La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recordó que sus fallos son vinculantes y que deben ser acatados de “buena fe” por todos los poderes del Estado. Esto, en una carta en respuesta al documento que enviaron Dina Boluarte y el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, donde “deploraron” una resolución que requirió al Perú que no entre en vigencia la ley que restringe la figura de crímenes de lesa humanidad.
La misiva, firmada por la presidenta de la corte, Nancy Hernández López, precisa que es una respuesta a la carta enviada por las autoridades peruanas en rechazo a la resolución del 1 de julio en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
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“Conforme al derecho internacional, dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas”, indica el documento.
La corte precisa que para el Perú, como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la “obligación de cumplir las decisiones de la Corte IDH, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales”.
Corte IDH responde a Dina Boluarte y Alejandro Soto.
Corte IDH responde a Dina Boluarte y Alejandro Soto.
El 8 de julio, Dina Boluarte y Alejandro Soto enviaron una carta a Nancy Hernández como presidenta de la corte interamericana rechazando la resolución que requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma, que en ese momento impulsaba el Congreso, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.
En la carta, las autoridades peruanos manifestaron que el Peru´es un país con sus propios mecanismos internos para controlar sus propias leyes.
“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte-IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, indicaron Boluarte y Soto.
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Nancy Hernández dijo que está convencida que el Perú encontrará la vía para cumplir con sus obligaciones internacionales, especialmente lo que ordenó la Corte IDH para evitar que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta queden en la impunidad.
“Lo contrario haría ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, tanto ante el derecho internacional como ante el Sistema Interamericano”, asevera.
En la carta, la Corte IDH recuerda que en su resolución del 1 de julio le otorgó al Perú un plazo hasta el 9 de agosto para que informe sobre los pasos que ha tomado para implementar sus disposiciones sobre la ley sobre lesa humanidad.
Cabe recordar que la autógrafa fue aprobada el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente del Parlamento.
