El informe más temido. Crónica de Fernando Vivas sobre lo que el gobierno no quiere oír sobre los muertos

¿Qué hizo Hernández, uno de los miembros de la comisión que visitó Perú entre el 11 y el 13 de enero? Pues le contestó el teléfono a The New York Times (NYT), que buscaba fuentes para su artículo “La policía y el ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes”, de Brett McDonald y Aimara Tiefenthaler, publicado el 16 de marzo. Allí, Hernández es citado con esta frase: “El factor clave es que la policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional”. Y luego, los autores agregan: “Hernández ayudó a efectuar una evaluación sobre el territorio de la violencia [o sea, el informe de la CIDH] y la calificó de ‘excesiva para el objetivo de controlar la protesta’”.

“El factor clave es que la policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional”

Torre Tagle, según mis fuentes, estima que el informe sería difundido a fines de abril. El 29 de marzo se vence el plazo para recibir las observaciones que trasladará cancillería a la CIDH, pero en realidad las está elaborando el Ministerio de Justicia. Una fuente ligada a la OEA estima un tiempo más corto, pues no cree que el organismo quiera demorar la difusión, y piensa que esta se haría los días posteriores a la semana santa de principios de abril. Los antecedentes regionales son muy diferentes entre sí: el informe tras el estallido chileno, donde también hubo represión y muertes, tomó varios meses; y el del estallido colombiano, se hizo con relativa rapidez. En cualquier caso, la difusión pública del documento está asegurada.

¿Adelantó opinión Hernández? El Comisionado hizo aseveraciones y usó adjetivos. Opinó sin lugar a dudas. Pero hagámonos una pregunta fundamental: ¿es la CIDH una corte en la que se puede recusar al juez que abrió su bocota sobre el caso que está siguiendo? No precisamente. Tan no lo es, que el último día de su visita, el líder de la misión, Stuardo Ralón, junto a Hernández y otros comisionados, dio una conferencia de prensa en la que describió de modo general y evitando sacar conclusiones, lo que encontró. Junto a sus colegas, respondió varias preguntas.

La Corte IDH con sede en San José, pariente de la CIDH en el sistema interamericano, sí se acoge a la tradición de la discreción y tiene su propia normativa que puede llevar a recusar a un juez. En el artículo 19 de su estatuto, la Corte IDH habla del impedimento, excusas e inhabilitación de los jueces. No menciona específicamente el adelanto de opinión como una causal para apartar a un juez del proceso o para cuestionar la integridad de este; pero podría argumentarse que, en casos extremos, sí lo sea.

Quienes suelen recusar a jueces porque los presumen parcializados en su contra, suelen citar el Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial”. Si se demuestra que la opinión pinta al juez como parcial, o si ha roto el deber de reserva de lo avanzado en el proceso (esto sí está recogido en el estatuto y el reglamento de la Corte y de la CIDH), el juez o comisionado estaría en problemas.

Recapitulando: la mera opinión sobre el tema no es una causal para cuestionar ni a un comisionado ni al proceso del que es parte. Los procesos son reservados (Art. 14 y Art. 20 del reglamento que habla de las sesiones y las actas) de lo que se deduce que los comisionados no deben difundir el contenido del informe; pero no es eso lo que se acusa en Hernández; sino de haber expresado su opinión. Las buenas costumbres obligan a la discreción, pero no hay normativa en la institución que prohíba opinar sobre las causas que ven los comisionados. Adrianzén me sugirió que me fije en el Art. 60 del reglamento de la CIDH. Este no habla de comisionados opinantes ni del derecho a recusarlos, sino del derecho de las partes a hacer peticiones y aportar informaciones en el proceso de elaboración de un informe sobre presunta violación de DDHH.

Por todo lo anterior, cuando le pregunto a nuestro hombre en la OEA, ¿sino se puede recusar al comisionado cual es el objeto de esta queja?, me responde: “No pretendemos recusarlo, ni pedimos que se inhiba el comisionado, no hay tales cosas en la CIDH; pero queremos dejar sentada nuestra protesta, porque eso no debe pasar”. Adrianzén no es diplomático de carrera; pero se ha vuelto parco como si lo fuera, y no me responde cuáles pueden ser las intenciones ulteriores de la nota. Es abogado, ex ministro de Justicia y ya libró, como procurador, una batalla ante el sistema interamericano, aquella vez no ante la CIDH sino ante la Corte IDH. Representó al Perú ante la denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales durante la Operación Chavín de Huántar.

¿Cuáles serían esas razones ulteriores? Conversando con diplomáticos en retiro e internacionalista, surgen algunas hipótesis, no necesariamente excluyentes. Una de ellas, es generar una pátina de cuestionamiento y desprestigio del informe, para atenuar el impacto crítico que sin duda va a tener. Otra es ganar tiempo y moderación, demorando su difusión y quizá atenuando moderando alguna recomendación, pues la OEA tendrá que procesar sutilmente la queja peruana. Otra es que el gobierno quiera mostrar a sus aliados policiales y militares, el firme respaldo a su acción contra el radicalismo de las protestas.

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La última razón es fundamental, porque impele, como lo hemos contado en crónicas anteriores, a cierto negacionismo. ‘Aquí no se ha violado derechos humanos y punto, y sí se hubiera hecho, bueno, que la fiscalía investigue’; es el discurso que, matices más, matices menos, prima en el gobierno. La cancillería, que tiene roce con diplomáticos de perspectivas más frías y realistas, quisiera que el gobierno la autorice a ser más proactiva y admitir más de lo que se admite. Pero, Dina Boluarte y Alberto Otárola rechazan tal perspectiva, y vuelven al tono negacionista, que el embajador político Adrianzén ha sabido encarnar ante la OEA. Gervasi, según mis fuentes, quiso dar la pelea en algún momento, pero tiró la toalla tras su performance ante The New York Times que la entrevistó y la citó, en apabullante titular, de esta forma: “Protestas en Perú: la canciller reconoce que no hay prunbas de respaldo de criminales” (2/2/2023). Desde entonces, Gervasi se corre de entrevistas con medios extranjeros puntillosos. Y ha permitido que se contrate en Estados Unidos a una agencia de lobbistas y campañas comunicacionales, que ayude a levantar la imagen del Perú.

"Dina Boluarte y Alberto Otárola rechazan tal perspectiva, y vuelven al tono negacionista, que el embajador político Adrianzén ha sabido encarnar ante la OEA"

Ni la canciller ni el ministro de Justicia, José Tello, tienen el peso y muñeca política como para plantarse ante la presidenta y convencerla de ese giro proactivo. No se trata de hacerlo solo por una convicción pro DDHH y por el respeto a los caídos y a sus deudos; sino por realismo. Más tarde será más difícil administras las recomendaciones de la CIDH y la presión internacional. Noten, además, que en el reporte de EE.UU sobre los DDHH en el mundo, su capítulo sobre Perú, es especialmente severo y habla, sin ambages, de excesos represivos.

He conversado con diplomáticos en retiro que, a su vez, conversan con embajadores de países amigos y han oído esta frase en más de una boca: “El Perú no se deja ayudar”. Saben estos diplomáticos que, en materia de violaciones de DDHH, es mejor tener predisposición a administrar la verdad desde un comienzo, pues la postura negacionista lleva a un callejón sin salida. Violaciones a los DDHH ocurren en todas las democracias; la diferencia crucial con el totalitarismo, está en investigarlas y sancionarlas.

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Un diplomático me mencionó una propuesta que existe en expertos en DDHH y que, en las semanas críticas de diciembre, se le hizo llegar a Boluarte. ¿Cuál es? Pedir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos que envíe una misión permanente a Perú, que vigile sobre el terreno el trabajo policial y militar ante las protestas. En Colombia hay una desde el gobierno de Álvaro Uribe y se mantiene hoy en el de Gustavo Petro.