Los ex ministros Ántero FloresAráoz y Rosario Fernández respondieron ayer a las críticas del representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, sobre el desempeño del gobierno aprista en la defensa del Estado en el Caso Chavín de Huántar.
El ex titular de Defensa consideró “un error” que Jiménez diga que “no se tuvo ninguna estrategia”. “Desde que se creó la procuraduría supranacional el 2008 la defensa del Estado, que empezó con la procuradora Delia Muñoz, mejoró sustancialmente”, dijo. Para Jiménez, ella solo hizo “defensa burocrática”.
Fernández subrayó que en su gestión “se transformó la defensa jurídica del Estado que había sido deficiente y desorganizada”. Destacó que entonces acudieron por primera vez a la corte representantes de instituciones para reforzar nuestra defensa. “La procuradora tuvo un papel muy activo, tenemos evidencia que exhibir”, dijo.
¿Solución amistosa?
Muñoz dijo ayer que al inicio de este gobierno renunció al cargo luego de que se le informara que había la intención de “negociar fuera del proceso [con Aprodeh] una solución amistosa en el Caso Cruz Sánchez”. Para ella eso hubiera significado aceptar la participación de los comandos en ejecuciones extrajudiciales en el Caso Chavín de Huántar.
La cartera de Justicia la asumió entonces el hoy electo comisionado de la CIDH Francisco Eguiguren, quien pidió una prórroga a la comisión para estudiar sus recomendaciones, entre ellas, el pago de reparaciones económicas. El Perú no las aceptó y el caso fue elevado a la corte de San José, que emitió sentencia esta semana.
Según el procurador supranacional Luis Huerta, en ningún gobierno “ha habido un acuerdo de solución amistosa para personas involucradas en terrorismo”, y que en todo caso esto “no depende solo del Ejecutivo”.
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