“El 27% de funcionarios de confianza en gobiernos regionales y municipales no cumplen los requisitos mínimos”

Los resultados son alarmantes. Entre otros aspectos, se advierte que 1,584 de 5,756 directivos en esas entidades (el 27%) no cumplen con los requisitos mínimos para los puestos en que fueron nombrados, que incluyen cargos altos como gerentes o directores. Esto puede ser por falta de experiencia o por falta de formación. Las autoridades aún pueden corregir las designaciones, de lo contrario se enfrentan a posibles sanciones administrativas e incluso penales.

En diálogo con El Comercio, el contralor Nelson Shack comenta los resultados del informe y lo que implica para la ciudadanía tener funcionarios con alto poder de decisión que no se adecúen a lo que requieren las normas. Según destaca, el problema de fondo no es la falta de profesionales que sí puedan cumplir los perfiles, sino cómo hacer que esos puestos sean atractivos para quienes sí están calificados.

-¿Cuál ha sido el objetivo y la magnitud de este operativo?

La Contraloría tiene una práctica establecida. Luego de cada proceso electoral nacional, regional y local, hacemos un megaoperativo en coordinación con Servir para ver el adecuado cumplimiento de los perfiles en los procesos de designación de los funcionarios de confianza que hacen los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes, o como sucedió durante el gobierno de Pedro Castillo.

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Hemos hecho un operativo a nivel del gobierno nacional, que se lanzó hace como un mes y se mostraron los principales resultados. Y esta semana sale este informe consolidado de este mega operativo en 554 entidades públicas a nivel de los gobiernos regionales y locales, los gobiernos subnacionales. Hemos cubierto todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales provinciales y más de 270 gobiernos locales distritales.

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(Imágenes cortesía de la CGR)

Gracias al concurso de más de 1,200 auditores, entre mediados de julio y las primeras semanas de agosto, [se] han revisado 5,756 designaciones, los legajos de las designaciones de esos funcionarios. Y hemos encontrado que casi el 27% de funcionarios, lamentablemente, no cumple con los requisitos establecidos como mínimo en la Ley 31419 o en sus propios instrumentos de gestión.

-¿Estamos hablando de más de 1,500 funcionarios sin los requisitos mínimos?

Efectivamente, estamos hablando de 1,584 personas de 5,756, que al verificar sus legajos, no acreditan la información que permitiría suponer que cumplen con el perfil. Este operativo trata de alertar sobre una situación muy preocupante, respecto a cómo se están llevando a cabo esos procesos de designación. Pero es una alerta. 45 días después de esa alerta, la Contraloría va a volver a cada una de estas entidades ya a pedir cuentas de qué cosa es lo que han hecho con los informes que se han emitido. Se han emitido más de 580 informes sobre los casos puntuales de cada uno de estos funcionarios y ahí esperamos que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto, hayan retirado a los funcionarios que no cumplen con el perfil, hayan actualizado los legajos de aquellos que no estaban actualizados. Porque de lo contrario, ya vamos a entrar con las acciones de control posterior, para el deslinde de responsabilidades. Obviamente, si tú designas a una persona que no cumple con el perfil, ahí hay una responsabilidad administrativa e incluso, en ciertas circunstancias, hasta una responsabilidad penal ahora.

-Este es entonces una suerte de primer diagnóstico para luego de este plazo ver si se ha corregido

Exactamente, [para ver] si se ha reaccionado o no, y ahí imputaremos las responsabilidades que correspondan. Pero ya de plano, el tener más del 27% de los funcionarios que no cumplirían los perfiles ya es un problema bastante grande. Hemos terminado septiembre, estos informes han salido en agosto. Todos los gobiernos regionales y locales están en la disyuntiva de reemplazar, en caso que no cumplan, al 27%. Estamos hablando de casi la cuarta parte de todos los equipos de gestión, faltando tres meses para que acabe el año. Es una situación compleja que esperamos que motive a una serie de mejoras en los procesos de selección de personal. Y en la rigurosidad y coherencia de la aplicación de las normas.

Porque también es verdad, como nos lo han hecho saber muchos gobiernos regionales y locales, que las normas están pidiendo unos perfiles que están muy bien y son perfectamente deseables, pero eso significa que tienen que pagar lo que valen en el mercado esos profesionales. En muchos casos nos han manifestado que hay una evidente inconsistencia entre la calidad de los estándares de los profesionales que requieres y el sueldo que les estás pagando. Entonces, obviamente, no pueden contratar a nadie. Eso genera un problema de que, a raíz de los informes de la Contraloría, tienen que separar de las funciones a las personas que no cumplen, ¿y con quién los van a reemplazar?

No es cierto que no haya en provincias y regiones profesionales calificados. Yo que viajo tanto al interior del país, y hablo con los funcionarios, autoridades y la propia población, los funcionarios están ahí, pero no están dispuestos a asumir esas responsabilidades por las bajas remuneraciones que normalmente se les paguen los gobiernos regionales y locales. Cosa distinta sucede en las entidades del gobierno nacional, que muchas de ellas sí pagan sueldos mucho más competitivos, remuneraciones mucho más atractivas y tienen fondos especiales.

-¿Y todos esos 1584 funcionarios están actualmente en sus cargos?

Estas personas fueron designadas por las actuales autoridades entre enero y junio de este año. Esto es un megaoperativo para ver qué ha pasado con los procesos de designación de las personas del actual gobierno regional y local. No son cualquier profesional, estamos hablando de gerentes, subgerentes, el segundo y tercer nivel de jerarquía.

-¿Qué otros hallazgos contiene el informe?

Hemos encontrado que hay varias entidades [220 según precisa el informe, al que accedió El Comercio] que no con el límite del 5% de los cargos de confianza. La normatividad actual establece que todos los funcionarios de confianza de una entidad no deben ser mayores al 5% del total de la planilla. La ley también establece que se número no puede ser mayor que 50. Si hay organizaciones grandes que necesitan tener más, se tiene que hacer un trámite y sustentar ante Servir para que ellos aprueben el número mayor que 50, pero nunca más del 5%. Y hemos encontrado que hay entidades como la Municipalidad de Lima, que no han seguido el trámite y están incumpliendo la norma. También se ha establecido que más del 70% de las entidades no tienen procedimientos formales aprobados para llevar adelante el proceso de verificación para el cumplimiento de los requisitos al momento de designar a los funcionarios […] Cada uno verifica más o menos a su libre albedrío. Por eso se generan tantos problemas, no tienen los mecanismos para ejercer la debida diligencia y verificar que las personas cumplen con todos los requisitos.

-El informe habla de un total de 1924 “situaciones adversas”. ¿Qué se entiende por eso?

Es una situación en la cual la comisión auditora está detectando que hay una presunta irregularidad, se está rompiendo una norma. En este caso, estas 1924 situaciones adversas están asociados a los casos donde hemos encontrado que esos 1584 funcionarios que no cumplen con el perfil, a los casos en que entidades se pasan del 5% o casos en que las entidades no tienen los procedimientos para ejercer con la debida diligencia los mecanismos de verificación del cumplimiento de los perfiles. Esto no es menor porque en octubre pasado, el Congreso retipificó el delito de nombramiento y aceptación ilegal del cargo. Es por eso que ahora nombrar a un funcionario con el perfil, con los requisitos, puede llevar a una responsabilidad penal y administrativa.

-Si en este plazo, los gobiernos regionales y municipales no corrigen esas designaciones, ¡los que fueron nombrados y los que nombran se arriesgan a una acción penal?

Por supuesto, justamente lo que va a hacer la Contraloría es eso. Ya dijimos, estos informes están publicados, se emitieron en agosto, y tienen 45 días de acuerdo a la norma para establecer estas medidas correctivas. Después de estos 45 días vamos a ir a preguntarles qué ha pasado con tal caso concreto, si cumple o no cumple, porque puede ser que cumpla pero no estaba actualizado el legajo. Ahí hay una responsabilidad administrativa, pero no puede haber una responsabilidad penal. En cambio, si vemos que no cumple y sigue trabajando, no los han sacado, entonces las comisiones auditorias seguramente considerarán la imputación de responsabilidades penales tanto en agravio de las personas que han designado como las designadas.

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-El tema de las designaciones no idóneas estuvo en el foco durante el gobierno de Pedro Castillo, donde constantemente se detectaron casos. ¿Se pudo hacer un balance o cifra definitiva de cuántos casos hubo en total en esa gestión?

Nunca llegamos a hacer ese cálculo. Pero recuerdo que sacamos cientos de informes sobre distintos ministerios durante el gobierno de expresidente Castillo, de situaciones en las que la Contraloría alertaba. Era casi pan de todos los días: cada semana sacábamos un informe y a la semana siguiente, lo cambiaban [al funcionario]. Eso fue muy recurrente y es malo porque no solo se trata de incumplir la norma. Hay que entender que la gestión pública y los ciudadanos merecemos funcionarios públicos calificados. Porque puede ser una buena persona, una persona que tenga mucha voluntad, es más, puede ser una persona honesta, lo cual ya sería bastante; pero necesitamos que sepa gestionar, que sepa resolver los problemas. Seguramente es una persona inteligente, seguramente va a aprender, pero ese proceso de aprendizaje le va a tomar un año, esa curva de aprendizaje va a ser muy costosa, va a tomar malas decisiones…

-Y eso no puede ser a costa del ciudadano…

No solamente de los recursos de todos los ciudadanos, sino que estas personas, los funcionarios de confianza son los que toman las más importantes decisiones en la administración. Porque son jefes: los gerentes, el asesor, los directores generales. Son los que toman las decisiones y si no están calificados para tomar esas decisiones, aunque tengan buena voluntad se van a equivocar y eso va a terminar haciendo que la ciudadanía pague esos platos rotos. Un ejemplo son, a nivel subnacional, los niveles de ejecución del gasto en los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo vamos a pretender que haya mayores y mejores niveles de ejecución de gasto y mayores y mejores niveles de prestación de servicios públicos que se financian con ese gasto, si los funcionarios al mando de estas entidades públicas no están calificados?

-¿Qué problema de fondo ve? ¿Por qué no se está cumpliendo con la idoneidad a pesar de lo mucho que se habló del tema en el último año?

La Contraloría tiene esta política y, por tanto en el 2019 hicimos lo mismo, revisamos alrededor también alrededor de 6,000 legajos a nivel nacional. En ese entonces se encontró que más del 33%, uno de cada tres, no cumpliero. Ahora estamos en uno de cada cuatro, la situación ha mejorado. Pero además ahora tenemos la Ley 31419, eso no existía antes. Ya está establecido un parámetro mínimo, un umbral mínimo que todos [deben cumplir] los funcionarios designados de confianza en los gobiernos nacionales, regionales y locales, descostando los municipales muy chicos a los que no se aplica esa ley. Ya tienen un estándar, un mínimo: cinco años de experiencia general, experiencia específica, formación universitaria, etc. En eso, creo que la clase política y el Estado han avanzado.

Ahora, en muchas zonas de provincia, sobre todo, los propios alcaldes presentan que hay un problema de coherencia: ¿cuánto gana un logístico, un jefe de infraestructura, un director? Nadie que tenga una calificación está dispuesto a trabajar por lo que le quieren pagar. Ahí tenemos un problema, que es parte de cómo captar y retener personal calificado en el Estado. La sociedad tiene que entender que para que el Estado funcione, la gente tiene que ser honesta y tiene que estar calificada. Y para estar calificada, el Estado tiene que pagar remuneraciones competitivas.

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-Entonces no se trata de bajar o que no haya estándares, sino de subir lo que lo puede recibir un profesional calificado en el estado…

Así es. Lo que necesitamos es elevar los estándares y ser coherentes con que un estándar más alto tiene que cobrar más alto. Lo que se tiene que hacer es, y esa es una de las grandes reformas pendientes, introducir seriamente un servicio civil calificado a nivel subnacional. Los funcionarios deben tener una carrera, deben ingresar meritocráticamente, permanecer y salir meritocráticamente, y de esa manera, poder tener en el futuro a nivel, sobre todo, subnacional un mecanismo que permita captar y retener personal calificado en el Estado

-¿No es cierto cuando se dice que en las provincias y distritos no hay personal que cumpla lo estándares?

Esa es una falacia. A mi juicio, no es que no haya profesionales calificados a nivel subnacional. Las hay. Incluso podría decir que hay, en muchos caso, gente más calificada que los que trabajan en muchas entidades públicas del nivel nacional. Pero no están dispuestas a asumir ese tipo de responsabilidades a ese precio, a ese sueldo. Hay diferencias demasiado marcadas, del doble [de sueldo], hasta del triple. Entonces, es muy difícil que el mercado laboral pueda ofertar profesionales calificados -separando los temas de integridad- a esos precios que están dispuestos a pagar los gobiernos regionales y locales […] Lo que se necesita es generar un mecanismo, estar dispuestos a pagar un poco más para tener mejores profesionales.

-Ahora, se sabe que en los gobiernos regionales y municipales, hay informes de la Contraloría al respecto, hay muchos problemas de corrupción….

Claro, lo que pasa es que si tenemos la posibilidad de contratar pagando mejor, vamos a tener mejores funcionarios también. No es que vas a subirle el sueldo a los actuales funcionarios, sino que tienes que generar plazas con financiamiento, con sueldos competitivos, pero que tienen que entrar por concurso. O establecer esta establecer mecanismos lo suficientemente rigurosos para que incluso las posiciones de confianza cumplan un perfil de alto nivel.

-¿Se ha hecho hacer un análisis similar de funcionarios actuales del gobierno central que no cumplan los requisitos?

No. En el caso del gobierno central, lo que hemos hecho es un gran megaoperativo. Hemos intervenido más de 150 entidades del gobierno nacional, incluyendo todos los ministerios, y cada vez que este se ha evidenciado a partir de las denuncias ciudadanas y de parte de los medios de comunicación, que hay indicios del nombramiento de funcionarios que no cumplen con el perfil, la Contraloría ha intervenido y ha sacado los informes […] Lo que sí vamos a hacer, en la memoria que vamos a presentar al Congreso, es incluir un acápite de todos los informes que hemos sacado de casos donde se cumple con el perfil en el gobierno nacional.

-La muerte del congresista Hernando Guerra García ha puesto el foco las carencias del primer nivel de atención de salud. Según un informe de El Comercio, el 45% de centros de salud y postas no tienen médicos. ¿Qué puede hacer la Contraloría frente a esto?

Desde julio hemos iniciado este un megaoperativo a nivel nacional, que implica la visita a más de 2.000 establecimientos de salud de primer nivel. Ese informe debe estar listo, seguramente, a fines de octubre. Creo que va a servir para que el sector, el Poder Ejecutivo, y el Congreso, vean la necesidad de plantear una reforma integral del servicio de salud de primer nivel. Ahí se necesitan cambiar algunas normas, inyectar recursos. Claramente, el primer nivel de atención no está funcionando, y eso no solamente congestión el segundo y tercer nivel de atención, sino que ocasiona que esta desgracia que ha ocurrido con el señor congresista, en la vida práctica, es lo que padecen miles de ciudadanos todos los días de su vida. Imagínate a todas las personas que se atendían en este puesto de salud que solamente cierra a las 7:30 de la noche […] Durante la pandemia se inyectaron miles de millones de soles al sector salud, pero se concentró todo en el segundo y el tercer nivel de atención. Se dejó prácticamente abandonado el primer nivel de atención. Necesitamos recuperar la capacidad que antes tuviera el primer nivel de atención, que tengan los médicos, las medicinas, los equipamientos básicos, etc.

-Para volver al informe, ¿cómo afecta a la ciudadanía la designación de un funcionario de confianza que no cumpla los requisitos mínimos?

A la ciudadanía le importa es tener una gestión pública integrar, transparente, que no haya tanta corrupción; pero además lo que quiere es que la gestión pública sea eficaz. La gente quiere que se resuelvan sus problemas. Para eso, la gente que tomas las decisiones tiene que saber, tiene que estar calificada. Que no cumplas con un perfil quiere decir que no estás calificado para ese puesto. El hecho de que sea un puesto de confianza, de libre designación y remoción por parte de la autoridad, no exime de la responsabilidad de cumplir el perfil. El cumplimiento del perfil es la mínima cosa por la que la sociedad, a través de las leyes, trata de asegurar que esa persona que se sienta en ese puesto, gana ese sueldo y toma las decisiones, tenga las capacidades suficientes para poder tomar buenas decisiones. Esa es la lógica que está detrás. Por eso, para todos los ciudadanos es muy es muy importante que los funcionarios tengan estudios, experiencia, capacitación, porque si no tienen eso, van a tomar decisiones que van a afectar directamente la línea de producción de los bienes y servicios públicos, que son los que permiten que la sociedad realice sus derechos.

En el Congreso hay un proyecto de ley que busca que el contralor general pueda seguir en ese puesto, incluso luego de que culmine su periodo, hasta que el Congreso nombre oficialmente a su sucesor. ¿Cuál es u postura o la de su institución respecto a este tema?

Ese proyecto de ley no lo ha presentado la Contraloría. Tenemos entendido que hubo tres proyectos acumulados. Yo he dicho que institucionalmente, al margen de Nelson Shack, porque mi gestión termina en julio del 2024, es conveniente que no haya un periodo indeterminado en el que el contralor no existe. Con la actual reglamentación, el contralor termina su periodo y deja a quien a va a ser el contralor. Lo que estamos discutiendo aquí es: si el Congreso no elige al nuevo contralor, el nuevo contralor en funciones lo voy a poner yo, va a ser el vicecontralor que yo decida. En realidad, la ley no debe permitirte hacer eso, eso no está bien porque. El contralor no puede decidir quién lo va a suceder en su cargo, para eso es el proceso de elección del Congreso.

Además hay otras consideraciones institucionales muy importantes por las cuales he dicho que estoy de acuerdo con esa ley, a pesar que eso signifique que tenga que quedarme algunos meses, cosa que no quiero hacer, en realidad. Ese funcionario [el encargado del puesto de contralor] no es un aforado. El Congreso no tendría pleno control sobre el contralor. ¿Quién controla al contralor? El Congreso. Pero el Congreso no puede controlar a un funcionario, solo controla los aforados. Eso es también una preocupación para el Congreso, absolutamente legítima.

Pero además hay otra hay otra razón. Antes, cuando alguien salía de vacaciones, por ejemplo, no lo reemplaza alguien y ese alguien tiene todos los poderes. A raíz de todo este problema que hubo con la contienda de competencias entre el Parlamento y el Poder Judicial, a propósito de la elección del Defensor del Pueblo, la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido claramente que el titular es el titular, el encargado no es titular. Por tanto, al no ser titular, hay una serie de funciones que no puede ejercer. En el caso de la Contraloría, hay una serie de funciones en la Ley Orgánica que son indelegables del contralor. Por lo tanto, si el contralor no está, y reitero que el vicecontralor encargado es el encargado del despacho, no podrían ejercerse. Por ejemplo, no podríamos levantar el secreto bancario y tributario de los funcionarios que manejan recursos públicos, porque eso es una función exclusiva y excluyente del contralor.

Hay una serie de normas que están en las normas de reforma constitucional que se han sacado y en las modificaciones a la Ley Orgánica, que harían muy complicado para la continuidad institucional que no haya contralor. Lo que tienen que hacer el Congreso y el Ejecutivo es tomar las previsiones del caso para que no pase con el siguiente contralor o contralora lo que pasó conmigo: a mí nadie me entregó el cargo. Lo que debería suceder es que haya una continuidad y que al nuevo Contralor, elegido por el Parlamento, yo pueda entregarle el cargo. Obviamente, eso va a depender de si es que se aprueba esa ley o no, y ese es un tema que le corresponde al Parlamento.

Si por usted fuese, ¿usted terminaría su cargo ahí mismo?

Por supuesto. Yo cuando acepté la invitación no solamente el Poder Ejecutivo, sino de toda la clase política con la que me reuní en el 2017, fue para hacer la reforma del control. Ya prácticamente la reforma del control está concluida. Con eso concluye mi compromiso en esta institución.

¿Y no hay posibilidad de reelección?

No está impedida. Es posible que exista la reelección, pero yo no tengo ningún interés en reelegirme.