La decisión de Diego García Sayán de declinar su candidatura a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) podría estar relacionada a la posibilidad de perder su cargo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, pues algunos de sus colegas se oponían a su postulación, a la licencia que se le había otorgado y además a que se reincorpore a la corte de no resultar electo.
La incomodidad de sus colegas de la corte se remonta al 19 de agosto, cuando García Sayán solicitó formalmente que se le excuse de "participar en la deliberación, en las sentencias u otras decisiones relativas con casos contenciosos, supervisión de cumplimiento de sentencias o medidas provisionales sobre las que la Corte tenga que pronunciarse", mientras sea candidato a la Secretaría General de la OEA.
Su pedido fue aceptado poco después por el presidente de la corte, el colombiano Humberto Sierra Porto. Sin embargo, en ese momento dos jueces de la corte, colegas de García Sayán, rechazaron la decisión. Se trata de Eduardo Vio Grossi (Chile) y Manuel Ventura Robles (Costa Rica).
Ellos elaboraron un escrito denominado “constancia de disentimiento”, en el que criticaban abiertamente la petición de su colega peruano por considerar que violaba el artículo 71 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala: "Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad".
Luego comentaban que "a todas luces (...) la 'actividad' consistente en la candidatura a la Secretaría General de la OEA no solo puede en la práctica impedir el ejercicio del cargo de juez, sino que también puede afectar la 'independencia', 'imparcialidad', 'dignidad o prestigio' con que necesariamente debe ser percibido dicho ejercicio por quienes comparecen ante la Corte demandando justicia en materia de Derechos Humanos".
Los jueces criticaron también que el presidente de la Corte le haya otorgado la licencia a García Sayán sin consultarlo con los demás miembros, y consideraban que esta decisión acarrearía "graves consecuencias" para el organismo, debido a que abrían las puertas a que se autorice a sus integrantes a "suspender temporalmente su obligación de ejercer debidamente dicho cargo para privilegiar otras actividades no judiciales".
Estos argumentos habrían tomado fuerza en las últimas semanas y habrían sido respaldados por otros integrantes de la corte de San José, según pudo conocer El Comercio. Además se supo -en la últimas horas- que incluso estarían en desacuerdo con la reincorporación de García-Sayán, a pesar de la declinación de su candidatura.