pues se encargaba de ejecutar las disposiciones que ella realizaba en diversas áreas y entidades adscritas al Ministerio de Trabajo.
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Nombramientos
Chávez designó a D’Laura como asesor II del Ministerio de Trabajo el 8 octubre del 2021, dos días después de asumir esa cartera.
Luego, cuando fue nombrada ministra de Cultura, lo designó como Jefe de Gabinete de Asesores.
La fiscalía recogió la declaración testimonial de D’Laura el pasado 20 de enero.
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En la subcomisión
La denuncia contra Chávez será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso.
Ese mismo grupo aprobó la primera denuncia constitucional que presentó la fiscalía de la Nación contra Chávez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Este fue por el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
El pleno del Congreso aprobó el informe de la subcomisión y suspendió a Chávez de sus funciones parlamentarias en marzo pasado, mientras duren las investigaciones en su contra en el Ministerio Público.
El escaño de Chávez es ocupado por su accesitario, el abogado Isaac Mita, quien integra la bancada de Perú Libre.
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