Desde una sala de audiencias del Penal de Barbadillo, en el distrito de Ate Vitarte, el expresidente Alejandro Toledo, empezó un camino judicial que quiso evitar a toda costa: Su juicio oral por el Caso Interoceánica y responder ante la justicia por la presunta recepción de US$35 millones en coimas para favorecer a la empresa Odebrecht.
El caso de Toledo, a diferencia de otros expresidentes implicados en la trama de corrupción desplegado por el conglomerado brasileño, es significativo para el nuestro país.
Y es que, por más de seis años, luego de escapar rumbo a Estados Unidos, el líder del desparecido partido Perú Posible fue traído al país en una cuasi-agónica extradición hace seis meses.
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Toledo Manrique es imputado de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por haber licitado de manera irregular la obra que llevó adelante la construcción de la Carretera Interoceánica, en sus tramos 2 y 3.
Por ello, la fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de cárcel en su contra. Junto a él también deberá responder ante la justicia Avraham Daon, su exjefe de seguridad durante su gobierno (2001-2006).
La primera sesión, este lunes, se extendió por más de seis horas.
Además, los exmiembros del Comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; los exrepresentantes de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone; así como el exrepresentante de la empresa Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey.
José Graña y Hernando Graña, que estaban incluidos en la acusación, fueron retirados tras recibir sentencias de colaboración eficaz.
Según las investigaciones fiscales, Toledo Manrique habría solicitado un presunto soborno a la empresa Odebrecht, durante una reunión en Río de Janeiro (Brasil), en el 2004.
Jorge Barata, ex directivo de la constructora brasileña en el Perú, ha reconocido haber sido parte de la mencionada reunión y haber aceptado realizar los pagos.
La Procuradoría Ad Hoct para el Caso Lava Jato solicitó que el exmandatario Alejandro Toledo, junto a sus co-acusados, paguen una reparación civil de US$ 15′744,089.16 millones y S/7′889,313.84 millones, de manera solidaria.
Las entregas de dinero se realizaron a través de las cuentas bancarias de las empresas de Josef Maiman; quien fuera amigo de Toledo y quien también confesó haber prestado sus empresas para el lavado del dinero. El empresario falleció en octubre el 2021.
La audiencia estuvo a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada, que aludiendo cuestión de seguridad y aforo, no permitirá el ingreso a los medios de prensa.
Además de la fiscalía, hicieron sus primeros alegatos la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, representado por el abogado Carlos Fernández Muñoz.
El abogado explicó los mecanismos por los que sustentará la pretensión resarcitoria a favor del Estado. “Si no hubiera sido por la extradición, Toledo jamás se hubiera sometido a la autoridad penal de este país”, recordó dentro de sus alegatos.
Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, aseguró que las imputaciones contra su patrocinado es una “fábula en base a una serie de testigos”. Esto es, los colaborares eficaces.
“Este proceso va a demostrar que Toledo no tuvo ninguna participación en los acuerdos colusorios, no tuvo participación como beneficiario, ni intermediario”, dijo.
La sesión continuará este martes 17 de octubre desde las 9:00 de la mañana.
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