Hay 67 congresistas de oposición y no agrupados que se han adherido a la tercera moción de vacancia. (Foto: Jorge Cerdán)
Hay 67 congresistas de oposición y no agrupados que se han adherido a la tercera moción de vacancia. (Foto: Jorge Cerdán)
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René Zubieta Pacco

Ante la amenaza del con un eventual cierre del , desde este poder del Estado se sumaron este martes –a manera de contraofensiva– más respuestas mediante distintos frentes. El de más cercana atención y tramitación corresponde a la tercera moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada contra el presidente en solo 16 meses de gestión.

La moción multipartidaria N° 4904, ingresada a la 1:19 p.m. del martes pasado, lleva la firma de 67 congresistas de las bancadas de Acción Popular (12), Alianza para el Progreso (9), Somos Perú (3), Fuerza Popular (24), Avanza País (8), Renovación Popular (9) y no agrupados (2).

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Precisamente de este último grupo, el parlamentario Edward Málaga fue quien promovió la medida. En tanto, de los 14 miembros de Acción Popular, la moción lleva las rúbricas de 12 legisladores, entre ellos Elvis Vergara, Jorge Flores, Juan Carlos Mori e Ilich López, investigados por el Caso Los Niños junto a Darwin Espinoza y Raúl Doroteo. Estos dos últimos no firmaron.


Si bien semanas atrás Málaga manifestó que esperaba reunir 87 firmas –es decir el mismo número de votos requeridos en el pleno para declarar la vacancia –, el martes refirió que si bien algunos legisladores no han suscrito el documento, “han dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia”.

“Hay un número de colegas sobre todo de lado oficialista que están discutiéndolo, dándose cuenta que han sobrepasado su nivel de tolerancia [...] Al día de hoy tenemos un número que sobrepasad con holgura los 87 votos. Pero eso es al día de hoy, puede ser que en tres o cuatro días se echen para atrás”, apuntó.

También explicó que la moción aborda hechos suscitados hasta el 13 de octubre. Pero señaló que “el detonante” fue que el gobierno haya interpretado que el rechazo de plano a su primera cuestión de confianza significa una denegación, ello pese a que no hubo votación expresa en el pleno como señala la ley.

“Ya es un punto insostenible, intolerable, de corrupción e inmoralidad [...] Hemos considerado de mutuo acuerdo con otras bancadas, incluyendo bancadas del oficialismo, que este era un momento oportuno por la amenaza en ciernes del cierre del Congreso”, añadió.

Al cierre de esta edición, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que el pleno verá este jueves desde las 6 p.m. la admisión a debate de la moción. Si es aprobada, citarán al presidente Castillo para el lunes 12 de diciembre para que ejerza su defensa.

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Demanda ante el TC y nueva denuncia

De otro lado, como había adelantado El Comercio, el presidente del Parlamento, José Williams, presentó el martes pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo.

Williams acudió al TC buscando que el Ejecutivo “se abstenga de considerar como denegada la cuestión de confianza” que interpuso el último jueves 17 –la primera solicitada– en torno a un proyecto de ley para derogar la ley que reafirma los límites para la convocatoria a un referéndum, aprobada por insistencia por el Congreso en enero de este año.

En el escrito presentado, pide que “en el supuesto que el Congreso no conceda la confianza a futuros Consejos de Ministros no proceda a disolver el Congreso de la República hasta que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, haya dictado sentencia firme y definitiva en el presente proceso competencial”.

Una vez ingresada la demanda, el TC debe definir si la admite a trámite en un plazo no mayor a 10 días. De ser ese el caso, vendría la contestación de la demanda, la vista de causa y la sentencia (se requieren 5 votos para declararla fundada).

El caso recuerda a la demanda competencial y medida cautelar que presentó la Comisión Permanente el 2019 luego de que el entonces mandatario Martín Vizcarra disolviera el Parlamento. El TC dictó sentencia luego de poco más de tres meses.

De otro lado, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el ex primer ministro Aníbal Torres y los ministros que suscribieron el acta del 24 de noviembre, imputándoles infracciones constitucionales y pidiendo su inhabilitación por 10 años. Un día antes hizo lo propio su colega Patricia Chirinos, aunque esta incluyó en su denuncia al presidente Pedro Castillo.

Presentadas las cartas desde el Parlamento, está por verse la jugada de reacción del Ejecutivo, que tiene pendiente solicitar la confianza para el Gabinete que encabeza Betssy Chávez. Asimismo, la decisión que pueda tomar el TC sobre la medida cautelar solicitada por el Parlamento ante un eventual cierre del mismo, y el impacto que esa determinación pueda tener incluso en los votos para la moción de vacancia.

PROCEDIMIENTO

– Según el Reglamento del Congreso, la admisión a trámite de la moción se debate y vota en la siguiente sesión a aquella en la que se dio cuenta de la misma.

– La admisión requiere el voto de al menos el 40% de los congresistas hábiles: 52 votos en base a 130 legisladores.

– Luego, el pleno debe debatir y votar el fondo de la moción. Se requieren 87 votos para la destitución del presidente.

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