Betssy Chávez tiene una denuncia constitucional en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. (Foto: Congreso)
Betssy Chávez tiene una denuncia constitucional en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La congresista , sobre quien se emitió una aleta migratoria en caso busque salir del Perú, negó haber pedido que se prescinda de su seguridad personal como parlamentaria, contradiciendo así lo dicho por el ministro del Interior, Vicente Romero.

“El ministro del Interior ha tenido la tremenda ligereza al decir que yo he prescindido de mi seguridad, cuando esto es falso”, aseguró ante la prensa en un video que publicó en sus redes sociales.

“Que demuestre con qué documento he decidido prescindir [...] He estado con mi seguridad en la Clínica Internacional y enviamos a Oficialía Mayor, cuando estamos en otra diligencia, en mi caso fue por un tema de salud y (mi seguridad) me acompañó durante la mañana”, precisó.

Chávez Chino señaló que al salir de la clínica, se dirigió a su casa por motivos de salud y que esto es lo que la agente de seguridad indicó en su parte policial diario: que se había suspendido su actividad hasta un nuevo llamado.

“Eso nunca significa que se suspende a la seguridad o que pide no tener seguridad [¿Hay un acta policial de que pidió dejar su seguridad?] Es falso. Si el ministro del Interior para tratar de ocultar todas las muertes que hay en el país, la persecución política, está usando mi nombre como cortina de humo, que al menos presente algún documento”, exhortó.

Durante su interpelación ante el pleno del Congreso este jueves 9 de marzo, Vicente Romero señaló que había recibido información de que Betssy Chávez había pedido prescindir de su seguridad personal.

“Respecto a la seguridad de la congresista Betssy Chávez, me acaban de informar que ha prescindido de su seguridad personal desde hoy, a las 10:30, dicha congresista tiene inmunidad parlamentaria”, sostuvo en la sesión en la que no estuvo presente Betssy Chávez.

Esta situación habría sido similar a la que ocurrió con el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, quien pidió prescindir de su personal de seguridad días antes de que se emitiera una orden de detención preliminar en su contra, lo que obstaculizó la labor policial para su ubicación.