Llamé a la jueza Elvia Barrios para que me cuente qué retos esperan a su sucesor. Me estaba respondiendo cuando de repente hizo un silencio y exclamó, “¡pero quién es esta, qué es esta locura¡”. Repuesta de su sorpresa y yo de la mía; me contó que acababa de ver que una total desconocida para ella había presentado un hábeas corpus ‘a favor de su libertad de trabajo’, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y todos sus miembros, por un proceso disciplinario que allí se le sigue. Tuvimos que cortar la conversación, para que ella se ocupara en desmontar el entuerto.
Les cuento esta anécdota para que quede registrado que el mandato de un presidente del Poder Judicial –cortísimo, de dos años, y sin posibilidad de reelección inmediata o mediata- no se agota en planes para disminuir la carga procesal, avanzar en la consolidación del EJE (expediente judicial electrónico) y en el cumplimiento de su PEI (Programa Estratégico Institucional). Incluye enfrentar intrigas como la del habeas corpus inconsulto. Y también denuncias que, en otros casos, quizá se resolverían con celeridad. La que procesa la JNJ contra ella es por no haber advertido de la contratación de su esposo en el JNE. Han pasado alrededor de 7 años del hecho, pero cierta inercia mantiene vivo el expediente. El ponente del caso, Guillermo Thornberry, dramático, pide la destitución. Por otro caso similar, también relacionado al JNE, se ha impuesto una amonestación al ex presidente del PJ, José Luis Lecaros.
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El juez supremo Javier Arévalo Vela también afronta un proceso en la JNJ. ¿Adivinan de qué se trata? De no haber advertido de la contratación de un familiar suyo en el JNE. Caray, esto del JNE es casi una tradición judicial. Si es tal, la JNJ podría haberse propuesto extirparla, pero no debiera hacerla tan larga, sobre todo en el caso de Arévalo. ¿Por qué lo destaco? Porque es uno de los tres candidatos que se han lanzado a la conquista de 14 votos junto a Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama. ¿Por qué 14? Porque son 16 jueces supremos, 1 no vota porque preside el JNE (Jorge Salas Arenas) y el candidato presumimos que se vota a sí mismo. El voto es secreto y se gana por mayoría absoluta. Si nadie gana la mitad más uno de los votos, inmediatamente se vota una segunda vuelta entre los dos primeros. Si hay empate se unge al más antiguo. A propósito de antigüedad, empiezo por hablarles de un límite insólito entre los tres.
Cuando me vaya
Héctor Lama More nació el 5 de abril de 1954 en Sullana. El 5 de abril del 2024 cumple 70 años y pasa a retiro por mandato de ley. Si fuese elegido el próximo jueves, empezaría su mandato el 1 de enero del 2023 y se retiraría forzosamente el 5 de abril del 2024 tras apenas un año y tres meses de gestión. Sus pares tendrían que elegirle un reemplazo por los 9 meses restantes. Así pasó cuando renunció Duberlí Rodríguez, por estar salpicado por el caso de los Cuellos Blancos. Lo reemplazó Víctor Prado Saldarriaga por los 5 meses que le quedaban y, a pesar de que a Prado lo respaldaban varios colegas, la sala plena (así se llama cuando se reúnen todos) hizo una interpretación bastante restrictiva de la prohibición de reelección y no le permitió postular y ser elegido para el siguiente periodo. Conozco al juez Prado y creo que su continuidad hubiera dado más estabilidad y solidez al PJ. No pasó eso con Lecaros.
¿Para qué postular con un límite de edad? Lama ya ha postulado en las dos elecciones anteriores y ha perdido ante Lecaros y ante Elvia Barrios. Querer coronar su carrera con el máximo puesto en el escalafón es una noble ambición, pero el precio sería abonar a la inestabilidad del PJ. Que el mandato dure dos años ya es un gran freno; tanto, que Transparencia plantea extender ese plazo entre su listado de reformas nacionales indispensables. Un año y 3 meses, ¿muy poco, no?.
Alguien que ve con tolerancia la candidatura de Lama me dijo que este podría apelar a una interpretación flexible de la ley para que se considere su vida laboral mientras tenga 70 años, hasta un día antes de cumplir 71. Sin embargo, eso es improbable. Conozco el caso –Res. 001809 2001 Servir/TSC 1ra Sala - de una trabajadora que ante Servir alegó que la ley abría esa posibilidad e invocó un principio de derecho laboral que suena muy bonito en latín, in dubio pro operario (la duda favorece al trabajador), pero las dos instancias de la entidad le dijeron que no. Para los tribunales no había duda. Uno cumple la edad de retiro y ya fue.
Resulta que para Lama tampoco hay duda. Lo llamé y me dijo que no se le ocurriría invocar ese principio, que sabe que los 70 es el límite y lo asume. ¿Por qué postula, entonces?. “Si mis colegas me dan su voto, yo no voy a empezar el 1 de enero del 2023. Yo ya he empezado años atrás, por lo menos 5 años, desde que estoy en el Consejo Ejecutivo del PJ. Han estado a mi cargo procesos importantes como el de la consolidación del EJE. Es más, hay un préstamo aprobado del Banco Mundial que permitirá usar una mejor plataforma que la actual; eso consolidaría el EJE de tal forma que colapsaría el modelo gerencial que tenemos hoy. Yo prometo que transformaré y modernizaré la administración del PJ”.
Lama me demostró, en esta conversación, estar muy al tanto de los temas fundamentales del PEI y se aferra a esta figura –retórico fáctica, si quieren llamarla así- de que consideren que en realidad, ya está a la cabeza a la que va a postular. Su caso abre otra paradoja temporal. Si gana, quien lo suceda tendría chance de ser elegido para los dos años siguientes, convirtiéndose en el gestor de mayor tiempo en el puesto. La restricción que se le puso a Prado Saldarriaga fue un acuerdo de sala solo válido para esa ocasión. Podría -en realidad debería- levantarse en una ocasión similar, que se daría de todos modos con el retiro forzado de Lama pero podría darse con cualquier otro si se va por razones de fuerza mayor. Surge la interrogante de si Lama podría ganarse algunos votos acordando con un sucesor; pero una vez que se retire no tendrá ni voz ni influencia.
Uno de dos
Lama es respetado y avalado por suficientes colegas como para llegar a la segunda vuelta; pero si su opción se desvaneciera por el límite de tiempo; la elección tendría que darse entre Arévalo y Arias Lazarte. Ambos tienen buenas credenciales como jueces. Volvamos por última vez al proceso que pesa sobre Arévalo en la JNJ. Aunque él confíe en que será absuelto, podría resolverse en su contra. Si se le amonesta, como a Lecaros, se traga el sapo y sigue para adelante; pero si fuera una suspensión por unos meses, tendría que llamarse al juez más antiguo –César San Martín, que ya ha sido presidente, pero sí le correspondería asumir un reemplazo temporal- para que lo cubra.
He indagado en fuentes supremas y ni esa posibilidad de sanción, ni el fondo del asunto, parece preocupar gran cosa a sus colegas. Incluso, aunque Elvia Barrios ha decidido no apoyar públicamente a ningún candidato, ha hecho declaraciones que dejan entrever que votará por Arévalo. Un juez que conozco me dijo en off lo siguiente: “Cómo podemos hablar o juzgar de casos como el de Betssy Chávez [su presunta influencia para contratar en el Estado a familiares de su pareja] si no damos el ejemplo”.
Le pedí a Arévalo conversar, pero no me contestó. Arévalo fue, en su tiempo, el juez más joven, y es autor de una frondosa bibliografía en materia de derecho laboral. Su plan de gobierno es un amplio diagnóstico de los problemas del PJ y se compromete a poner acentos particulares en los temas del PEI. Es popular entre sus colegas y lleva buen tiempo trabajando sus votos. Cumplió, al igual que Lama y Arias Lazarte, con presentar su plan de gobierno y exponerlo ante sus colegas en la sala plena del viernes pasado, televisada por Justicia TV.
Arias Lazarte, a diferencia de Arévalo, me pidió conversar personalmente en su despacho del Consejo Consultivo, en el edificio histórico del Palacio de Justicia. Arias y Lama, vaya coincidencia, son los únicos dos supremos miembros de ese consejo. Arias tiene otro despacho, en la Academia de la Magistratura, de la que es presidente. Le pregunté por aquella y aprovechó para resumirme su vida: “Me hice juez por un asunto familiar. Cuando era niño, tendría 10 años, vivía en Huaraz y mi padre perdió su negocio por un problema judicial. Sentí que fue tan injusto que me decidí a convertirme en juez. No había nadie asociado al derecho en mi familia. Me convertí en abogado, porque era el único camino para ser juez y cuando se fundó la Academia de la Magistratura, fue de la primera promoción”.
El juez de vocación se queja de que los rechazaron la primera vez que se presentó para ser nombrado porque, en la entrevista oral, se le ocurrió contar que renunció a las Fuerzas Armadas cuando estaba asimilado a ellas y sobrevino el golpe del 5 de abril. Le pidieron que demuestre su rrelato, pero no pudo hacerlo en ese momento. Tuvo que esperar un año y otra convocatoria para hacerlo con documentos en la mano.
Volvamos a la pregunta que hice a Elvia Barrios sobre los encargos a su sucesor. Lo primero que me dijo fue lo del EJE, y por eso le pedí a Lama que desarrollara ese punto. Lo segundo que me dijo fue: “Se ha detectado que la gran carga procesal no se concentra en el trámite y en los procesos en sí, sino en la ejecución de las sentencias. Hay demasiadas sentencias sin ejecutar. Es así que me propuse implementar juzgados de ejecución en todas las áreas, pero yo empecé con la pandemia, y solo lo pudimos hacer experimentalmente”.
Arias me explicó, con cifras, porqué él apuesta a ese proceso, como consta en su plan de gobierno: “La estructura del PJ no es piramidal, sino romboide. En la cabeza hay una pequeña meseta, que somos los supremos, se va ensanchando hacia abajo, en los juzgados especializados, que son más de 1800 y allí se concentra el trámite y la litigiosidad que sube y vuelve a bajar hacia ellos. En la base, están los juzgados de paz que son alrededor de 600″. Por geometría, digitalización o juzgados de ejecución; estos candidatos buscan aliaviar la carga procesal y transformar así el PJ.
Sin embargo les pregunto lo mismo que les he preguntado a anteriores cabezas del PJ por un tema que creo crucial: ¿por qué no promover la conciliación extrajudicial como un realmente alternativo?. Ahora, está venida a menos y depende de que sea validada judicialmente. En realidad, es una fase o requisito del proceso judicial. Arias y Lama están de acuerdo conmigo y coinciden en que, para que funcione, tendría que ser promovida desde el Ministerio de Justicia como una política de Estado como un sistema totalmente alternativo. No está en sus planes escritos.
Ambos han hablado con colegas que les han dicho que votarán por ellos, que no lo harán o que tal vez. El resultado será reñido y probablemente vayan a segunda vuelta. Hay 6 supremos recién incorporados en este año que van a definir la elección. Pero no se trata de un grupo uniforme de jóvenes jueces. Tienen distintas edades y trayectorias, solo coinciden en su año de ingreso a la Corte Suprema. Por eso esta elección, con voto secreto, es más impredecible que otras. 14 jueces no solo juzgarán la aptitud de Lama, Arévalo y Arias sino que ponderarán el límite de tiempo y el proceso disciplinario de los dos primeros. Mientras dos poderes de la nación, el Ejecutivo y el Legislativo están trenzados en un combate a muerte; el Poder Judicial dará el próximo jueves una campanada institucional.